Siguiendo con los efectos colaterales de la accidentada propuesta fiscal presentada por el Ministerio de Industria como padrino de la misma (curioso el proceso de perder la batalla con Hacienda a ponerse delante de la manifestación y defender el engendro), el proceso que ha llevado al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética, ha conducido a una situación paradójica e inexplicable respecto al futuro de operación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

En este caso concreto, el Gobierno ha tratado de “vender” este problema como una especie de ‘tour de force’ entre Nuclenor, la empresa titular de la central, y el Ejecutivo. Incluso ha tratado de impregnar la decisión con un cierto aire de «ofendidos»: ¡hacernos esto a nosotros que en su momento defendimos Garoña, contra la decisión ‘política’ de Zapatero! Y, en eso, en esa dialéctica y en esa argumentación, el Ejecutivo ha recibido el apoyo de quienes están habituados a que la retribución de una actividad regulada se determina por la política y no por el mercado, y la distribución de la plusvalía se hace atrás.

Lo cierto es que de la forma más anómala, como punto de partida, y desoyendo los estados financieros de Nuclenor como titular de la central (que, por otra parte, refleja pérdidas acumuladas de 4 millones de euros en los últimos tres años), el Ejecutivo se fía de las posiciones indocumentadas de los retroprogresivos, en un discurso que, por simple y demagógico, está instalado incluso en las posiciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro Romero y del Jefe de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal.

Así, los retroprogresivos reniegan de la contabilidad, no creen en el mercado y en que los precios los determine la oferta y la demanda. Son una forma peculiar de economistas que no tendrían cabida en ninguna institución europea o americana, pero que el laxo modelo intelectual económico español ampara.

A cambio, elaboran supuestos atractivos de corte ‘ideológico’: todos los activos de las tecnologías están amortizados, no hay que hacer inversiones en seguridad, etc…. La retribución de una actividad debe establecerse de forma discrecional y no la determina el mercado: es necesaria una política de rentas intratecnologías. Y en ese modelo argumental y metodológico le hacen la cuenta a las instalaciones nucleares. Y se lo traslasan a Abengoa, su benefactor. Y Abengoa a Hacienda. Y, el Gobierno, que también tiene prejuicios en materia de energía nuclear y en el papel de las empresas en una economía (consideran que están al servicio de la política), pica.

Ahora, con esta información base, podemos seguir el itinerario del proceso en las siguientes etapas: gobierno de Zapatero que determina un cierre político de la instalación, gobierno Rajoy que anuncia un impuesto confiscatorio a la nuclear por motivos políticos (y con el sustento ideológico retroprogresivo), empresa que se plantea, con los números hechos (previsión de pérdidas en la ampliación del período de operación de 98 millones de euros y una inversión de 100 millones de euros), ante la incertidumbre y el anuncio, aplazar la solicitud de ampliación de operación hasta conocer el resultado de la reforma. Lo que haría cualquier empresario. Y el Gobierno, con un ministro muy político, con un comportamiento corregido y aumentado con respecto al propio Zapatero, lo vive como una cuestión de ‘ejercicio de poder’, dejando consideraciones técnicas y económicas, y, por tanto, lo vive como una afrenta. Aduce argumentos insostenibles de plazo, pone por delante al Consejo de Seguridad Nuclear y hace una barbaridad económica.

Así, por una parte, el Gobierno ante argumentos económicos y empresariales se siente ofendido. Por otra, tampoco tiene claro qué ’mix’ de generación quiere y cómo quiere que sea el suministro, a qué coste y si su modelo es liberal, empresarial o de mercado. Es puramente político, de lo que se entiende como política politizada. Asume la reducción del excedente de capacidad dejando caer Garoña, perdiendo una instalación nuclear modelo en Europa, confiado (y con poca o mala información) en el exceso de capacidad del parque español.

En todo caso, Industria desprecia la aportación marginal de Garoña a los bajos precios de la electricidad del mercado español, por la vía teatral de ponerse digno. Además, está el entorno antinuclear interesado: todos los que ven una oportunidad de acceso aplaudiendo. Y, la visión global y dinámica del modelo de suministro eléctrico no sabe, no contesta. Ni está, ni se le espera.

En resumen, el Gobierno que supuestamente pretendía que la central operara antes de las elecciones, finalmente pasó al modelo de ampliar la operación, pero a cambio de unos trágalas modelo entre la espada y la pared. Después intenta utilizar de forma inverosímil la comunicación política para subvertir los argumentos. Finalmente, el Ejecutivo ha acabado por la vía cerril y política, haciendo lo contrario de lo que comprometió y por la vía más abrupta. Se ha puesto del bando de retroprogresivos y antinucleares a partes iguales. Y, lo que es peor, tampoco se ha comportado así porque sea muy consciente o porque tenga una política energética, de generación, de suministro y de precios eléctrico pensada. Simplemente, ha ocurrido así, porque quiere ser visto como que manda.