Valor, costes o precios

La semana pasada en su columna habitual en el diario Cinco Días, Miguel Ángel Aguilar, periodista de raza y maestro en la profesión, volvía a tratar uno de sus temas más recurrentes en ese rotativo: la presunta diferencia entre costes y precios en el mercado de generación de electricidad. Aguilar partía de Machado para señalar la necedad de confundir valor y precio, para incurrir en otra que es confundir precio con coste, de forma que lo que deben fijarse son precios correlacionados con los costes, surtidor inagotable de la grave carencia en materia de cultura económica que arrastra nuestro país y en el que arraigan argumentos de otra época, de otro momento y de otro lugar. Aguilar recibe “informaciones” con poco filtro y con poco equilibrio y eso se traslada a la construcción de su opinión, incluso con la forma de repetir los argumentos, que en algunos casos es hasta ciertamente mecánica y ajena a su propio lenguaje. Lo que seguramente conoce menos, son las consecuencias de lo contrario del modelo que tenemos actualmente, el mercado, dado que lo dibuja como modernez insoportable, siendo como es, un hombre progresista y que reconoce la evolución social de nuestro país. Y, han sido los mercados y la competencia los que han desarrollado una economía moderna.

La teoría es sencilla, en el mercado de la electricidad se fija un precio único del kilowatio, y ese kilowatio producido “produce” mayores diferencias dependiendo de la tecnología que lo produzca. Contra esas diferencias se muestra Aguilar y las señala como causantes del déficit tarifario, así como peso muerto para resolverlo. Al menos, después de un tiempo, hemos avanzado y se habla de déficit tarifario con conocimiento y con una cierta visión común de lo que es, aunque no de su causa o de la forma de resolverlo.

En todo ello, como sustrato ideológico, un informe que el Consejo de la CNE aprobó de forma irregular (el anterior director de Regulación incorporó el contenido de un informe elaborado por un consejero concreto, Jorge Fabra, con datos que obviaban hasta la propia contabilidad de las empresas) forzando hasta obtener grandes diferencias entre dos tecnologías: la nuclear y la hidráulica y cuestionar el propio mercado. Este mismo “informe” (que podría ser una Teoría sobre la Justicia Distributiva de las instalaciones de generación energética y de sus kilowatios, si nos ponemos), ha servido de ariete también contra las energías renovables. Se trataba de volver a modelos que tanto nos recuerdan al pasado franquista, en que se intervenía todo y existía un sentido de justicia falangista, que tanto ha hecho para que los españoles confundan socialismo con nacionalcatolicismo, y por supuesto, no reconozcan ni el funcionamiento de un mercado, ni en pintura. Dios, patria, pan, justicia y nobles próceres que fijen la retribución de los humanos dedicados a las actividades empresariales. Anhelo de empresa pública, chóferes, ordenanzas. Lo moderno no es el mercado, es por tanto, el extinto INI.

Evidentemente en todos los sectores, con sus distintas empresas, cada tecnología tiene costes diferentes (coincidan o no con los calculados mediante metodologías puramente académicas y torticeras). El eléctrico no es diferente. Y, lo que es más evidente es que nadie acude a un mercado a preguntar cuándo le venden un producto o un servicio en concreto, que cuánto le cuesta. Pruébenlo a ver si sale. Y, cuando ha pasado, se ha utilizado para que las empresas tendieran a aumentar sus costes para que les dieran una mayor retribución. El monopolio, siempre es más caro que el mercado para el consumidor. Es decir no había incentivo, ni a la inversión ni a la eficiencia. Eso sí que es “plusvalía”. Seguramente, Aguilar se quedaría sorprendido de lo que “cuesta” un SMS a una operadora de telefonía con respecto a su precio final, contra los que no mantiene paradójicamente una cruzada tan frontal. Es decir este debate es artificial y “provocado” desde instancias colindantes con las teorías retroprogresivas que alimentan el susodicho Informe.

