El butano o los problemas de una energía sin ‘glamour’

El actualmente presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero en su toma de posesión, dijo para finalizar el mismo que quería dedicar su mandato ‘a los pobres, a la gente humilde y a la paz’. Una declaración de intenciones políticas que no tiene que ver con el ejercicio de dispendio indisimuladamente electoral de estos últimos días, propulsados por el furor de la búsqueda de liquidar el déficit presupuestario a cuenta de las próximas elecciones.

Esta declaración de principios viene a cuento del butano, una energía, que fruto del proceso de modernización del país, de sustitución de viviendas por parte de las familias, de penetración y extensión de otras fuentes como el gas natural, de rehabilitación de los centros urbanos, etc…, ha quedado relegado a su utilización por las economías domésticas más humildes. Energía que nos retrotrae a otra época, a los braseros y los hornillos.

Recientemente Concepción Calzada, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo, denunciaba en una entrevista Energía Diario la falta de respuesta por parte del Ministerio de Industria a los problemas que tiene un sector como el de la distribución del gases licuados de petróleo. Una pérdida de cuota de mercado galopante, poca innovación en el producto, salvo la entrada de nuevos operadores todavía muy tímida (y muy dificultosa, dada la red que posee el operador principal, etc…) la atomización de los clientes, una regulación incompleta y anticuada han dado lugar a la progresiva y parece que inexorable desaparición de distribuidores. Desde el punto de vista de su ‘mano de obra’,

Sin embargo, el butano es una energía de un perfil muy doméstica y cuya utilización política desde el punto de vista tarifario es indudable. Como el pollo o la barra de pan (y ahora la luz), el butano ha pasado por ser uno de esos obscuros objetos del deseo, en los que la voluntad de intervención del regulador con fines políticos se hacia patente y entraba en juego: proteger a la ‘ciudadanía’ (¡que término, por Dios!) de la inflación, controlar el descontento social de usuarios y votantes y de ofrecer ‘medidas populares’. Por tanto, el precio de la bombona ha pasado a tener un uso electorales la panoplia de posibilidades de acción que tiene Industria en su mano.

Se trata, no obstante de una energía sin glamour: hoy no protagoniza las denominadas operaciones-corporativas-del-sector-energético: tampoco se le atribuyen planes especiales para su fomento o desarrollo, no hace subastas virtuales, no se introducen mecanismos ‘sofisticados’ de regulación o tiene que ver con la reducción de los gases efecto invernadero. Si eliminamos el componente social derivado del precio de la botella cada vez que se modifica (electoralismo moderado ‘ma non troppo’), vemos como no tiene una presencia en los medios, salvo en estos momentos, por su voluntarioso esfuerzo por salir del anonimato.

En cambio, lo que parecen denunciar los agentes es la falta de atención a todo ese proceso de fondo que sigue el gestor, la necesidad de completar su sistema regulatorio, de efectuar un ajuste y una reconversión del mismo, de forma que el Ministerio se involucrarse en un esfuerzo gestor, como se realiza por otras Administraciones en sectores en reconversión. Así a la pregunta desde el grupo mixto de la semana pasada sobre esta cuestión, el Ministerio de Industria, respondió lacónicamente y por escrito, señalando algo que ya estaba en marcha: que desde la Secretaria General de Energía se solicitaría un informe a la Comisión Nacional de Energía sobre los costes reales del mismo.

El problema es que en esta cuestión, la distribución del butano puede tener efectos para todas esas personas humildes protegidas de forma ‘naif’ y de corto alcance, centrada exclusivamente en la regulación periódica de sus precios, dados los problemas de fondo que ya tiene el sector y las consecuencias de futuro de su inacción. Existen riesgos de desabastecimiento, de deterioro en los servicios que necesitan estos usuarios y de que en zonas rurales y determinadas localizaciones urbanas.

Es necesario que la Administración en este caso, se implique con racionalidad en el problema, promoviendo y articulando las relaciones de los agentes que participan en todas sus dimensiones (operadores, distribuidores, sindicatos, Administraciones), en para resolver los problemas de este sector e ir más allá, con una visión de mayor alcance, que la mera intervención de los precios (en la tarifa eléctrica esto se soluciona mediante el crédito), para abordar la actualización de sus costes, de sus tarifas y que se complete y modernice su regulación, con eficiencia, con transparencia. Así, se atiende el presente y el futuro de lo que afecta a la gente humilde (y a todos).