UGT y CCOO denuncian que el precio de la luz sufre un sobrecoste del 59% y reiteran «el fracaso de la reforma eléctrica» del ministro de Industria
En este sentido, el sindicato remarcó que el resto de los costes asociados, «que son los que realmente encarecen el recibo de la luz», son imputables a otros conceptos como amortización, subvenciones, impuestos y otros costes, suponiendo el 59% del coste del recibo eléctrico.
Las propias empresas eléctricas reconocen, según UGT, que en los recibos de la factura un 50% es el precio real de la energía y otro 50% es por impuestos. «Curiosamente mientras el ciudadano ve incrementarse de manera continuada el recibo de la luz, los beneficios de las compañías eléctricas se incrementan trimestre a trimestre», subrayó UGT.
El sindicato reclamó la apertura urgente de un amplio debate social para consensuar un sistema energético de futuro que garantice el abastecimiento, la solvencia técnica y financiera del mismo y la máxima independencia energética y tecnológica.
Por su parte, CCOO consideró que el incremento de la tarifa eléctrica como mínimo de un 2% a partir de enero confirma «el fracaso de la reforma eléctrica» y subrayó que la escalada de precios «incidirá muy negativamente en la industria, en la tan ansiada recuperación económica y en el progresivo empobrecimiento de la sociedad española». Por ello, el sindicato consideró que la escalada de precios convierte a la tarifa eléctrica española en la tercera más cara de Europa.
Además, el sindicato señaló que al incremento del 2% se podría sumar una nueva subida en función de lo que ocurra este jueves en la subasta CESUR, lo que podría provocar una situación «todavía más insostenible y contraria a las políticas europeas, que inciden en reducir los costes energéticos, tanto en el ámbito industrial como en el doméstico».
En este mismo sentido, UGT advirtió de que la reforma del sector eléctrico que propone el Gobierno supondrá seguir en el camino del incremento de las tarifas eléctricas, lo que repercutirá en la pérdida de competitividad en la industria, la pérdida de empleo, y la paralización del desarrollo de las energías renovables.
A esto habría que añadir el posible incremento de deslocalizaciones de determinadas industrias ante el elevado coste de la electricidad, añadió UGT. También consideró la reforma del sector eléctrico «un castigo a los ciudadanos», ya que el incremento del coste de la energía doméstica «agrava la situación, sobre todo, de los más vulnerables».
UGT ya manifestó su disconformidad con esta reforma, que busca soluciones coyunturales que ni siquiera consiguen su objetivo de parar el déficit anual del sector.
También CCOO rechazó las políticas energéticas del Gobierno y destacó que estos incrementos de la tarifa confirman que la reforma que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento instaura «un sistema que hace recaer de nuevo en los ciudadanos no sólo el pago de los costes de generación, sino también la deuda que se ha generado durante los últimos 12 años mediante políticas que han beneficiado a las grandes empresas eléctricas».
De esta manera, consideró «inaplazable» una auténtica reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad que permita que la tarifa española se aproxime a la media de los países del entorno.
Los regantes amenazan con movilizaciones en 2014
Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades Regantes (Fenacore) anunció su intención de llevar a cabo movilizaciones generales en toda España, si el Ministerio de Industria no se compromete a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para hacer más asequibles las tarifas eléctricas, según.
Desde que comenzara la crisis, la factura de la luz se encareció en una media superior al 70%, con un incremento de los costes de acceso cercana al 500% cuando se trata de un servicio, que los regantes sólo utilizan la mitad del año coincidiendo con la época de riego.
Los regantes reclamaron un escenario tarifario «justo y más competitivo» acorde a su condición de grandes consumidores estacionales o de temporada. De hecho, recordaron que si todos los regadíos se pusieran en marcha simultáneamente y a pleno rendimiento se producirían cortes generalizados de electricidad en todo el país.
La Federación lamentó no sólo la falta de predisposición del Ministerio de Industria para reducir los costes energéticos, sino muy especialmente que sus decisiones hayan ido en sentido contrario, «premiando» de esta manera el esfuerzo realizado en la modernización de regadíos con subidas «injustas» y «discriminatorias», y cargando con un mayor gasto a las actividades que tienen consumos de temporada, cuando lo justo sería que parte los impuestos se cargaran contra los Presupuestos Generales para que se asumieran entre todos.
Fenacore subrayó que viene proponiendo un paquete de medidas realistas y específicas para su sector, entre las cuales destacó que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el coste de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).
Otras alternativas para aminorar los costes pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (campaña de riego).
La Federación reiteró que lo «más deseable» sería llevar a cabo una reforma en profundidad del sistema eléctrico, que permita realmente un abastecimiento de la energía a menor precio sin depender tanto de los recursos del exterior.


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