Y también cada tecnología en la generación eléctrica tiene funciones diferentes, aunque parece en teoría comparable el precio de un kilowatio nuclear con uno hidráulico, o con uno obtenido en una central de carbón, lo cierto es que una central hidráulica se usa muchas menos horas al año porque es un tipo de tecnología que se utiliza para lo que son momentos “punta”. Y otras tecnologías son la base que mantiene el sistema eléctrico en términos de producción. Quiere decirse que, dado que todas las empresas tienen sus propios activos de generación, su resultado también es “medio” y que todas combinan sus distintos activos, por lo que los resultados deben ser conjuntos de las empresas y para nuestro mercado, el español.

Para ilustrar estos argumentos se señala que no se pueden construir nuevas centrales hidráulicas o nucleares, aunque otro fenómeno mediante el cual se suprimen esas barreras de entrada es la adquisición de empresas y activos, si están lo suficientemente bien valorados. Además, en un contexto como el Mercado Ibérico de la Electricidad, nuestro vecino luso está construyendo nuevas centrales hidráulicas a las que nuestras empresas aspiran. Por tanto, los argumentos simplistas y “justicialistas” a la forma de un peronismo energético, tienen poca sostenibilidad y poca resistencia para una discusión más o menos seria.

El segundo “argumento” blandido, esgrimido, en esta, eso sí, vehemente columna es que no se puede resolver el déficit tarifario desde los precios. Algo que es radicalmente falso. En paralelo, porque la causa real del déficit es la incapacidad política continuada para adecuar los precios de la energía a los ciudadanos y hacerles pensar que son venezolanos y que pueden gastar sin tasa. Por eso esa sorpresa con la labor didáctica que trata el Ministro de impulsar con el ahorro (cuestión cierta aunque insuficiente, son los precios los que moderan el consumo). Hay formas en el corto plazo y en el largo plazo: en el corto plazo, que las tarifas se ajusten al precio de mercado. En el largo plazo, que haya capacidad instalada excedente y tecnologías eficientes compitiendo entre sí. Pero claro, hay que competir. ¿Quién proporciona estos argumentos “tan sólidos” a los medios de comunicación, contribuyendo a boicotear las políticas de ahorro y eficiencia energética?

Un mensaje que no podría ir más allá de una cierta ‘boutade’ intelectual más o menos izquierdista/izquierdoide y más o menos, contraria al mercado, consecuencia de una aplicación de la teoría marxista de la plusvalía aunque sea por instalación, versión peculiar. Pero sucede que, obviamente, esta opinión no es inocente, en el momento en que se está negociando cómo acabar con el déficit tarifario, figura resultante de la diferencia entre la tarifa cobrada a los usuarios y la tarifa que realmente saldría de calcular todos los costes y precios que se deben incorporar, sin «ajuste político». Por eso, habrá que preguntarse quién y cómo está empeñado en aportar estos argumentos, sin su contraparte, sin su correlato en los efectos en el medio plazo de fomento de la inversión o de fomento de la competencia hacia empresas e instalaciones más eficientes. Así se han incorporado más de 23.000 GW en pocos años, gracias al mercado, saliendo de una situación de regulación basada en costes reconocidos.

La ortodoxia en garantizar en el sector eléctrico que estamos ante un mercado ha desatado una fuerte reacción entre los retroprogresivos (colectivo de ‘intelectuales’ defensores de la vuelta a una especie de Marco Legal Estable de precios regulados por tecnología y costes) contra el actual Ministro de Industria (cuyas ocurrencias en determinados momentos a la hora de tratar las cuestiones más serias le pueden pasar factura), y probablemente, contra la Unión Europea que promueve la liberalización de los mercados de la energía y, siguiendo ese camino, contra la caída del muro de Berlín y el resto de instituciones económicas internacionales. Y, contra el mundo, y contra Obama que, cree en los mercados y en la buena regulación, ahora que en tiempos de crisis, la necesidad de buena regulación se confunde con una rapiña intervencionista, más Estado como sea, que admite pocos matices a la hora de volver al gasto público (productivo o no), a las empresas públicas y denostar la iniciativa privada y el mercado per se, por la vía de volver a un modelo de sucursalismo político de las empresas y no de libertad, bien entendida, gestionada y bien regulada. No amaestrada.

Hoy en el mismo medio, se habla de lo que ha sido una constante en el sector en los ultimos años. El riesgo regulatorio. Continuará.