Una sentencia oportuna y de gran importancia

La sentencia del Tribunal Supremo, congelando el ‘enjuague’ efectuado en la revisión de la tarifa eléctrica del mes de octubre de 2011, proporciona un cierto sentido de realidad a los procesos escapistas en que se han movido las últimas ‘no revisiones’ de la tarifa eléctrica, como decisiones del Ejecutivo o del Ejecutivo con la aquiescencia de los populares (caso del acuerdo del pasado verano con Sebastián y Montoro en su presentación). De hecho, parece que acaba de reeditarse dicho acuerdo, a la búlgara, de cara al primer trimestre de 2012 en el que se plantea una congelación de tarifas.

En todo caso, la sentencia, además de muy oportuna, tiene un valor referencial que estrecha el cerco para que el nuevo Ejecutivo continúe con una política que, en primer lugar, vulnera la legalidad vigente (española y europea) y que, seguidamente, esconde la realidad de los precios de la electricidad, atrincherados en su naturaleza de precio intervenido, secuestrado a la ‘política politizada’.

Para entender la noticia hay que recordar que el precio de la electricidad debería recoger la totalidad del coste del suministro y dicha totalidad tendría que incorporar el precio de la energía (determinado en el mercado) y los denominados costes regulados (transporte, distribución, primas y déficit tarifario: todos aquellos que dependen de decisiones administrativas).

Pues bien, la suma de las variaciones de estos dos componentes sería lo que determinaría la evolución de la tarifa para no generar déficit tarifario añadido al existente o al previsto en el programa de déficit tarifario hasta 2012. En el mes de octubre, el Gobierno decidió “bajar” los peajes de la tarifa (o tarifa de acceso), con el fin de compensar la evolución del precio de la energía en las subastas de generación para determinar el precio de la misma en las subastas de último recurso. Esa decisión ‘política’ intervencionista es la que el Tribunal Supremo ha tumbado, reforzando el concepto de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica (que falta nos hacía, por otra parte).

Ahora, de cara a enero, el desfase entre los costes regulados es del 30%, mientras que ha habido un descenso en el precio de la electricidad del 10%, lo que facilitaría una subida media en el entorno del 10 al 12% para evitar endeudarse más a futuro. Pero parece que se va a incurrir en un proceso semejante de congelación administrativa intervenida, con todas sus consecuencias y su déficit tarifario incremental.

Los críticos a este sistema de formación de precios, fruto de la liberalización y de la transposición de las Directivas Europeas (y la lógica de mercado), tienen tres líneas de argumentación: la primera cuestiona el funcionamiento del mercado eléctrico, en genérico, en base a supuestas sombras de duda, sin modulación, dimensionamiento o evidencias de las mismas. La segunda consiste en cuestionar el resultado del mercado, y para ello proponen un mecanismo intervenido de precios por tecnologías que derogue la liberalización y que determine en lugar de un precio medio eficiente, “el precio justo” que retribuya a cada tecnología en función de sus supuestos costes (porque hasta en esto también se niega la contabilidad financiera, las amortizaciones y los costes de reposición). La tercera es negar que los precios en el mercado de generación sean menores que en Europa por la vía de hacer las comparaciones integrando todos los costes (la tarifa global) de manera falaz. Y, nos atreveríamos a mencionar una cuarta, que son las medidas incidentales como el plan del carbón o cuestiones que desvirtúan la naturaleza del mercado en su funcionamiento introduciendo palos en las ruedas del mismo (los sistemas de compensación de derechos de emisión con fin redistributivo tecnológico, por ejemplo). Como buenos estatalistas, defienden la parte discrecional de la tarifa, es decir, las tarifas de acceso, sobre las cuales no hay crítica, ni mácula, aunque su crecimiento sea mucho mayor. El resultado es un diagnóstico erróneo con propuestas erróneas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los costes regulados son el resultado aritmético de aplicar las reglas de retribución de determinados activos o de cálculo de primas (decisiones administrativas efectuadas gota a gota en el tiempo). Pero a veces la Administración también puede ir contra sus actos pasados, sobre todo cuando son muy onerosos. Hay que recordar que la tarifa eléctrica se ha ido quedando arrinconada como el último precio regulado y el disgusto más evitado por nuestras autoridades a los consumidores. Y, casualmente, siempre vuelve a casa por Navidad y es difícil de resistir a la tentación, gobierno tras gobierno, de evitar las subidas y eludir abordar una política de precios eléctricos realista.

Para completar el escenario tenemos que situar la presencia del nuevo Gobierno, con el nuevo Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al frente. Es necesario proporcionar un margen de confianza al nuevo Ministro, que en las entrevistas que ha concedido (con cierta fruición, todo hay que decirlo, a Radio Nacional de España y ABC) ya se ha manifestado en tres órdenes diferentes pero que configuran un sistema de coordenadas: favorable a que el coste del déficit no recaiga en los consumidores (al fin y al cabo fueron decisiones políticas y la memoria es frágil), contrario a que se utilice la palabra “quita” y también a que una medida así se contemple (la didáctica que hemos efectuado en lo que se refiere a las consecuencias con respecto a la economía e instituciones españolas de medidas así, parece que tiene un cierto efecto y, por tanto, el Ejecutivo ha de andarse con ojo dada la internacionalización del sector eléctrico español), nada pensado sobre moratorias (en referencia a la irrupción termosolar y su factura) y mantener la apuesta por el carbón nacional… Y desregulación y más eficiencia. A este escenario se le suma la sentencia, la creciente internacionalización de las empresas eléctricas españolas y la atención de los mercados financieros. Tendrdrá que hilar fino y no se podrán ejecutar soluciones sencillas como la ‘quita’, atribuida al Jefe de la Oficina Económica del Presidente. Es el peso de la púrpura lo que se empieza a notar.

Es cierto que el Ejecutivo se enfrenta a una agitación en torno a la tarifa eléctrica cuyo motivo proviene de su propio encastillamiento en no proporcionar un mecanismo eficaz que la desposea del carácter de intervenida. Así, el pasado jueves, el diario El Mundo titulaba “El coste de la luz baja, el precio no”, titular para los retroprogresivos caídos en la trampa de los costes y los precios por tecnología. Por otra parte, trasluce el hecho de que una sociedad se acostumbre a no saber el precio de las cosas, a tener memoria de pez. O a endeudarse.

Al menos, podríamos parafrasear el dicho “contra el vicio de no subir, la virtud de los tribunales de saber enjuiciar”. Una sentencia para enmarcar y para reflexionar.