Zapatero vuelve al voluntarismo antropológico con la energía

Se trata, por tanto y de nuevo, de no salir de un modelo de promesa más o menos inminente de mejora de la situación. En todo caso, sus efectos son relativos dado el debate sucesorio abierto en torno a su figura y la relativización de sus opiniones (al menos en el terreno económico). Parece como si hubiera entrado en una línea paralela.

De hecho, en días pasados se anunciaba la subida del IPC hasta un 3,6% en términos interanuales. También en ese momento se produjo un importante revuelo, en la medida que el repunte se achacó a la evolución de los precios de la energía. De forma más o menos virulenta, unos medios concentraban más la responsabilidad de esta subida en los carburantes o la electricidad según hacia dónde se había puesto la mirilla telescópica. Lo que es evidente es que estamos en una evolución de los precios de la energía alcistas para los consumidores, que tiene una lógica y una correlación total con lo que está produciéndose en los mercados internacionales y con los problemas aparcados, derivados de no abordar la subida de precios energéticos.

Lo cierto es que la subida de los precios de los carburantes se está produciendo de manera paulatina en convergencia con los precios del petróleo, el dólar y coste de refino, unido a otras cuestiones como los problemas y vertidos ocurridos en el Golfo de México el pasado verano, y las turbulencias políticas y geoestratégicas en Oriente Próximo. En todo caso, y aunque se estabilice este escenario político y de revueltas, los analistas internacionales prevén un escenario de crecimiento de precios del crudo relevante a medio plazo, con escenarios que alcanzan los 200 dólares, de forma que se produzca un salto desde los precios anteriores a estas turbulencias, hasta llegar al entorno de los 100 dólares, es decir, que parte de la subida de precios, ha venido para quedarse. En todo caso, el sistema de precios de los carburantes refleja casi de manera instantánea los precios en los mercados.

En el caso de la electricidad, el problema es diferente y está sometido a una presión política diferente. De hecho, sin haberse producido una subida tan ostensible como en el caso de los carburantes, el ruido mediático ha sido mucho más intenso. Hasta el momento en que se culmine el proceso de liberalización y el alza del precio de la electricidad se efectúan mediante revisiones trimestrales a través de órdenes ministeriales, en determinados foros se achaca al Gobierno la «responsabilidad» de esta subida de precios y se cargan las tintas políticas cuando se conocen estas cuestiones o aspectos relacionados en la decisión política asociada. Sin embargo, uno de los problemas es que, de acuerdo a las revisiones trimestrales, en algún caso han resultado nulas por la propia presión política, como en el caso del mes de octubre del año pasado con la famosa foto del acuerdo Montoro-Sebastián.

No obstante, sobre el precio de la electricidad confluyen dos cuestiones: por una parte, los precios comparativamente bajos en serie histórica y respecto a otros países en el mercado de generación. Eso no quiere decir que no puedan verse influidos por los precios de materias primas, gas, carbón o petróleo, pero el punto de partida es bajo y fuertemente competitivo. Y, por otra parte, hay que recordar que la subida de los precios de la electricidad integra también lo que son los costes regulados (transporte, distribución, primas y deuda pasada: déficit), cuyo crecimiento será responsable de la evolución de los precios durante este año.

Además, no hay que olvidar que existe un problema embalsado desde el momento en que sus precios solamente podían subir el IPC como máximo, con independencia de las tensiones existentes en los mercados de la energía. Se trata, como saben, del déficit tarifario fruto de haber ido postergando las subidas de la electricidad año tras año por motivos políticos. Una cuestión que si se hubiera abordado en su momento, hoy permitiría reducciones en los precios y que hay que atender en un escenario de crisis económica y tímida recuperación con fuertes amenazas. En todo caso, es una subida de precios de la energía aplazada y latente que debe ser abordada. Por tanto, el escenario es de subida de precios, pese a que las artillerías estén preparadas para dificultar estas decisiones.

Lo cierto es que después de tres años de lluvia fina, el déficit tarifario ya se ha establecido como problema político y regulatorio y, pese a los negacionistas y contrarios al mercado eléctrico, ha tomado cuerpo como cuestión ineludible que afecta a la solvencia de nuestra economía y de nuestros mercados. Siempre quedan reductos de ejercicios políticos «outsider», contrarios al mercado eléctrico o, en otra línea, de corte «peronista» y jerseys de cuello alto, para hacer valoraciones de trazo grueso sobre los resultados o los beneficios empresariales (con independencia de sus tasas de rentabilidad, de cómo se obtengan, en qué mercados o partiendo del supuesto de que los accionistas no pueden ser ciudadanos y que la inversión no puede ser retribuida).
En otro orden de cosas, los analistas señalaban que la subida de los precios de la energía no se estaba propagando al aparato productivo o al resto de ramas de actividad. Por tanto, lo que se está produciendo realmente un ajuste por parte de los consumidores (empresariales y residenciales) y la absorción de esta evolución al alza de precios energéticos.

¿Dónde está la clave desde el punto de vista de la política? En este contexto, en tener convicción y mirar a los ojos a la realidad: percibir que el fenómeno es más estructural que coyuntural, establecer una política de energética completa y entendible, que tenga un discurso coherente e integrado, desarrollar políticas de ahorro y eficiencia en serio, que partan de que los agentes económicos conozcan los precios reales y no los precios políticos. Con esas bases, el debate sobre el mix energético, sobre las primas a las renovables, la necesidad de una moratoria en este tipo de tecnologías o la energía nuclear se podrían efectuar sin trampas. Igualmente se produciría una mayor comprensión pública sobre al ahorro, la eficiencia y el papel de todos los agentes en ella. Como tampoco sería un debate tramposo el grado de alumbrado público español o el «confort» deseado por la sociedad y su forma de pagarlo. Y, en ese marco, la dosificación de medidas no parecerían ocurrencias, ni obtendrían las críticas que se han acumulado esta semana, fruto de caminar siempre entre varias aguas.