Unesa estima un recorte para 2013 de hasta 4.000 millones por los impuestos y la reforma energética

Durante su participación en unas XI Encuentro del Sector Eléctrico organizado por Unidad Editorial, Montes criticó el «desequilibrio y falta de equidad» con los que, a su juicio, se realizó el reparto de la carga de la reforma energética.

Montes especificó que en los últimos siete años las eléctricas «hemos puesto 16.299 millones de euros» y estimó una facturación de 30.000 millones de euros. Por ello, el presidente afirmó que han hecho un «esfuerzo suficiente», como para salir ahora «perdedores» con la reforma.

También añadió que la Administración no controló el crecimiento de determinadas tecnologías, como la termosolar o la fotovoltaica, que en sus inicios eran «inmaduras», lo que «ha llevado a sobrecostes de 2.000 millones anuales».

«Los consumidores van a pagar 500 millones de euros menos en 2013 que en 2012, y en 2014 van a pagar lo mismo que en 2012», aseguró sin detallar el origen del cálculo. «No parece que se haya dado ahí un salto al respecto», apuntó.

Después recordó que «el Estado no va a asumir todo lo que dice la Ley». «Lo que sí es verdad son los 2.700 millones de euros» de recortes a las empresas, añadió. La reforma, entre otras medidas, establece una rentabilidad del 6,5% para la actividad de distribución, así como recortes en determinados pagos regulados que reciben las eléctricas.

Montes también criticó la falta de negociación entre el Gobierno y el sector y dijo que se podría haber hecho algo «más acordado» y «menos traumático».

Asimismo, aseguró no estar de acuerdo con la complejidad de las normas aprobadas y la premura con la que las empresas deben presentar sus alegaciones ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Hay «muchas normas en poquísimo tiempo y muchas incertidumbres», afirmó.

«No sabemos exactamente en qué consiste la ley. Nos han dado un tocho de 300 ó 400 páginas para hacer alegaciones en diez días. No existe ninguna posibilidad de tener claridad sobre el revés que va a significar para nosotros», afirmó antes de decir que «nos estamos jugando el futuro del sector».

«El sector está muy decepcionado y frustrado» ante una reforma que no solo es «muy difícilmente entendible y explicable para los accionistas de las compañías», sino que también consiste en «una serie de recortes» sin consistir en «una reforma en profundidad».

Montes también respondió al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien aludió en las mismas jornadas al riesgo existente de quiebra por la titulización del déficit de tarifa, contra el que actúa la reforma.

El presidente de Unesa replicó que el déficit de tarifa «no se debe» a las eléctricas y consideró que la reforma no hace que estas empresas lo financien, sino que lo «paguen». «Con estos recortes fantásticos y enormes» consiguen que «la mejor manera de financiar una deuda sea haciéndosela pagar» a las empresas, señaló.

Junto a esto, dijo no entender la «inquina» que, a su juicio, existe contra las eléctricas, a pesar del «espléndido servicio» que han ofrecido durante muchos años, tras apuntar a las renovables «menos maduras» en el origen del déficit de tarifa y a la necesidad de trasladar a los consumidores los costes de una política energética determinada. A las eléctricas «se les detraen recursos uno detrás de otros», dijo.

Las eléctricas deben ser consideradas parte del tejido industrial por ser un sector «competitivo» y «clave» para la economía, después de haber canalizado el 20% de las inversiones industriales de los cinco últimos años, o unos 23.000 millones de euros y que da empleo a 190.00 personas, añadió el presidente de Unesa.

Montes argumentó que tras la aprobación de la reforma, a las empresas eléctricas se les bajó el rating, por lo que les es «complicadísimo» financiarse pese a ser compañías «espléndidas». A ello se suma la bajada en las cotizaciones bursátiles de estas eléctricas, por lo que estimó que «esto es una pérdida de miles de millones de euros de manera absolutamente arbitraria».

El Gobierno emprendió una reforma eléctrica para que deje de generarse déficit de tarifa, el desfase que se produce al ser los ingresos vía recibo eléctrico insuficientes para cubrir los costes del sistema, una deuda que suma 26.000 millones de euros.