Unesa señaló que las últimas medidas del Gobierno se adoptan en una situación «límite para la economía española» y señaló que el Tribunal Supremo, en diferentes sentencias, avaló la necesidad de que «las subvenciones que reciben estas energías, como cualquier otra actividad regulada, se adecúen a las circunstancias de la economía que concede dichas subvenciones».

Pese a estas resoluciones, las tarifas que perciben estas instalaciones solares «aún no se han visto modificadas», al tiempo que «las compañías que actúan en el libre mercado están sometidas a las vicisitudes del mismo».

Unesa reaccionó de esta forma a las declaraciones realizadas por las asociaciones de renovables APPA, de termosolar Protermosolar y de fotovoltaica UNEF y Anpier, así como por las secciones de eólica y biomasa de la primera, que apuntaron que a la hora de ajustar costes, «solo se estudian las alternativas que vienen desde Unesa», en perjuicio de sus sectores.

La patronal eléctrica destacó que las cuatro asociaciones son las que representan al sector solar y discrepó de las declaraciones en las que dijeron que el déficit de tarifa no es más que «un problema puntual, que se ha generado en pocos años».

El déficit de tarifa, replicó Unesa, es «uno de los principales problemas que tiene la economía española» y consiste en una deuda que a día de hoy asciende a 30.000 millones de euros y que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes.

«Hasta ahora, los únicos que han financiado esa deuda, cargándola sobre sus propios balances, han sido las empresas de Unesa», pese a que este desajuste «se genera principalmente por las primas que cobran las energías solares a través de la factura eléctrica», afirmó. Las primas del régimen especial rondaron los 8.500 millones de euros en 2012.

Junto a esto, argumentó que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa recayeron principalmente sobre las compañías asociadas en Unesa, y citó para ilustrarlo el real decreto ley 13/2012, que supuso un recorte a la distribución, a los pagos por capacidad, a las centrales obligadas a quemar carbón nacional y a la generación extrapeninsular de cerca de 1.000 millones de euros.

Además, el real decreto ley 20/2012 redujo en 100 millones de euros adicionales la retribución de las grandes eléctricas por varios conceptos a las mismas compañías, mientras que la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética estableció una serie de tasas a la generación eléctrica en las que las tecnologías «tradicionales» quedan doblemente gravadas.

Estas medidas, junto al resto de las adoptadas, suponen un impacto económico anual para las empresas de alrededor de 3.200 millones de euros, afirmó Unesa.

La asociación también señaló que las medidas anunciadas el viernes pasado «afectan a todos los costes regulados en general», al tiempo que «se racionaliza el acceso a las primas del régimen especial, o bien a tarifa, o bien a mercado sin prima, evitando un arbitraje que penaliza a la tarifa y, por tanto, a los consumidores».

El nuevo real decreto ley «hace que no solo las tecnologías «tradicionales» tengan que soportar la imprescindible reducción del déficit de tarifa», aseguró la asociación.