Un informe ve «improbable» una causa natural para los seísmos en la zona del almacén subterráneo Castor

Así consta en las conclusiones del informe, dónde justifica que no puede «completamente» excluir una causa natural para los terremotos, aunque parece «improbable», dado que las magnitudes y tasas de sismicidad no han tenido precedente en la región en las pasadas dos décadas. El documento ha sido distribuido por Compromís, y ha sido elaborado por un conjunto de autores liderado por Simone Cesca, del Centro Alemán de Ciencias de la Tierra, junto con investigadores de la Universidad de Potsdam, de Zaragoza, la Complutense de Madrid, del Instituto de Geociencias (Madrid) y del Observatori de l’Ebre.

El documento indica que la secuencia sísmica que azotó la costa española en el Golfo de Valencia es un «interesante caso de sismicidad correlacionada con las operaciones de inyección de gas», en el que se llegaron a registrar más de 1.000 movimientos en un periodo de unos 40 días, desde septiembre de 2013, el mayor de 4,3. Asimismo, el informe constata que la secuencia sísmica muestra una variación temporal «correlacionada con el principio y el fin del proceso de inyección». Así, señala que la actividad de los terremotos empezó con el inicio de la inyección del fluido y los valores cambiaron desde la co-inyección a la fase de post-inyección. Ambos indican que las actividades sísmicas podrían haber sido desencadenadas por cambios en la presión de los poros en fallas preexistentes.

De acuerdo con el informe, los movimientos más importantes ocurrieron principalmente en la fase de post-inyección, un fenómeno de observación común en otros casos de sismicidad relacionada con inyección de fluido. Las técnicas aplicadas por los investigadores han indicado que la sismicidad está confinada en una «muy pequeña región» de menos de cinco kilómetros de tamaño, en la proximidad de los pozos de inyección de gas. Según el análisis, la interpretación combinada de los resultados de los análisis sísmicos y los estudios sísmicos locales y la cartografía de la falla a pequeña escala sugieren dos posibles escenarios de ruptura, pero también excluyen la reactivación de la vecina Falla de Amposta.

Un análisis indica que la secuencia sísmica corresponde a la ruptura de procesos a lo largo de las superficies de baja inmersión de poca profundidad, que habrían sido provocados por la inyección de gas en el depósito. Un escenario alternativo incluye la reiterada activación de un sistema de fallas escarpadas orientada noroeste-sureste, que fueron identificadas por anteriores investigaciones sísmicas marinas.

En el momento de redacción del informe, cuando la actividad en Castor está detenida, los autores ven «difícil» prever si la actividad sísmica continuaría en el caso de que la inyección de gas continuara en el futuro y qué magnitud máxima podría tener. En este caso, se indica que dependería del estrés disponible en las fallas preexistentes y el tamaño de las subfallas hidráulicamente conectadas con la formación del depósito.

Compromís exige evitar pagar indemnizaciones

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, registró una proposición no de ley para pedir que sea de interés general la paralización y el desmontaje del proyecto Castor, con la finalidad de evitar que la administración pague más de 1.700 millones de euros de las arcas públicas. Según explicó Joan Baldoví, «la declaración de interés general es necesaria pues resulta evidente que la decisión de paralizar un proyecto que está provocando seísmos, poniendo en peligro la vida de la gente, la estabilidad del terreno, además del impacto en el medio ambiente que genera, redunda en interés de todos».

«Es de interés general que se paralice este proyecto de alto impacto y riesgo para la zona, es de interés general que se desmantelen las instalaciones para que se ponga fin de manera definitiva a un proyecto hostil para la zona, para los vecinos, para el medio ambiente y para la seguridad de todos», subrayó. Asimismo, Baldoví destacó que «es de interés general que se depuren responsabilidades con aquellos que aprueban proyectos contrarios al interés general en beneficio de empresas privadas ajenas al interés público».

Según consta en la proposición no de ley de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor, frente a la costa de Vinaròs, «se tramitó en su día con la connivencia del Gobierno central y el propio Ayuntamiento de Vinaròs, que justificaron la decisión alegando que generaría puestos de trabajo en la comarca. La realidad no ha sido esa». La proposición también denuncia que en la preceptiva tramitación para autorizar el proyecto «no se preveían accidentes graves, se omitió el informe de seguridad, no había planes de emergencia interior, ni estudios sobre afecciones económicas en el turismo y la pesca, ni trabajos de impacto arqueológico en las conducciones terrestres, ni un estudio serio sobre las potenciales repercusiones en el subsuelo«.

Baldoví recordó que esos seísmos «son los que han provocado la paralización de la actividad en la inyección de gas en el depósito desde septiembre de 2013, y en los informes encomendados con posterioridad, tanto el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado una relación directa entre la inyección de gas en el almacén submarino con los terremotos». El parlamentario de la coalición ha añadido que las cláusulas «abusivas» del contrato, «podrían obligar a indemnizar a la empresa con el coste neto de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la administración central pueda justificar causas de interés general«.

Baldoví denuncia que «las cláusulas abusivas obedecen a que el contrato prevé indemnizaciones incluso si la concesionaria abandona el proyecto por una actuación negligente propia, como el no haber previsto los seísmos». Por todo ello, Joan Baldoví solicita instar al Gobierno «a resolver la relación contractual por las múltiples causas de interés general, dado que, frente a los intereses económicos de la empresa que aduce que no existe riesgo sísmico, se encuentra la realidad; el riesgo sísmico ya no es un riesgo siendo una realidad: por tanto la reapertura del almacén es contraria al interés de la ciudadanía». Del mismo modo, reclama depurar «responsabilidades políticas a los gestores públicos que negociaron el contrato y autorizaron el proyecto Castor, a pesar de los riesgos que acarreaba«.