Yes, we can

Este sí sería uno de los ejemplos en que el lema de la campaña presidencial de Obama es aplicable plenamente. Ese, «Yes, we can», que hace referencia a dos cuestiones: afrontar los problemas económicos, unido a la vuelta al rigor y la seriedad como elementos que cimienten el futuro de la economía. Quede claro que, pese a las lecturas torticeras, Obama no viene en todo caso a intervenir la economía, ni a cuestionar el libre mercado. En este sentido, la aprobación del Real Decreto para la eliminación del déficit tarifario, con todas sus luces y sus sombras, ofrece distintas lecturas al respecto, así como consecuencias y aprendizajes para el futuro en términos positivos.

La primera, lógicamente, en términos de lo que los expertos en negociación señalan como “comportamientos tractales”, se refiere al contenido objetivo de la negociación: por un lado, el aval del Estado al déficit de forma que pueda ser financiado (en una fórmula muy parecida a la que se instrumentó con la moratoria nuclear), junto a una clarificación de los contenidos de la tarifa: atención por parte de los Presupuestos Generales del Estado al coste del suministro extrapeninsular.

A cambio, parece que el coste se centra en el bono social, las subvenciones al carbón y la atención a los gastos de los residuos nucleares. La primera, una cifra nada desdeñable en la medida que ya el colectivo de consumidores con una potencia inferior a 3,3 kV es alto, más de cinco millones de hogares, más aquellos otros consumidores que puedan añadirse por cumplir los requisitos que establece el Real Decreto, junto con un período de aplicación también amplío. Lo que sí es evidente es que el tiempo transcurrido ya exigía una resolución y, de hecho, parte de esa situación de nerviosismo parece que se trasmitió en los instantes finales de la negociación, cuando su acuerdo final era “despistado” (gracias a la intervención intervencionista) en el último momento y en sucesivas ocasiones, pese a las alineaciones de Industria y Economía y la resolución de los inconvenientes existentes en otras instancias ministeriales y de la Administración.

Por ello, se puede decir que los mecanismos de negociación han funcionado y que todos se han dejado pelos en la gatera, expresión que señala que en una negociación todos ceden algo (o mucho). El hecho es que la situación se había vuelto insostenible: el déficit se había instalado en los balances de las empresas por la incapacidad para gestionar su financiación (motivos políticos, más coyuntura económica) y las empresas eléctricas españolas estaban fuertemente penalizadas en la Bolsa por la inseguridad jurídica y regulatoria de esta situación embalsada.

Lo primero y más importante de todo esto es que se consiga avanzar en el proceso de liberalización y que, como está sucediendo en el caso del gas, puedan existir subidas y bajadas de precios que puedan percibir los consumidores junto con la competencia en la comercialización.

Lo segundo, es que esta actuación permita resolver la deuda pendiente, mediante mecanismos razonables y sin las alternativas que se alentaban desde los sectores más retroprogresivos (partidarios del “pío, pío que yo no he sido”) en referencia a las decisiones pasadas de no elevar las tarifas, acudiendo al mecanismo de la financiación. Llegado el momento, su posición era incluso olvidarse de esa deuda, lo cual diría poco de la confianza en este sector y en nuestra economía. Pero, a nuestro pesar y por extraño que pueda resultar, partidarios de eso existen, que quede claro. Finalmente, se ha optado por una solución excepcional pero mucho más ortodoxa.

Una tercera cuestión es el post acuerdo: la necesidad de mantener estabilidad regulatoria y seguridad jurídica en el sector energético, superando el reciente ominoso del anterior equipo del Ministerio de Industria de mal recuerdo y que tanto está costando desde el punto de vista para solucionar los problemas generados. A la par, la importante transformación en la propiedad de las empresas energéticas españolas va a impedir la facilidad con la que se habían producido las trapisondas regulatorias del pasado reciente, lo cual también debe resultar una garantía de futuro.

Por tanto, y a la vista de las condiciones del mercado eléctrico, de los acuerdos conseguidos, podemos decir que sí es posible desbloquear la liberalización pendiente e interrumpida, introducir mecanismos de competencia en el sector energético y proporcionar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en el sector energético. Se ha comprobado.

«Yes, we can».