Termoprogresivos

De hecho, este episodio evidencia otro de los estragos del tristemente famoso Informe de Costes y Precios, que aprobó en su momento el anterior consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía como un ejercicio de extralimitación regulatoria que convirtió el regulador independiente en una pieza fácilmente prescindible. El hecho de invocar ese Informe es intentar buscar un asidero institucional de dudosa credibilidad para justificarlo.

En esencia, fruto de la existencia de ese informe, los productores de electricidad mediante tecnología termosolar reclaman la posibilidad de que, con las rentabilidades de unas tecnologías, se financien las primas de otras. Esa es la teoría que alimentan y que incluso uno de los autores del Informe, el exconsejero Jorge Fabra, alimenta en su último artículo en la Revista del Colegio de Economistas de Madrid. Elemento que está incorporado en el programa del Partido Socialista Obrero Español como un Fondo para financiar las renovables.

A esas supuestas diferencias de rentabilidad entre tecnologías, en medios de comunicación más o menos económicos, por parte de este colectivo retroprogresivo, tanto los representantes de productores de energía por tecnología termosolar como Abengoa en su particular cruce de declaraciones, se les denomina, erróneamente, «windfall profits».

Rebobinemos. El Informe de Costes y Precios fue un informe de carácter ideológico elaborado por representantes del colectivo retroprogresivo de la energía con presencia de Consejeros del organismo en la etapa anterior, cuyo objetivo era articular la regulación retributiva de la generación eléctrica por tecnología (es decir, la vuelta al Marco Legal Estable del franquismo), de forma que se extinguiera y finiquitase el mercado eléctrico, convencidos de que la mejor forma de «ordenar el sector» era la intervención, para que las empresas fueran un aparato al servicio de la Administración.

La historia atropellada de cómo se aprobó este «Informe» ya ha sido relatada en este medio, siendo un ejercicio que mezclaba falacias (la necesidad de equilibrar las rentabilidades por tecnologías en una especie de justicia social retributiva) con mentiras (la existencia de tecnologías amortizadas). Informe que fue disfrazado por dos consejeros y que más pronto que tarde debería ser derogado por el organismo regulador.

En definitiva, el objetivo del Informe era trasladar una visión ideológica de la generación de electricidad, combinado con varios supuestos «de pizarra» convenientemente falseados. Dicho informe contiene la idea de que la existencia de diferentes estructuras de costes en la producción de un bien indiferenciado como la electricidad (el kilowatio) son «beneficios caídos del cielo». Para ello, el informe no duda en falsear la contabilidad financiera despreciando amortizaciones y costes de mantenimiento para mostrar números más abultados. De ahí la afirmación proferida que desafía el plan contable de que la energía nuclear y la hidráulica «están amortizadas», pese a los estados contables de las compañías.

Poniendo un ejemplo: imagínense que la tarifa de un servicio público, como el taxi, dependiera del vehículo que haya comprado el profesional correspondiente, y que dicha tarifa fuese diferente según la amortización del vehículo en el que usted se monta para hacer una carrera. La versión más sofisticada sería que se le aplicara un impuesto a los taxis cuyos precios de adquisición fueran más baratos o cuya antigüedad fuera mayor. Añadamos a este modelo que la recaudación de ese impuesto fuese a parar a los nuevos compradores de vehículos cuyo destino fuera el servicio de taxi, a fin de incentivar la renovación de la flota o que se pusieran vehículos híbridos.

Vayamos por partes en esta controversia. En primer lugar, se vuelve a sugerir la idea de que los «windfall profits» son equivalentes a la existencia de diferentes estructuras de costes entre tecnologías. De hecho, cada tecnología (carbón, gas, hidráulica, nuclear,…) tiene unos costes diferentes para la generación de electricidad por muchos motivos. El valor que tiene un mercado consiste en la competencia entre instalaciones y tecnologías, consiguiendo un precio como resultado de la oferta y demanda, además de un funcionamiento eficiente de la producción de electricidad de forma conjunta. Por tanto, la diatriba de los costes por tecnologías es un falso problema en términos globales.

Con la inclusión de la energía hidráulica, como supuestamente beneficiaria de los «windfall profits», se logra una curiosa metáfora que es la idea de que la lluvia que llena los embalses de agua, que posteriormente se desembalsa para ser turbinada y generar electricidad, es un beneficio caído del cielo, en un ejercicio de cierto oportunismo y permite su «anclaje» neurolingüístico. Dicho concepto se hace extensivo a las centrales nucleares.

Pero hay una segunda idea, tan perversa o más, que es el hecho de la necesidad de que unas tecnologías financien a otras mediante transferencias reguladas, en lugar de pensar en la generación de electricidad como conjunto. La combinación de las dos propuestas, además de ser un ejercicio que vulnera los mercados y el funcionamiento de la economía en general, afecta a la inversión, y es, obviamente, una falta de sentido común. La pregunta sería, ¿por qué las instancias públicas han decidido fomentar tecnologías caras con retribuciones elevadas si las hay más baratas y es necesario hacer tanto enjuague?

Y, finalmente, contrariamente a la idea, en teoría regulatoria, falazmente y falsamente lanzada por este colectivo retroprogresivo, los «windfall profits» son beneficios que son inesperados, imprevistos y que se producen fruto de una decisión regulatoria. Son beneficios sorpresivos (igualmente que hay perjuicios sorpresivos) que tienen carácter extraordinario, como, por ejemplo, si se prevé un volumen de potencia instalada de una determinada tecnología con primas abultadas en el Plan de Energías Renovables y luego se multiplica por cinco esa potencia finalmente decidida por los organismos competentes. Esos sí son beneficios caídos del cielo.