A Llardén (y a su cómplice Soria) le sale mal la butifarra

Una expresión catalana que expresa una forma de engatusamiento o de engaño es la de «hacer una butifarra». En Cataluña, esta expresión era utilizada para recoger el miedo o el complejo de acudir a Madrid con una solicitud y volverse con la misma sin cumplir y con una impostura comparativamente con las pretensiones de partida o deseadas.

Hoy, que están tan de actualidad las suspicacias entre Cataluña y el Gobierno Central (y por qué no decirlo de una forma tan burdamente construidas), asistimos al desmoronamiento de un intento de butifarra inversa. En este caso del catalán Antonio Llardén, nombrado cuando la presencia de catalanes al frente de Industria era una pauta, hacia el actual Gobierno popular, en uno de esos movimientos que se hacen cuando uno siente la incomodidad de una provisionalidad procedente de la sensación de no pertenencia al partido actualmente en el poder. Y, todo ello, pese a que Llardén cuenta, según fuentes solventes, con una buena relación con Mariano Rajoy. El hecho es que la apariencia de bondad no es excluyente con el deseo de permanencia.

Dicha butifarra, sin necesidad de hacer grandes alardes, iría dirigida a blindar su posición como presidente del operador de transporte y gestor técnico del sistema gasista. El actual presidente de Enagás ha intentado organizar su butifarra, consistente en el fichaje como consejero delegado de Enagás de Marcelino Oreja, hombre muy cercano al «stablishment» popular e hijo del exministro Marcelino Oreja Aguirre. Incluso las informaciones difundidas por Enagás en el momento del nombramiento provocaban bochorno y sonrojo, cuando se trataba de vender un esquema de organización sajón, con la implantación de la figura del CEO, como justificación del engrosamiento de la estructura directiva de la compañía. Demasiado olor a gato encerrado.

El nombramiento, por tanto, no era inocuo. Primero, el designado no aporta una experiencia en el sector energético o gasista a la compañía. Segundo, la propia separación de actividades de la que tanto alardeaba Llardén hace poco, resultaba incoherente con esta figura. Y, además, es voz populi, que la fama que precede a Oreja al frente de FEVE no era especialmente llamativa o brillante, para considerar que era un fichaje estrella para Enagás. Quizá la sobreactuación ha pesado también en que ahora se estén buscando todas las conexiones y derivaciones que han dado lugar a este intento de operación o butifarra.

Para ello necesitaba una colaboración necesaria, a la par que ingenua. En este caso la de José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. Soria anda suelto y ha considerado que este negociado (la designación de la cúpula de Enagás, extendida hacia la tutela del operador de transporte y sistema gasista, incluyendo el pupilaje de su organigrama), le pertenecía. Pero, fruto de su intervención ha rebrotado el «tour de force» con Hacienda, titular de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con una participación relevante en el accionariado y gobierno de Enagás, haciendo valer su posición, frente a un nombramiento que no pasa por el Consejo de la SEPI.

En estos momentos es donde conviene recordar cómo Llardén, junto con el bien indemnizado Luis Atienza, consideraba a los dos operadores de transporte y sistema eléctricos y gasistas, Red Eléctrica de España y Enagás, como motores de la economía española, generadores de brotes verdes, vía inversión cuasi publica, aunque retribuidas generosamente por la tarifas de acceso y, sobredimensionadas por las estimaciones de demanda hinchadas. Así se ha llegado a que, con la caída del consumo de gas, lográramos tener déficit tarifario momentáneo en el sistema gasista.

¿Qué queda de todo esto? Probablemente, que los días de Antonio Llardén ya están contados al frente de Enagás (al parecer Hacienda ya ha pedido a la SEPI que busque sustituto). El movimiento ha sido muy torpe. Además, se reaviva la pugna Montoro-Soria, avivando el rescoldo nunca apagado de la tensión entre las dos áreas del Gobierno. Pero mucho más importante que todo eso, es que queda abierto un problema de gobernanza grave, abierto más allá de las sillas y de los ocupantes de las mismas. Y queda, tal y como se viene reclamando, que sería necesario romper los lazos entre los operadores de transporte y sistema eléctrico y gasista con el Gobierno, en la medida en que vienen condicionando la política energética, las inversiones, la planificación energética, con unas relaciones en extremo peligrosas y muy emboscadas vía el sistema de designación.

Y queda un intento de hacer una butifarra.