Teoría del otoño caliente

Hay quien sostiene la teoría de que la organización de los procesos humanos y empresariales no se corresponde con los períodos del año natural (de enero a diciembre) sino con el comienzo de cada uno de los cursos, ya sea el escolar o el político. Es decir, se trazan los objetivos y se valoran los resultados de septiembre a julio, lo que es una fórmula de cómputo de tiempo semejante a las cosechas o los cursos lectivos. Por eso, en lo tocante al sector energético, este último día de julio puede ser un buen momento para analizar lo que se nos viene encima, en este, ya anticipado por todos, como otoño caliente. Nuevo curso y viejos problemas, algunos al borde de una operación de urgencia con el cuerpo abierto para el transplante.

Tras la última época de este curso lectivo, el que comienza (de septiembre a junio) señala el agolpamiento de temas que tendrán lugar nada más volver de las vacaciones. El hecho es que el último curso político ha estado marcado en el sector energético por las elecciones y la salida del anterior equipo “energético” del Ministerio de Industria, con Joan Clos e Ignasi Nieto al frente y la entrada de Miguel Sebastián como Ministro y Pedro Marín como Secretario General de Energía.

En estos cuatro meses, la actuación del nuevo equipo en el sector energético, la podemos calificar de ‘cautelosa’, tendente a conocer bien el terreno y la situación sectorial. Lo cual es de agradecer a la vista de la actividad desaforada a la que habíamos asistido en el bienio previo a las elecciones, con Clos y Nieto a la cabeza: regulación espasmódica, fuertemente desequilibrada; generadora de inseguridad regulatoria; corrección de errores; estudios económicos inexistentes o de brocha gorda (gordísima), que han traído al presente lodos importantes; otras soluciones arriesgadas; entreguismo al TSO nuestro de cada día; desgraciadas negociaciones con los sectores; y manierismo regulatorio, entre otras cuestiones.

En estos cuatro meses, parece que el nuevo equipo no ha ‘estropeado nada’, pero también parece que no ha arreglado mucho. Y, es más, determinados problemas como el déficit tarifario o la insuficiencia de las tarifas eléctricas se han agrandado con la revisión de las tarifas del tercer trimestre (y la evolución generalizada de los precios de la energía). El grave problema del déficit tarifario, que requiere un trabajo político y económico planificado, serio y coordinado con todos los agentes, será la tarea más ingente que abordará el nuevo curso. De hecho se debería haber avanzado mucho más en este período, sobre todo ante la inminencia para abordar la liberalización tarifaria de gas y electricidad, tras el verano es casi apremiante y su puesta en funcionamiento ya está galopando. En este punto, será necesario no pervertir el concepto de tarifa de último recurso con fines diferentes a los que está pensada.

En sentido positivo hay que valorar la posición del Ministerio en la supresión de las tarifas industriales que se produjo a principios de julio. En sentido negativo, un paso atrás ha sido la “tarifa social”, que además de enviar el mensaje de que “el Estado subvenciona la energía”, traslada el mensaje de que hay electricidad gratis y de que podemos vivir desacoplados del mundo y sus circunstancias en términos de precios energéticos. Eso sin contar los subterfugios y trampas en que ha caído la propuesta, incluso ciertas chanzas, derivado de que la energía es un suministro, no una subvención y su tarifa un precio. Así, equiparar poca potencia contratada a bajo nivel de renta, es un contrasentido que le ha supuesto un severo coste político al propio Ministro en una de sus primeras decisiones.

En otro orden de cosas, hay que alabar la voluntad de trasladar la filosofía de ahorro energético del nuevo equipo, pero también hay que pasar de los voluntarismos y de las medidas más o menos propagandísticas o estrafalarias a los hechos ciertos: que los consumidores puedan moderar su consumo en función de los precios reales de la energía. En Estados Unidos (dónde la fiscalidad de los combustibles es muy baja), con la subida de los costes de la energía, más de un millón y medio de ciudadanos han dejado su vehículo para ir a trabajar.

Otras cuestiones por conocer serán los planes futuros en materia del parque de generación de electricidad, el debate sobre la energía nuclear (algo que los últimos gobiernos tratan de esquivar, con mayor o menor suerte), cómo queda finalmente la regulación de la energía solar fotovoltaica (cuyo método parece bueno y más razonable que el anterior, pero sus cifras son muy restrictivas), la regulación final de los biocombustibles (otra cuestión aplazada) que debe tener en cuenta, el funcionamiento de los movimientos de oferta y demanda de consumo de carburantes en nuestro país, siendo neutrales con el funcionamiento del mercado. Será necesario resolver un debate serio y responsable, sobre como articular la obligación de aumentar su consumo para alcanzar el objetivo fijado, teniendo en cuenta el parque de vehículos de nuestro país y los propios cuestionamientos de eficiencia económica, energética y medioambiental, los cambios en los sistemas logísticos y de transporte de combustibles, etc, … evitando mezclar razones colaterales espurias.

Mención aparte tiene la situación en la que ha quedado como órgano regulador la Comisión Nacional de Energía, cuestión que el gobierno deberá abordar nada más llegar de las vacaciones. Organismo completamente trastabillado desde que se publicó el Informe sobre Costes y Precios, cuyo objetivo era acabar con el mercado eléctrico (y de paso la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, el valor de las empresas y la inversión futura) y volver a los sistemas de reconocimiento de costes, ya conocido en su momento con el Marco Legal Estable. El organismo tiene “prolongado” el mandato de cuatro de sus consejeros (los designados en su momento por el Partido Popular) y necesita medidas quirúrgicas profundas, más allá de la sustitución de los salientes. Nunca este organismo había estado cuestionado de forma tan grave y esta vez por sus propias acciones, más que por el ‘ninguneo’ de Industria, más acentuado, si cabe en el penúltimo período antes de las elecciones, con reminiscencias freudianas de “matar a la madre”.

En medio de este panorama, cerramos el mes de julio con el escenario corporativo movido con la operación de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. La cuestión de las operaciones corporativas es un tema que lleva coleando en el sector energético desde hace años y, lo que parece evidente es que con esta reciente operación no se ha acabado, más bien puede que se reabra.

Para los que les vaya la política de altos vuelos, y con semejante perspectiva, habría que conseguir finalmente recentrar al Ministro de Industria como ministro del ramo en las cuestiones energéticas (e industriales, de comercio exterior, telecomunicaciones y turismo, etc…), frente a las veleidades de opinar y participar en la política económica, evitando caer en la tentación de la macroeconomía.

Por tanto, un otoño caliente, lleno de patatas ardientes, con una crisis (innombrable hasta hace bien poco), galopante. En septiembre todo se precipitará y el método de las patadas hacia delante a la pelota dejará de ser válido. Ya no queda tiempo para los ensayos, si aplicamos el lenguaje del teatro. Sólo sirve el del rugby.