Los eólicos dicen que ingresaron 53 millones de euros menos en enero debido a las medidas para el sector energético del Gobierno

Para la patronal eólica, esta reducción está relacionada con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2013 (por el que las primas al régimen especial se actualizan conforme al IPC subyacente a precios constantes y los productores tienen que elegir entre cobrar una tarifa fija por la producción o vender en el mercado), y de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, en la que se establecen nuevos impuestos.

La AEE, a partir de los datos de la última liquidación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señaló que la prima unitaria por kWh (el incentivo que cobra el sector para reducir la dependencia energética y las emisiones contaminantes) pasó de 4,187 céntimos de euro por kWh en enero de 2012 a 3,88 céntimos de euro en enero de 2013, lo que supone un 7,2% menos.

La patronal advirtió que las primas constatadas por la CNE sólo incluyen las medidas del real decreto, que entró en vigor en febrero «con efectos retroactivos» ypero no el impacto del impuesto a la generación del 7%, vigente desde principios de año.

La asociación estimó que la «reducción real» del incentivo, tras aplicar el gravamen, es del 21,4%, hasta situarlo en 3,292 céntimos de euro el kWh.

Reconoció que el importe total de las primas a la eólica crecieron un 62% en enero, aunque explicó que fue «como consecuencia de los fuertes vientos que soplaron sobre la Península», lo que la situó como la primera tecnología del sistema eléctrico y disparó la producción un 73%.

Pero, si se tiene en cuenta el impacto del impuesto del 7%, los incentivos de todos los parques eólicos subieron sólo el 37,9%, «muy por debajo de lo que aumentó la generación», sostuvo la AEE.

Durante el mes de enero, la eólica generó el 57% de la electricidad del régimen especial y recibió a cambio el 34% de las primas reales, señaló la AEE, antes de insistir en que las medidas del Gobierno son «retroactivas y vulneran los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima», lo que pone «en jaque» el futuro del sector.