UPyD pide la retirada de la nueva ley eléctrica y reclama auditorías y más liberalización del mercado

En la enmienda a la totalidad, la formación política también pidió una «reforma en profundidad» de la normativa eléctrica para restaurar la seguridad jurídica y volver a atraer inversiones.

Junto a esto, exigió un impulso a la innovación, la eficiencia y el ahorro energético, así como la mejora de las interconexiones eléctricas y la elaboración de un Plan Energético Nacional a largo plazo.

La nueva ley, que se debatirá en el Pleno del Congreso el próximo jueves y cuyo plazo para presentar enmiendas parciales acabará el martes 29 de octubre, va a juicio de UPyD en contra de lo que necesita el sistema eléctrico y «profundiza» en las medidas ya adoptadas por el Gobierno, que han acabado por «trasladar a los consumidores» el esfuerzo por mitigar el déficit de tarifa.

El proyecto de ley, aseguró, «introduce un conjunto de conceptos de muy dudosa validez», entre ellos los de «desajuste» o «rentabilidad razonable», al tiempo que adolece de un «conservadurismo» encaminado a «preservar el viejo modelo de connivencia entre empresas y élites políticas, conocido como ‘puerta giratoria'».

UPyD también lamentó que la ley eléctrica no sea fruto de una estrategia a largo plazo protegida en la medida de lo posible de cambios políticos coyunturales y de la alternancia de gobiernos, que dio origen a una «pésima política energética» basada en «intereses parciales».

Junto a esto, denunció el «inexplicable maltrato» al autoconsumo de electricidad, que entra en «contradicción» con el potencial del país en recursos solares y con el desarrollo e innovación de la industria nacional.

En todo caso, UPyD también aludió en su enmienda a la «política fiscal irresponsable de primas a las energías renovables, particularmente a las solares, que ascendieron a una cifra muy superior a la prevista por el atractivo de sus grandes ventajas fiscales, con un elevado costo para las cuentas públicas y la factura energética».

Además, sostuvo que el déficit de tarifa tiene un origen político y es una mezcla de «populismo y oligopolio», y lamentó que sean los contribuyentes y consumidores los que «acabarán financiando» la deuda eléctrica, ya sea vía impuestos o a través de la tarifa de la luz.

«Las empresas eléctricas reciben el insólito privilegio, prohibido al común de las empresas y de los mortales, de trasladar a la deuda pública las consecuencias de inversiones fallidas, decisiones políticas equivocadas o efectos negativos de la crisis económica», señaló.