En el reparto de las siete zonas eólicas que ha realizado el Gobierno de Cantabria, Iberdrola Renovables, en sociedad con la empresa cántabra Ocyener, ha obtenido la situada en el puerto de El Escudo, con una potencia máxima de 205 megavatios.

La Unión, un partido que cuenta con concejales en algunos ayuntamientos, ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo al concurso eólico.

La presencia de Emilio Ontiveros en el equipo de economistas que estudió las ofertas del medio centenar de grupos empresariales interesados en el concurso eólico de Cantabria fue confirmada por el propio presidente de la comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla, cuando los periodistas le preguntaron por el malestar de una de las compañías que se había quedado fuera del reparto, Gamesa.

Revilla explicó entonces que el Gobierno cántabro había aceptado el reparto propuesto por un comité de expertos del que formaban parte las Universidades de Cantabria, Valencia y Cataluña «y un equipo de economistas dirigido por el señor Ontiveros».

El presidente de La Unión, Rafael Sebrango, califica de «escandaloso» lo ocurrido y advierte al Gobierno de Cantabria de que, si no anula «inmediatamente» el concurso, algunos de sus miembros podrían incurrir en responsabilidades penales.

También denuncia que la sociedad pública regional Sodercan, que preside el consejero de Industria, participó en el concurso eólico como socia de otro de los grupos adjudicatarios en el reparto: el formado por Rianxeira y Energías de Galicia.

«Como se ve, no sólo el consejero (de Industria) es juez y parte, sino que también lo es el que dirige el grupo de expertos que asesora las adjudicaciones», ha añadido.