Unesa duda de que el sistema de precios de la luz sea legal y Soria lo niega aunque ve «razonable» su queja

En las alegaciones presentadas a esta norma ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Unesa manifestó que «creemos que el método propuesto, independientemente de la valoración que pueda merecer el esquema concreto, va a destruir la escasa confianza de los clientes en el mercado eléctrico provocando que se culpe del previsible caos resultante a la supuesta liberalización».

En sus alegaciones, la asociación advirtió de lo «imprevisto» y «complejo» del nuevo mecanismo, para el que las eléctricas apenas tendrán tiempo de adaptación. Su aplicación puede provocar la misma «controversia» que en su momento generó la facturación mensual a partir de lecturas estimadas, afirmó.

En este sentido, criticó el «plazo insuficiente» de un mes para adaptar los sistemas de facturación. «Dicho plazo es absolutamente insuficiente para acometer con un mínimo éxito la reforma de los sistemas de los comercializadores, dada la enorme trascendencia y complejidad que se deriva de la propuesta, por lo que consideramos absolutamente necesario el establecimiento de mecanismos provisionales«, afirmó.

De hecho, Unesa recordó que cambios anteriores como la desaparición de la tarifa integral en 2009, que eran «mucho más sencillos», requirieron un periodo de adaptación que superó el año.

Facturar a los clientes conforme al precio «spot» del mercado entraña una «enorme complejidad» y tendrá «un impacto imprevisible en los clientes, dada la volatilidad de precio al que pueden verse sometidos, con el consiguiente alto riesgo de reacciones en contra, como ya ocurrió en el pasado con otras modificaciones como la facturación mensual», señaló.

En el caso de la factura mensual, el cambio era «mucho menor», si bien «la aplicación de unos procedimientos de estimación no armonizados creó una gran alarma social de la que se derivó un importante número de reclamaciones por parte de los consumidores colapsando los sistemas de atención de las compañías y dando lugar a que la mayoría de las Comunidades Autónomas abrieran numerosos expedientes sancionadores».

En cuanto a la legalidad de la norma, expresó sus «serias dudas». La norma podría vulnerar la Ley del Sector Eléctrico, que establece que la electricidad debe suministrarse «a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios». «Es evidente que este no va a ser el caso, pues los consumidores no van a conocer de antemano el precio al que se le va a suministrar», señaló.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios indica además que, antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma «clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato», según recordó.

En cuanto a la obligación de los comercializadores de presentar una oferta para el conjunto del año, Unesa consideró que «distorsiona el mercado al poner en competencia entre sí a los comercializadores de referencia, lo que puede suponer una injerencia en la comercialización libre» y resultar «incompatible con el esquema recogido en la nueva Ley del Sector Eléctrico que acaba de aprobarse.

La asociación también estimó «discriminatoria» la lista de comercializadores de referencia incluidos en el borrador de norma de Industria, al tiempo que calificó de «insuficiente» el margen comercial de 4 euros por kilovatio (kW) ofrecido.

En sus alegaciones, también lamentó que «un tema de tanta trascendencia» como el sistema de revisión de precios eléctricos de los consumidores domésticos, se presente en un borrador normativo marcado por la «total ausencia de consulta con el sector».

Unesa advirtió de la «enorme complejidad técnica» alrededor del mecanismo para los contadores inteligentes, lo que, «unido a la falta de procedimientos de intercambio de información entre distribuidores», complicará los procesos de facturación a consumidores.

Soria defiende la legalidad del nuevo modelo de tarifa eléctrica

Por su parte, y en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, después de asistir a la sesión de control al Gobierno que se celebró en la Cámara Alta, Soria defendió que el nuevo modelo de tarifa eléctrica es «absolutamente legal» y resaltó que es también «más transparente y va a ahorrar al consumidor al menos el coste de la intermediación financiera que suponía hasta ahora la subasta».

En este sentido, y ante las críticas de las compañías eléctricas y de los consumidores, el ministro manifestó «que las compañías eléctricas se quejen es hasta razonable, desde la óptica del interés privado que representan, pero entenderán las eléctricas que el Gobierno no está para defender un interés particular y privado, sino para defender un interés general. Que ese interés general coincide con el de las eléctricas, muy bien, pero si no coincide el Gobierno va a defender a los consumidores y el interés general».

Además, Soria recordó a las eléctricas que «participaban» en las subastas y que «ha supuesto a lo largo de los últimos cuatro años 1.100 millones de euros que han cobrado algunas compañías y que hemos pagado los consumidores».

En relación a las críticas de los consumidores, el titular de Energía explicó que «sólo es comprensible porque no entiendan exactamente cuál es el nuevo sistema», pese a que es «muy sencillo». A este respecto, insistió en que el Gobierno va a seguir esforzándose «por explicarlo». Además, Soria reconoció que el Ministerio «estudia fórmulas para incrementar la presencia de esos contadores inteligentes» que, a día de hoy, son siete millones.

Soria recordó que «aproximadamente 16,5 millones de consumidores» ya están «en el precio voluntario al pequeño consumidor» y recalcó que, quienes no tengan contador inteligente «van a pagar el precio de mercado promediado durante el periodo al que se refiera la factura». El ministro apuntó a que la factura también va a cambiar. «Va a variar y va a ser mucho más legible y entendible de lo que es ahora», aseguró.

Soria explicó que cada consumidor va a tener tres opciones de pago. La primera de ellas es «la que hasta ahora tenía», por la que el consumidor contrata «un determinado tipo de contrato» con cualquiera de las compañías eléctricas. La segunda modalidad pasa porque se acoja al contrato estándar que el Gobierno va a «exigir a las eléctricas que tengan para ofrecer a todos los consumidores».

La tercera alternativa pasa porque «cada consumidor pague lo que cuesta la electricidad exactamente». «En algunos meses será más cara y en otros meses será más barata. Tendremos que promediar cuál ha sido el resultado en la factura», insistió el titular de Energía.