En una rueda de prensa, Alonso tachó tal situación de «fraude eléctrico», del que acusó tanto a las compañías eléctricas, como al Gobierno por su connivencia con ellas. Así, recordó que el precio del kilowatio se fija según el costo de producción de los combustibles más caros, el carbón y los ciclos combinados, cuando las energías más baratas, la nuclear y la hidroeléctrica suman un 40% de toda la generación.

Alonso cifró en unos 20 millones en España los usuarios de la TUR, cuyo límite máximo de consumo está establecido en 10 kilowatios. Según las estimaciones de la UCE, el próximo año este límte se establecerá en 3 Kw, por lo que la mayoría de los consumidores se verán «expulsados».

Para Alonso, la situación tiene aún mayor gravedad, después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, anunciase su intención de acabar con el déficit tarifario, y de evitar que el mismo recaiga sobre los consumidores, creando un total de seis nuevos impuestos para las compañías. Se recogerá todo ello en la nueva ley del sector eléctrico.

Así, el presidente de UCE recordó que el establecimiento de estos nuevos tribunos se verá compensado con la eliminación de la TUR, por lo que la operación es una «trampa» y una «indecencia».

Dentro de este «fraude en toda regla», Alonso comentó también el cargo a los consumidores del contador eléctrico, que cifró en tres euros al mes. «El precio de un contador en el mercado es de 30 euros, por lo que en un año ya está amortizado, cuando las eléctricas facturan al año en este concepto más de 800 millones de euros», añade.

La UCE anunció una nueva campaña de protesta contra esta situación, para que la ciudadanía «se oponga» a este «fraude».