Veinte asociaciones instan a bajar la potencia de luz en protesta por la reforma energética y poder ahorrar entre 52 y 156 euros al año

Las entidades promotoras de esta iniciativa compartieron su preocupación ante el paquete de medidas que constituyen esa reforma energética porque consideraron que las nuevas tarifas eléctricas aumentarán la parte fija de la factura, es decir, la que no depende del consumo del usuario.

A través de la web «www.bajatelapotencia.org«, las personas interesadas pueden encontrar consejos de cómo reducir la potencia contratada, con teléfonos gratuitos para llamar a alguna de las cinco grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON Energía) y unirse a la campaña para mostrar su rechazo a la reforma energética.

Para realización este cambio no es necesario adscribirse a la web, sino pedirlo a la comercializadora de luz. El cambio de potencia suele costar 10,9 euros y la empresa está obligada a realizarlo en quince días, previa instalación de un controlador de potencia. Si no lo hace, debe indemnizar al consumidor con 30 euros.

La web de la plataforma explica cuánto se puede bajar la potencia en función de los aparatos que se usen, y cómo hacerlo. La plataforma calculó que la suma de todas las potencias contratadas por los consumidores en España es de 150.000 megavatios (MW), cuando la demanda punta no alcanza ahora los 40.000 MW.

Estos 110.000 MW de potencia de los que no se hace uso los pagan los consumidores, y dedican a ello unos 3.500 millones de euros adicionales que, según la plataforma, acaban convertidos en ingresos de las eléctricas y del Estado, sin revertir en los hogares.

Las organizaciones que crearon «Bájate la potencia» denunciaron que el Gobierno no tuvo en cuenta que la potencia contratada en muchos domicilios es mayor de la necesaria, por lo que los ciudadanos que quieran pagar menos pueden hacerlo simplemente revisando su factura y bajando la potencia contratada para adecuarla a sus necesidades reales de consumo.

Teniendo en cuenta que el consumo de un hogar promedio al año en España, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es de 3.487 kilovatios por hora (kWh), el ahorro por año de una familia en la Tarifa de Último Recurso por bajarse un tramo de potencia sería de 52,14 euros, por bajarse dos 104,29 euros, y tres sería de 156,43 euros.

La plataforma denunció que las eléctricas «tienden a sobredimensionar las necesidades de los consumidores», de modo que cuando se contrata la luz acaban asignándole la máxima que admite la instalación, aunque luego no se use.

Durante la presentación de la iniciativa, el responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Julio Barea, afirmó que «nadie se libra de la reforma energética» y subrayó que la reforma energética está pensada «a favor de cinco grandes empresas eléctricas y en contra de la sociedad española en su conjunto».

«Si nunca te saltan los plomos, tendrás seguramente margen para bajarte la potencia», afirmó Barea.

Por su parte, el presidente de Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, aseguró que el sistema eléctrico español «está mal diseñado» porque favorece que las grandes compañías obtengan «beneficios monstruosos», en perjuicio de los consumidores, «afectados por una subida constante».

Con la reforma seremos el país con la luz más cara y el único que debe a las eléctricas 30.000 millones de euros, mientras el Gobierno identifica a las renovables como las culpables». Por ello, apeló al «sinsentido» del exceso de potencia contratada y de que por ello se pague «infinitamente más».

Asimismo, Facua-Consumidores en Acción instó a los usuarios a reducir la potencia eléctrica contratada para mostrar así un «mensaje de rechazo» frente a la reforma eléctrica del Gobierno, que sólo pretende «aumentar los ingresos de las compañías» y está «en contra del ahorro y de la eficiencia energética».

El presidente de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), Francisco Valverde, lamentó que la factura de la luz haya subido en los últimos años en un 63% para los consumidores domésticos, y lo ha hecho «de forma brutal» entre las pymes o las empresas conectadas en alta tensión, donde los incrementos oscilan entre el 113% y el 145%.

El responsable de Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), Francisco Caño, señaló que «la liberalización de la energía es una escusa» porque, a su juicio, «ha ido aplastando a las pequeñas productoras de energías renovables», mientras «las compañías eléctricas van a seguir aumentando sus beneficios de manera indiscriminada». Además, afirmó que «el ciudadano tiene derecho a estar informado de estas cuestiones» y que el aumento de la potencia fija «es un atraco a mano armada» que conduce a «un mayor empobrecimiento».

El presidente de Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece), Adrián Sánchez, denunció que la reforma energética impulsada por el Gobierno creará «más inseguridad jurídica» para los consumidores y lamentó que no cumpla las directivas sobre eficiencia en edificación.

El portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, José Vicente Barcia, indicó que «estamos viviendo una situación de emergencia en tanto en cuanto las eléctricas vienen ganando unos 6.000 millones de euros anuales cuando la factura de la luz ha crecido». «La pobreza energética es cada vez mayor», agregó, puesto que «más de dos millones de familias este invierno no podrán encender la calefacción».

Entre estas entidades impulsoras de «Bájate la potencia» hay organizaciones ecologistas (Fundación Desarrollo Sostenible, Greenpeace, Grupo Ecologista Mediterráneo, SEO/BirdLife y WWF), de consumidores (FACUA-Consumidores en Acción y UCE Asturias) y de sectores como el agrícola (COAG), el vecinal (FRAVM), la cooperación al desarrollo (Oxfam Intermón) y la responsabilidad social corporativa (Observatorio RSC).

El sector energético también participa en esta iniciativa, representado por Agaen (Clúster Gallego de Autoconsumo Energético), ANAE (Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética), Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), Asece (Asociación Española para la Calidad en la Edificación), Ecoserveis, Eurosolar (Asociación Europea por las Energías Renovables), Fundación Renovables, Intiam Ruai y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.