Varias comunidades autónomas pedirán al Gobierno que implante una factura eléctrica simplificada

Así lo indicó la directora xeral de Comercio, Nava Castro, y la gerente del Instituto Galego de Consumo, María Jesús Muñoz Chesa, en una rueda de prensa en la que hicieron balance del programa «Belenus», para asesorar a los consumidores. Desde abril se realizaron 143 visitas –a todos los puntos de atención de las empresas en Galicia– y se abrieron 23 expedientes sancionadores, que suponen multas de 64.000 euros.

Los principales motivos para iniciar el proceso de sanción son, según los datos aportados por Muñoz Chesa, obstruir la labor de inspección, hacer cortes de suministro –por falta de pago de facturas– sin hacer antes una notificación, no facturar en algún mes y acumular varias cuotas en una sola factura, retrasar los enganches, tardar en hacer cambios de tarifa o practicar modificaciones de contratos y hacer publicidad engañosa.

En este sentido, la responsable del Instituto de Consumo, citó un caso «sangrante» de una mujer que percibe una pensión mínima y, por no facturar debidamente, la empresa envió una factura de más de 500 euros.

Además, apuntó que hasta agosto se registraron 1.104 reclamaciones y 2.764 consultas relacionadas con la factura eléctrica. En cualquier caso, indicó que si bien cuando una compañía es mayoritaria tiende a registrar «más problemas», las quejas no se refieren a una única empresa.

Así, dentro del programa de asesoramiento a los consumidores, la Comunidad gallega elaboró el primer protocolo de España de inspección al sector, por el que se interesaron otras autonomías, explicó Nava Castro. No es el único punto en común con otras comunidades, dado que «la mayoría» manifestaron su apoyo a una iniciativa de la Xunta para que el Estado implante un modelo de factura única y simple en todo el territorio español.

El objetivo, dijo la directora xeral de Comercio y presidenta del Instituto Galego de Consumo, es «eliminar la opacidad de las facturas». Este viernes está prevista una reunión en Santiago para que las comunidades que están de acuerdo dirijan la propuesta al Gobierno central.

Por el momento, el ministerio «no es sensible» a las peticiones formuladas en este sentido, dado que no convocó la mesa sectorial de consumo –en este caso competencia de Sanidad–, motivo por el que las comunidades trasladarán el acuerdo que prevén cerrar el viernes. Éste es un ámbito en el que trabajarán cambie o no el Gobierno el 20 de noviembre, apuntó Castro.

Asimismo, Muñoz Chesa indicó que se produjo una reunión con empresas del sector, a las que presentaron también este modelo simplificado de factura, y mostraron «una actitud muy positiva». En cualquier caso, será necesario modificar la normativa estatal, que con la liberalización introdujo «confusión e inseguridad», para cambiar estos documentos.

La gerente del Instituto Galego de Consumo animó a recurrir a los mecanismos de mediación y arbitraje para resolver los conflictos, pues son «los mejores mecanismos» para ello.

En este sentido, se felicitó porque Iberdrola, una de las mayores eléctricas, solicitó su adhesión al arbitraje de consumo. El de la energía, indicó, es un sector «reacio» a este tipo de sistemas.