Todos los reguladores europeos de Seguridad Nuclear celebraron el primer seminario público sobre las pruebas de resistencia en centrales

En representación del Cosejo de Seguridad Nuclear (CSN) acudieron Rosario Velasco y Antoni Gurguí. Éste último es también el vicepresidente del plenario que supervisa el proceso de revisión entre pares.

Durante la jornada se llevó a cabo una presentación general sobre los resultados obtenidos por los organismos reguladores tras la finalización de las pruebas de resistencia aplicadas a las centrales nucleares. Del mismo modo, se expusieron las metas que se esperan alcanzar con la revisión entre reguladores de los informes ya remitidos a la Comisión Europea.

Así, durante la presentación, se destacó que las revisiones entre pares suponen «un primer paso» de un proceso que se prevé que vaya más allá, con una mayor armonización de las decisiones en materia de seguridad nuclear en la Unión Europea. En este sentido, el presidente del plenario que coordina la revisión entre reguladores Philippe Jamet, señaló que «la seguridad no es un estado, es un proceso».

Por su parte, los ponentes coincidieron en que, tras la finalización de las pruebas de resistencia (incluidos los peer-reviews), el nivel de seguridad de las centrales nucleares en el territorio europeo estará más unificado puesto que uno de los retos a los que se enfrentan los organismos reguladores a la hora de afrontar este proceso es, precisamente, la diferencia de experiencia entre reguladores.

Según explicó el CSN, estas revisiones se componen de un equipo de expertos que compondrán tres grupos de trabajo. Los tres grupos se encargarán de analizar los informes elaborados por los reguladores europeos dividiéndolos en tres áreas transversales: sucesos iniciadores externos, pérdida de funciones de seguridad y gestión de accidentes severos. Precisamente, en este último grupo participará, como coordinador adjunto, el subdirector de Ingeniería del CSN, Antonio Munuera.

Los directores y adjuntos de las tres áreas transversales, a su vez, actuarán de directores de seis grupos que elaborarán «informes nacionales» para cada uno de los países examinados. Posteriormente al doble análisis de los grupos de trabajo -transversal por áreas y por países-, el plenario elaborará un informe final que será remitido a ENSREG para su aprobación y, posteriormente, a la Comisión Europea en torno al mes de mayo.

Greenpeace dice que los informes «carecen de credibilidad» y tienen «enormes brechas»

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace denunció que los informes de los reguladores atómicos europeos sobre las pruebas de estrés de las centrales nucleares «carecen de credibilidad» y dejan «enormes brechas», por lo que instaron a que estas revisiones no sean un «simple lavado de imagen verde».

Así, para Greenpeace, los informes de las pruebas de resistencia, que se ordenaron a raíz del accidente nuclear en la central de Fukushima en marzo de 2011, después del terremoto y el posterior tsunami que sufrió el país, ignoran los planes de evacuación de emergencia y la mayoría de los informes «no contemplan la posibilidad de un fallo múltiple», tal y como sucedió en Japón, ni la amenaza de aviones de gran tamaño.

Para la ONG, sin embargo, aún «no es demasiado tarde» y destacó que estas revisiones son la «última oportunidad» para demostrar que las pruebas de estrés son efectivas.

La organización reclamó que en la Conferencia del Grupo Europeo de Reguladores sobre Seguridad (ENSREG) que se celebró en Bruselas (Bélgica) y en la que participó también Greenpeace, no se permita que el proceso sea simplemente un proceso para un lavado de imagen verde sobre la seguridad nuclear.

A este respecto, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que la central nuclear de Santa maría de Garoña (Burgos) puede ser el termómetro que mida la credibilidad de las pruebas de resistencia de las nucleares».

Durante la jornada, Greenpeace denunció que si, a pesar de los esfuerzos y estudios, todas las nucleares pasan las pruebas, éstas perderán su credibilidad y la información «desorientadora» impedirá que las decisiones políticas necesarias se tomen desde el conocimiento profundo de la realidad «o, peor aún, que no se espere a los resultados para tomarlas, como es el caso de los gobiernos de España y Reino Unido».