Ayer, ya las redes sociales se hacían eco de la información aparecida en el diario Cinco Días en la que se daba cuenta de la necesidad de subir las tarifas de acceso un 25%, algo cuya repercusión en la tarifa de último recurso (el total que paga el consumidor) podría rondar entre el 10-12%, sin contar la evolución de los propios precios de la electricidad en el mercado de generación, es decir, el otro componente. Del mismo modo, ya han comenzado a aparecer informaciones que reflejan cuál ha sido la subida de los precios de la electricidad, gas y butano en 2011 (11,3%, 14,9% y 16,8%, respectivamente).

Por tanto, se trata de una campaña que siempre tiene el mismo punto de partida: la tarifa eléctrica es una decisión política y administrativa y, por tanto, requiere de una importante carga emocional para que dicha campaña surta efecto y asuste a los decisores políticos. Y en esta ocasión hay un elemento específico que hace quizá más enigmático este proceso: el cambio de gobierno, hacia un nuevo Ejecutivo que se verá obligado a hacer un ajuste severo y que se encuentra con un panorama real de “sangre, sudor y lágrimas”, cada vez más absorbido por el torbellino de la realidad y el verismo.

El nuevo ejecutivo, entre otros muchos problemas, se tiene que enfrentar al problema del déficit tarifario acumulado anterior, el titulizado y el pendiente de titulizar fruto de la últimas decisiones regulatorias (incremento de los costes regulados y absorción en el déficit de la insuficiencia de las tarifas de acceso). Y uno de los problemas clave del déficit tarifario es que cada Gobierno ha tenido una capacidad de endoso sobre el anterior y ha permitido una cierta sensación de irresponsabilidad y de impunidad. Capacidad que está lógicamente limitada en el tiempo y que no puede ser infinita. De hecho, se puede afirma, casi sin temor a equivocarnos, que estamos en el principio del fin de este problema, por una vía o por otra. Y, cada uno de los gobiernos que ha ido alimentado el déficit tarifario ha ido inflando, sobre la base de la inseguridad política, una deuda a futuro que siempre se salda con costes.

En eso, la situación recibida por el nuevo ejecutivo de embalsamiento en los costes de la energía, se parece mucho, por mor de la acción política, a la heredada del franquismo. El ‘schock energético fue ralentizado también por cuestiones políticas. En todo caso, parece que no aprendimos la enseñanza de que cualquier decisión de corto plazo (no asumir o absorber los costes y la realidad) se transforma en el largo plazo. Lo único bueno es que el largo plazo no vota.

De facto, desde la política española se han tomado decisiones de endeudamiento a largo plazo para pagar un suministro corriente incapaz de llevar una política de precios energéticos próxima a la realidad de los mercados y del resto de decisiones que conforman el coste del suministro para los consumidores. Además, el problema es público, conocido, notorio e internacional tanto por los analistas y como por el mundo financiero, por lo cual hay que tentarse la ropa ante una decisión creativa.

El déficit tarifario es un problema en sí. Si se aplaza, se incurre adicionalmente en el coste financiero de su financiación. Si se efectúan chapuzas regulatorias, se incurre en el riesgo de la judicialización de un sector de la economía. Si se efectúan propuestas delirantes como las que se sugieren desde sectores intervencionistas y retroprogresivos, que azuzan a la política (con sus miedos y sus partidismos) a promover soluciones del tipo ‘quita’, esto afectará a la inversión futura, a la solvencia como país y a todo lo que lo conforma, como la estabilidad jurídica y regulatoria de nuestra economía.

Hay que enmarcar también esta campaña alrededor de las tarifas en la clave política de la dualidad de las relaciones PSOE-PP en el cambio de ejecutivo. Mientras el Gobierno, con Zapatero al frente, está haciendo una transición modélica, el aparato del Partido Socialista está pidiendo que al Partido Popular se le apliquen los primeros costes políticos con extrema urgencia: la devolución de la Ley Sinde, como uno de los ejemplos. El coste político de la decisión de la subida de tarifas debe ser aplicado en las carnes populares, esa es la otra teoría. Y, lógicamente, el Partido Popular, entre ajeno y sobrecogido por el escenario, se resiste a este nuevo foco. De esta forma, casi abocados a un primer Real Decreto Ley que contemple una reforma laboral más dura (y no de opereta), un ajuste presupuestario severo, se le añadiría una subida de tarifas eléctricas para el recuerdo, en la medida que acumula varios años anteriores de decisiones públicas. Los votantes no tienen memoria, el consumidor cuando recibe la factura no comprende el pasado por su memoria de pez, y existe un aprovechamiento de la sociedad líquida y de la dictadura de las hordas de la república independiente de Facebook y Twitter.

Por tanto, no es que vuelva la tarifa como problema una vez cada tres meses: es que, como no se ha ido, se han aplazado decisiones. El déficit tarifario está ahí detrás de la puerta y mientras no se aborde su desvinculación del proceso político, siempre estará presente. Lo que pasa es que ahora cobra mayor carga emotiva para el gobernante que está en la antesala de su toma de posición. Y siente el sudor frío de lo que viene.