La CNE ve riesgos para la «competencia efectiva» en la TUR eléctrica

La presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, advirtió de que, para que exista competencia efectiva, la tarifa de último recurso (TUR) eléctrica debe tener en cuenta todos los costes de la energía y ser aplicada a menos clientes de lo previsto hasta ahora.

Durante su participación en unas jornadas sobre energía, Costa subrayó que un «diseño inadecuado» del suministro de último recurso, que ignore el grado de liberalización y la estructura del mercado español, puede convertirlo en un «obstáculo» para el desarrollo de la competencia.

Costa recordó que la adopción de esta figura aparece en la normativa europea como una opción voluntaria y reiteró la petición de que sea la CNE la que fije las tarifas.

Actualmente, las TUR, que entrarán en vigor el 1 de julio, se configuran como un modelo de precios máximos y se revisarán trimestralmente en base a una metodología que incluirá el coste de la energía, los peajes de acceso y un margen comercial.

Su finalidad es servir de refugio a los consumidores más pequeños y podrán disfrutar de ellas los consumidores con una potencia contratada inferior a los 15 kilovatios (KW), según el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Industria y que podría ser aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Según Costa, si se mantiene este límite, podrán acogerse a las TUR unos 28 millones de clientes, que representan al 88 por ciento del total y al 34 por ciento de la demanda, lo que, subrayó, va más allá del concepto de consumidores «vulnerables» y no coincide «con el criterio de consumidores doméstico y pequeña empresa que era el enfoque original de la directiva europea«.

Advirtió de que ofrecer el suministro de último recurso a un numero «excesivamente amplio» de usuarios y de forma indefinida en el tiempo puede obstaculizar la competencia, máxime si su precio no refleja todos los costes subyacentes de la electricidad, porque los ciudadanos seguirán sin tener incentivos para elegir comercializador.

Explicó que la existencia de esta modalidad obedece a la presencia de dificultades para encontrar un suministrador en determinadas circunstancias, que abarcan desde la localización geográfica hasta la consideración de que los pequeños consumidores no tienen acceso a ofertas competitivas.

Apuntó que aunque existe cierto consenso sobre la necesidad de dar protección a los usuarios de rentas más baja, mediante tarifas subvencionadas o compensaciones directas, en su opinión, ésta no debería cubrirse con las TUR, que sustituirán el actual sistema de tarifas integrales.

Respecto a la fijación del precio de suministro de último recurso, Costa señaló que el modelo diseñado por Industria establece que el coste de la energía se fije mediante un mecanismo establecido por el regulador que tenga en cuenta los precios de mercado de la electricidad.

Añadió que la definición de la TUR como precio máximo en lugar de como precio único, como defiende la CNE, podría implicar que los comercializadores de último recurso actúen de forma activa en el mercado por la posibilidad de aplicar descuentos «para retener clientes en competencia directa con otros comercializadores«.