WWF denuncia que las emisiones de CO2 procedentes del sector eléctrico aumentaron más de un 50% durante el mes de enero
Según el balance eléctrico peninsular anual de 2014, la producción de energía de origen renovable en 2014 fue similar a la de 2013 por lo que, sobre 107.209 GWh, supuso un 42,8% de la producción eléctrica total incluyendo la gran hidráulica. El balance muestra una cobertura de la demanda del 22,1% con energía nuclear, seguido de un 19,7% de energía eólica, el 16,8% de generación eléctrica de centrales térmicas de carbón, el 13,9% procedente de la energía hidráulica, el 9,9% generado con cogeneración y el 8,3% generado con ciclos combinados de gas natural, según WWF.
En contraposición a los datos anuales, WWF asegura que el balance mensual de enero de 2015 muestra una cobertura de la demanda del 22,6% cubierto con energía nuclear, un 21,7% de las centrales térmicas de carbón, el 20,4% de generación eléctrica de energía eólica, el 9,8% procedente de la energía hidráulica y el 9,4% generado con ciclos combinados de gas.
En paralelo, WWF indica que el aumento de emisiones totales de CO2 coincide con el lanzamiento de la Comisión Europea de la propuesta para una Unión Energética Europea, que «perpetúa la dependencia europea del gas, el carbón y el petróleo, en lugar de priorizar el papel de las energías renovables en el mix energético«. Por ello, subraya que aunque la estrategia de la Unión Europea tiene aspectos positivos, no contribuye lo suficiente a evitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC.
La organización lamenta que en la propuesta de Unión Energética Europea, las energías renovables no tengan un papel más relevante «para garantizar la seguridad del suministro y la independencia energética así como avanzar hacia un mercado único europeo libre de emisiones». Como aspectos positivos, valora los compromisos en eficiencia energética y la modernización de las redes eléctricas. Además, señala que una de las prioridades de la Comisión Europea es buscar una unidad entre los 28 estados miembros, para atraer la inversión evitando los cambios regulatorios arbitrarios en las políticas domésticas.



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