Por ello, WWF reclamó un giro al Gobierno en su política energética hacia un modelo «más renovable y saludable» porque, en este momento está favoreciendo un modelo «acabado» basado en las energías más contaminantes y señaló que, la forma más barata y efectiva para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero sería prescindiendo del carbón para generar electricidad.

Durante la presentación del informe, el responsable del inventario de emisiones, José Santamarta, aseguró que España «ha incumplido el Protocolo de Kioto (2008-2012), como era de esperar» y es uno de los países industrializados que más aumentó sus emisiones respecto a 1990, en un 18,7% respecto a ese año base. En el periodo 2008-2012, España emitió una media de 24,5% de incremento frente al año base y superó, por tanto, el 15% asignado por el Protocolo de Kioto.

Entre los causantes, Santamarta apuntó al sector energético como el mayor responsable del conjunto de las emisiones, con un 78% del total, por lo que, en su opinión, «solo una política que promocione las energías renovables puede evitar un incremento alarmante de CO2 cuando comience la recuperación económica».

Concretamente, precisó que las emisiones cayeron un 1,9% en 2012 respecto al año anterior, «a causa, no de las medidas del Gobierno sino de la crisis económica», que provocó una moderación en el consumo de electricidad, del transporte de mercancías y en el uso de vehículo privado. El descenso se produjo en «todos los sectores» excepto en la generación de electricidad, a causa del carbón, y en el del refino de petróleo.

Además, se refirió a los «altos» precios del petróleo y un descenso en el consumo de petróleo, de 50 millones de toneladas que llegaron a consumirse al año, en la época de máxima bonanza, a los 13 millones de toneladas de la actualidad.

Junto a ellas, otras causas de esta bajada de emisiones fueron la paralización de la construcción, la reducción en la venta de automóviles y las elevadas tasas de desempleo.

Santamarta culpó, en buena medida, al carbón nacional de las emisiones de GEI en España y aseguró que la mejor receta para lograr una economía baja en carbono y para cumplir Kioto sin recurrir a la compra de derechos de emisión sería «eliminar» el carbón del mix energético. Esa sería la fórmula más eficaz de lograr los objetivos.

En este sentido, consideró importante resaltar que la reducción de las emisiones podría haber sido mayor de no haber sido por el «decreto del carbón», que protege a este sector energético en España y que lastra económicamente al país al ser deficitario.

«Ojalá el Gobierno del PP haga lo mismo que Margaret Tatcher y cierre el carbón», deseó el experto. A este respecto, aseguró que se trata de una energía que es mala, muy contaminante, genera «unos pocos miles de empleo, 8.000, frente a los 120.000 de las energías renovables» y, además es «mucho más cara» por las primas y ayudas a la quema del carbón nacional y por las ayudas que reciben los mineros a través de la Seguridad Social.

«Hay que cerrar las minas de carbón. Es la fórmula más barata de reducir las emisiones», apostilló Santamarta que recordó que un kilowatio hora con carbón emite 1 kilogramo de CO2, frente a los 750 gramos del fuel o los 10-20 gramos de la energía fotovoltaica.

Para Mar Asunción, responsable del Programa de Cambio Climático de WWF España, lograr que el descenso de la emisiones se mantenga cuando comience la recuperación económica es clave, por lo que «hay que promover los proyectos nacionales y medidas internas de reducción de emisiones en todos los sectores, acabar con la incertidumbre regulatoria en el sector eléctrico y acometer una fiscalidad verde, tanto en el sector de la edificación, como en el del transporte».

A su juicio, el Gobierno está apostando por un modelo energético obsoleto, con combustibles fósiles y nuclear, y advirtió de que está «destrozando» el sector de lar renovables y alejándose de la senda del resto de países.

Las energías renovables, según afirmó la organización conservacionista, evitaron en 2012 la emisión de 38 toneladas de CO2 y de cerca de 200 millones durante el periodo 2008-2012. Por ello, pidió su impulso y la sustitución de las energías fósiles.

Entre las propuestas de la ONG, Asunción reclamó un cambio en el transporte que favorezca el colectivo y especialmente el ferroviario; una mayor ocupación de los vehículos; la mejora del parque automovilístico por la vía de la electrificación; una fiscalidad verde en el transporte o un plan de rehabilitación y modernización de edificios.

Finalmente, destacó la oportunidad que supone el autoconsumo de balance neto, cuya regulación está pendiente «por intereses concretos de Iberdrola». Asimismo, reclamó el fin de la moratoria a las energías renovables y que España apoye el «backloading», es decir, retirar derechos de emisiones de CO2 en el mercado europeo para elevar el precio por tonelada de CO2 en el mercado y, así, incentivar que las empresas se esfuercen en reducir sus emisiones por otras vías menos contaminantes.