Una deriva peligrosa e inquietante

En primer lugar, el Gobierno advirtió a las empresas petrolíferas de que iba a actuar con respecto a sus «márgenes», en la medida en que, a su juicio, se consideran «excesivos». La fijación de un gravamen específico a los márgenes, la liberalización del suministro de carburantes en vías rápidas o la eliminación del abanderamiento de estaciones de servicio son las medidas que se han enunciado como posibles propuestas que el Ministerio de Industria podría aplicar.

En torno a esta problemática, con el fuerte crecimiento de los precios de los carburantes y como telón de fondo de la evolución de los impuestos (alza del IVA, previsible desaparición de la exención fiscal al biodiésel y fijación del céntimo verde), el Ejecutivo se decide hacer fuerte en dos cuestiones.

Por una parte, el Informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en cuya presentación su presidente hizo una metáfora en la cual se decía que el precio de los combustibles subía como un cohete y bajaba como una pluma. Dicha metáfora fue repetida, recientemente, por el ministro de Guindos, hasta el punto de que se le ha atribuido a él. De Guindos, con su posición y su histrionismo, es capaz de añadir tintes más dramáticos y atribuirse la autoría de la figura literaria. Dicho sea de paso, De Guindos siempre ha mantenido una posición fuertemente crítica con el sector petrolero español en su anterior etapa en el Ministerio. Por otra parte, el Ejecutivo señala haber identificado una diferencia de márgenes con respecto a la media europea a favor de las petroleras españolas de un punto y medio, diferencia que las petroleras señalan como «no comparable».

En segundo lugar, desde el Ejecutivo se acusó a las empresas eléctricas de «irresponsables» por no presentar dentro de plazo la solicitud de ampliación del período de operación de la central nuclear de Santa María de Garoña, otrora defendida por los populares frente a la decisión del expresidente Zapatero de cerrarla por motivos puramente políticos. Y, ahora, vuelven a aparecer motivos puramente políticos, que no aceptan los argumentos técnicos económicos en torno al futuro de esta Central.

Entonces, el Gobierno y el ministro de Industria se hicieron los sorprendidos, en la medida en que tras conocerse el primer proyecto de medidas fiscales para la absorción del déficit tarifario, que incluía la fijación de un impuesto que hacía inviables las instalaciones nucleares, su efecto sobre la Central de Garoña, a la vista de sus inversiones y de las nuevas figuras tributarias previstas, hiciera, con los números delante, inviable la instalación. La política, que todo lo ve en términos dialécticos, no acaba de creerse los resultados y que la advertencia de las empresas titulares enviada por carta al Gobierno de las consecuencias que entrañaba dicha posición, se hiciera realidad. Frente a las posibilidades de ampliar el plazo solicitado por las empresas, Industria se cerró en banda. La inseguridad jurídica y regulatoria creada por el conocimiento del proyecto se ha cobrado la presentación de la solicitud de ampliación de operación de la Central de Santa María de Garoña y, a juicio del Gobierno, su futuro.

Para añadir mayores niveles de polémica, el susodicho impuesto a las tecnologías nucleares había sido calculado sobre la cuenta de rentabilidad elaborada literalmente por una empresa con intereses termosolares, con acceso conocido al ministro de Hacienda, tal y como había publicado en el digital Voz Pópuli, sin que se haya desmentido esta versión.

Todo sucede muy deprisa y la situación se enfanga. Los medios más conspicuos especulaban con ser una bravata o sobre la imposibilidad de la advertencia de materializar las consecuencias de una inviabilidad sobrevenida en esta instalación, por supuestas motivaciones políticas, o por la defensa de la misma como «estandarte». Pero lo que parece claro es que han sido los números, la inseguridad jurídica y regulatoria y los comportamientos ajenos al diálogo los que han derivado en este disparate.

Lecturas políticas. El Gobierno ha optado por la vía cínica de la política politizada, con un enfrentamiento que aprovecha los resabios sociológicos y políticos frente a las empresas por su facilidad de demonización en un país sin conciencia empresarial. En definitiva, adopta un comportamiento intervencionista y coactivo, sin que se comprenda el modelo empresarial, económico, financiero, de mercado y de liberalización de los sectores energéticos que pretende aplicar.

¿Qué quiere decir esto? Que parece que triunfa la vía Montoro en el modelo fiscal de resolución del problema del déficit tarifario. Que, en efecto, por tanto, el Gobierno colocará, finalmente, el impuesto específico a las tecnologías hidráulica y nuclear. Que modificará el mix de generación español empeorándolo en su diversificación. Que, vía estos impuestos, romperá el mercado eléctrico y sus elementos de competitividad que lo han hecho uno de los más competitivos de Europa, vaciándolo. Que encarecerá el coste del suministro por la vía de drenar el mercado con menos oferta de tecnologías y, por otra parte, hará desaparecer paulatinamente la energía nuclear y la hidráulica con el procedimiento diseñado por el colectivo retroprogresivo de hacerlas inviables vía impuestos diseñados a tal efecto. Que beneficiará a las tecnologías más subsidiadas, vía Presupuestos y vía tarifas, conforme a sus pretensiones.

El Ejecutivo ha entrado en una dinámica peligrosa, con una confrontación artificial con las empresas buscando el apoyo de la opinión pública con argumentos fáciles. Cuidado con esta deriva, cuyo naufragio o medidas, sumidos en el torbellino, podrían ser imprevisibles. Se necesita oficio y experiencia para resolverlo.