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Siguiendo con la recientemente rediviva cuestión de la operación de Gas Natural sobre Unión Fenosa, hoy se publica que GN estaría negociando las desinversiones que la CNC planteará al final del proceso de análisis por este órgano regulador de la competencia.

En primer lugar, lo que sí podemos constatar es que el estudio que ha realizado la CNC parece mucho más minucioso que lo conocido de la actuación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo informe oficial parece que dio carpetazo con cierto apresuramiento y “haciendo la vista gorda” a las formas de paliar los efectos anticompetitivos de la operación en los mercados. Como ya comentamos ayer, hasta trece mercados considera la CNC que se pueden ver afectados por la operación, además de mantener un proceso de solicitud de información y alegaciones a los agentes que promete haber sido muy exigente.

Con independencia de las conclusiones finales que saque cada uno de los organismos y las propuestas de medidas para paliar los efectos anticompetitivos que estime la CNC (ya ha empezado la guerra psicológica y los globos sonda), lo que está claro es que el trámite en la Comisión Nacional de Energía fue “aligerado”, en términos jurídicos, casi “sobreseído”. O mejor dicho, tras un análisis digno del contenido del Informe, lo que son las condiciones que el regulador energético proponía se disolvían en la “nada que se nadifica” que decía Jean Paul Sartre. Algo paradójico, como pasar del todo a la nada, como efectuar un diagnóstico de los mercados y, luego, minimizar sus consecuencias en términos de condiciones. Y, segundo, dada la capacidad gasista de las dos empresas, que el Informe de la CNE se centrara en las consecuencias para el mercado eléctrico en lugar de para el mercado gasista, donde la concentración en sus distintas actividades (aprovisionamiento, distribución, etc.…) tendría que ser mucho mayor.

En resumen, parece que de poco ha servido el trabajo que ha recibido la CNC procedente de la Comisión Nacional de Energía, cuando debería haber sido al revés, en la medida que este regulador es el que mejor debería conocer los mercados energéticos españoles, con mayor profundidad y, además, quien puede conocer con mucho mayor alcance en el marco del proceso de liberalización y de dinámica del sector las posibles medidas a aplicar en la operación. Y, el hecho de que la CNE tenga un carácter consultivo en materia de competencia no quiere decir que no precise sus propuestas, porque hasta el momento, en otras operaciones éstas eran mucho más concretas.

Y, desde un punto de vista de calidad y confianza institucional, esta crítica tiene una mayor trascendencia, en la medida que hay que tener en cuenta que los beneficiados o perjudicados por estas operaciones en el medio plazo pueden ser los ciudadanos y los consumidores, incluso el sistema gasista, puesto que se comprometen un determinado tipo de inversiones y de control de las redes, incluso la posibilidad en determinados ámbitos geográficos de realizar ofertas de gas y electricidad. Si los ciudadanos acaban teniendo menos competencia y el sistema pierde grados de libertad o aumenta su concentración, eso debe ser revisado por las autoridades públicas sin que sirva mirar para otro lado.

Vuelven por tanto a cernerse las dudas sobre la actuación del organismo que preside Maite Costa, porque a veces determinadas ausencias y vacíos en los reguladores son muy notorias. Por si nadie se había dado cuenta, sobre todo en otros momentos (OPA de E.ON, por ejemplo y casualmente, el organismo fue mucho más beligerante). Parece que, en este caso, han contado las denominadas “afinidades electivas” a la hora de, con un enfoque tan simple, facilitar el desarrollo de la operación con mayores niveles de razonabilidad económica y de competencia. Y, ahora, es posible que todo se precipite en el último momento.

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