Termina la huelga de la compañía eléctrica griega tras la movilización forzosa decretada por el Gobierno

El sindicato de la compañía pública, GENOP-DEI, anunció finalmente que el paro concluía y los trabajadores volverían a sus puestos, aunque destacó que no abandonarán sus reivindicaciones. «La lucha continuará con otras formas de protesta y acciones«, afirmó el sindicato, que llamó a otras empresas del Estado a emprender «iniciativas conjuntas» con el objetivo de hacer frente «a las decisiones del Gobierno», al que acusaron de «socavar la democracia y la Constitución». Los empleados aseguraron que el suministro eléctrico se restablecerá gradualmente y no se producirán más cortes de luz, ya que el trabajo se reanudará poco a poco en todas las centrales de producción.

El Ejecutivo del conservador Andonis Samarás decretó el día anterior la movilización forzosa de los trabajadores de DEI en huelga, después de que un tribunal considerase ilegal y abusivo el paro que llevaban a cabo desde la madrugada del pasado jueves. Los empleados de la compañía estatal eléctrica se convirtieron así en el segundo sector al que no le está permitido declarase en huelga, después de que el año pasado el Gobierno hiciese lo mismo con los trabajadores de la compañía de metro de Atenas.

Los empleados se oponen al proyecto gubernamental de vender una parte de las centrales de producción de electricidad y de las minas de lignito, la principal fuente energética de este país. Durante el paro, GENOP-DEI contó con el apoyo de otros sindicatos del sector público y privado y de varios partidos de la oposición, en especial del izquierdista Syriza, que defiende la celebración de un referéndum sobre la privatización para que «sean los ciudadanos los que decidan sobre la naturaleza de su red eléctrica«. Como consecuencia de la huelga se produjo un déficit de producción que obligó a la autoridad que gestiona la distribución eléctrica a efectuar cortes puntuales de luz en algunas franjas horarias.

La privatización parcial de DEI es uno de los seis requisitos acordados con la troika de acreedores para que Grecia pueda obtener el tramo de 1.000 millones de euros del programa de ayuda financiera cuyo desembolso correspondía en un principio al pasado mes de junio. Desde el comienzo de la huelga, el Gobierno del conservador Andonis Samarás amenazó con decretar la movilización forzosa de los trabajadores, ya que definió la privatización como «parte del derecho al progreso» de los griegos.