Un juez de Vinaròs imputa a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental en el proyecto Castor

Así consta en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que el juez ha acordado abrir diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta por Fiscalía contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS, controlada en un 66% por ACS. En este sentido, se afirma que Escal obvió un estudio sobre la actividad sísmica y que «sorprende» que la Administración aceptara esta actuación.

Respecto a la administración, el juez acuerda tomar declaración como imputados a las personas responsables del Instituto Geológico y Minero que emitieron un informe en el año 2007 en el que consideraron apto el almacenamiento de gas: el coordinador del Instituto, Jesús Gómez de las Heras; el director de Recursos Minerales Geoambiente, José A. Fernández; el director de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director general José Pedro Calvo; y el director general de Política Energética y de Minas del entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jorge Sanz.

También tomará declaración como imputados, por la resolución de 2010 en la que se encarga a Escal el proyecto, al que entonces era el consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla; al subdirector adjunto de la Subdirección General de Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich; a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez; y a Antonio Hernández, que sucedió a Sanz en su cargo. En cuanto a Escal, el juez imputa a su legal representante, así como a los miembros del Consejo de Administración: Recaredo Del Potro; Mohamad Jaffar; José Luis Martínez; Harold Philip; José Alfonso Nebera; Juan Cristóbal González; Ramón Jiménez; y Óscar Manuel Yunta.

Según recoge el juez en su auto, el 31 de enero de 2006 la mercantil Escal solicitó la concesión de la explotación de almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor. Como consecuencia, el entonces director de Política Energética solicitó un informe al Instituto Geológico y Minero de España, que fue emitido en enero de 2007, y que dejaba constancia de que la estructura Castor «se entendía apta para el almacenamiento de gas«. A la vista de este informe que validó la viabilidad del proyecto, el Consejo de Ministros, a propuesta de Sanz, otorgó por Real Decreto la concesión de explotación, habilitando así a Escal a utilizar la estructura subterránea Amposta de acuerdo con la Planificación Energética.

En 2010 se otorgó a Escal la autorización administrativa para el desarrollo del proyecto. Además, la mercantil, a la que se le exigió un análisis «sobre el riesgo de seísmos», lo obvió y señaló que no veía razones para incluir en el Estudio de Impacto Ambiental un estudio de frecuencia de actividad sísmica, y, respecto al aumento de peligro de terremotos, señaló que «es una afirmación carente de fundamento científico». «Lo que fue consentido por la Administración», apostilla el juez, ya que Escal, «no sólo no aporta estudio alguno, sino que se aparta de la actuación responsable», al tiempo que «sorprende extraordinariamente» a la Fiscalía que la Administración «aceptara esta observación sin instar su cumplimiento».

Así, la empresa se dispuso a iniciar la inyección del gas colchón y «empiezan a registrarse los seísmos cada vez con más frecuencia» en septiembre de 2013. La Fiscalía de Castellón acordó un mes después incoar diligencias de investigación penal para esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en el entorno del almacén subterráneo Castor. Tras las investigaciones, la Fiscalía decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por prevaricación medioambiental y es ahora cuando el juzgado acuerda abrir diligencias.

Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales como la sentencia que declaraba nula la licencia de obras a Escal UGS para la construcción de la planta terrestre de operaciones para el almacenamiento, así como otra sentencia que considera que no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental de la tubería que une las instalaciones marítimas con las terrestres del almacén gasista.

Izquierda Unida saluda las imputaciones

El diputado valenciano de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, valoró «muy positivamente» las 18 imputaciones y aseguro que éstas «dan la razón a los colectivos que se posicionaron en contra de esta plataforma y que, sobre todo, han contestado de forma contundente todas las tramitaciones que se han realizado». Además, considera que esta apertura de causa también apoya su oposición a la indemnización que, a su juicio, «fue muy apresurada«.

«Viene también a darnos la razón en una cuestión que para nosotros es muy importante: la celeridad y la precipitación con la que el Gobierno ha indemnizado a la empresa Escal-UGS», indicó Sixto. Por ello, Sixto considera que «se tendría que haber dejado que la Justicia continuara su camino para investigar todolo que se produjo y, en última instancia, haber determinado si la empresa se merecía aquella indemnización o ha actuado de una forma tan negligente que no está justificado en ningún caso la enorme cantidad de dinero con la cual se le indemnizó».

Alcaldes a favor de investigar

Los alcaldes de los municipios castellonenses situados en el entorno de la planta Castor consideran adecuado que se investigue y se depuren responsabilidades en la causa abierta en Vinaròs. Precisamente, el alcalde de Vinarós, Juan Bautista, indicó que «si existe algo punible, exigimos que se depuren responsabilidades«. Bautista recordó que «siempre hemos mantenido dudas sobre el proyecto y las garantías que ofrecía, y así se lo hicimos saber al ministro en 2013». Además, recordó que, tras el episodio de seísmos, «se atendió a los afectados y nos ofrecimos para trasladar al expediente de la Fiscalía cualquier reclamación, aunque finalmente no se transmitió ninguna por daños».

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, mostró su «respeto» a la decisión adoptada por el juzgado, y recordó que «ya dijimos que no era normal que se aprobara un proyecto sin informes de sismicidad». Por ello, el regidor pidió que se investigue y que de ahí salgan «las consecuencias que sean», y exigió la depuración de responsabilidades «incluso políticas, pues algo tendrán que decir desde las administraciones que estaba en el Gobierno, es decir, habrá que explicar las razones por las que se autorizó un proyecto que nunca debió de ser autorizado».

Finalmente, el alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, indicó que la concesión del proyecto Castor planteaba «muchas dudas», pues «se hizo de forma muy rápida y sin toda la documentación necesaria», por lo que «ahora que la Justicia decida si existen responsabilidades «. Asimismo, señaló que «lo más normal» sería que la planta se desmantelase, «pues tenemos ahí un mamotreto que no funciona ni funcionará y no lo queremos de decoración«.