WWF pide a Europa que favorezca una resolución de la Junta andaluza contra el almacén de gas en Doñana

Según el responsable de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, se pretende que la Unión Europea «se pronuncie y deje claro cuál es el modus operandi a seguir cuando en un caso de estas características lo que dice una administración se opone a lo que dice otra». Además, WWF insta a la Junta de Andalucía a que rechace otorgar la Autorización Ambiental Unificada, es decir, que haga una resolución «en contra, como parece que es su intención, sin tener que esperar a otros procedimientos, y que Gas Natural recurra al final si así lo cree oportuno».

Los ecologistas respaldan a la Junta de Andalucía ante las que considera como «inaceptables» reclamaciones de Gas Natural, después de que haya trascendido la petición patrimonial de la empresa energética al Ejecutivo autonómico de 358 millones de euros por la paralización de su proyecto. La Junta de Andalucía entiende que se han dividido los diversos proyectos gasísticos en varios, en lugar de evaluarlos de forma conjunta, como establece la normativa europea, incidiendo en que al ser tramitados por separado no se han analizado correctamente los peligros e impactos que pueden tener sobre los ciudadanos y los espacios naturales de Doñana.

Para WWF, la reclamación de 358 millones de euros es un inaceptable «chantaje» a la administración andaluza para que resuelva favorablemente los procedimientos pendientes. Por ello, el colectivo considera «totalmente acertada» la postura de la Junta de exigir al Gobierno una evaluación conjunta de todos los proyectos presentados. Además, le anima a continuar con su defensa del interés general, «al anteponer la seguridad de los ciudadanos ante los posibles riesgos sísmicos, no evaluados correctamente en los proyectos, y anteponer los valores y servicios ambientales de un espacio Patrimonio de la Humanidad como Doñana a los beneficios privados de Gas Natural.

Además, desde WWF recordaron que, en 2013, presentaron una queja ante la Unión Europea contra la DIA emitida por el Ministerio de Medio Ambiente que declaraba viable el proyecto Marismas Oriental, ya que entendieron que la autorización de estos permisos de investigación, explotación y almacenamiento de hidrocarburos en Doñana se había otorgado «sin evaluar adecuadamente el impacto acumulativo de los proyectos ni tener certeza de su no afección a la integridad de la red Natura 2000, vulnerando además varias directivas europeas». Al igual que en Doñana, WWF denunció la inexistencia de estudios de sismicidad del almacén de gas subterráneo Castor.