Tecnócratas energéticos

«Los economistas me recordáis a ese niño que cuando somos pequeños nos descubre que los Reyes Magos no existen». Felipe González

Prima de riesgo por encima de los 500 puntos básicos, Italia y Grecia cambian sus gobiernos sobre bases tecnocráticas, evidenciando el fracaso de la política. En España, tertulianos de un signo y otro se muestran contra la «tecnocracia» a la vez que se reivindica el poder de la «política», frente al poder de los «mercados». ¿Qué va a ser esto? En paralelo, se produce una severa crisis de la democracia representativa, a favor de una democracia directa, a través de movimientos extramuros como el de los indignados, en España representados por el 15M.

En España arrecia la crítica a los tecnócratas y a la tecnocracia, como ejercicio defensivo de una estructura política que se ha extendido a la sociedad civil, las empresas y los mercados. Es un ejercicio defensivo dado que lo que evidencian las crisis helena e italiana son los fracasos de la política, sus simulaciones y sus formas. ¿Puede la política, por el hecho de ejercerla unos señores elegidos en las urnas, decidir falsear las cuentas públicas, como en el caso griego? ¿Puede la política, por el hecho de decidirlo al haber sido elegidos, endeudar a un país más de lo que es capaz de soportar su economía? Y cuando esa financiación es negada por los mercados, ¿quién es responsable de lo que ha pasado? Preguntas de este tipo son incómodas y están en el germen de la formidable crisis económica.

Parece que las reglas de oferta y demanda puedan ser sustituidas por las decisiones volitivas de unas élites legitimadas por el ejercicio de las campañas electorales, de la comunicación política y de los errores del adversario. Élites que no han comprendido los efectos de sus decisiones pasadas o que no tenían consciencia de que la restricción económica existe y que la sostenibilidad económica exigía un ejercicio de gobierno político que contemplara las coordenadas económicas en que se mueve la política. Es decir, hay una frontera a la que la política no puede llegar y a la que, además, no debe llegar. Y dicha frontera, en esta situación de crisis económica, debe ser respetada, de forma más exquisita cuando la situación de crisis es más delicada. Imaginemos, por un momento, que por vía política un gobierno o un parlamento derogasen la ley de gravitación universal.

En el terreno de la energía no estamos mejor. En lo que se refiere al sector eléctrico, en el pasado, se han tomado decisiones tarifarias políticas (por temor también a una política realista de precios de la electricidad y la eventual impopularidad que podrían producir los mismos en la población para los políticos) que inciden en la generación de una deuda (política): el denominado déficit tarifario. Dichas decisiones (políticas) se efectuaron para soslayar los resultados del mercado y de la adicción del resto de costes de suministro.

Dicha política tarifaria se ha visto complementada con una política de alteración del funcionamiento del mercado eléctrico vía regulatoria (como el decreto del carbón) o de reconocimiento de costes regulados (primas) muy generosa, prácticamente descontrolada y en especial a ciertas tecnologías, cuestiones que han ido engrosando este déficit tarifario en mayor medida. Y de esas decisiones políticas vienen después los deseos de no asumir sus consecuencias. Es decir, se ha tratado de un conjunto de decisiones (políticas) retributivas y de capacidad de generación con consecuencias económicas que no encuentran responsable que las soporte. Una vez conformada esta deuda formidable, por estas dos vías, y en estos momentos de difícil financiación internacional, empiezan a surgir voces (políticas) que abogan por medidas peligrosas (también políticas) para abordarlo.

Medidas políticas que, en muchos casos, inciden en la aparición de riesgo regulatorio, de cuestionamiento del mercado eléctrico (tras su intervención política, se abjura del mismo, aunque tiene los precios más bajos de Europa), quiebra de la seguridad jurídica para las inversiones ya realizadas y anticipo de efectos para los accionistas.

Intervencionismo en forma de lo que ya se ha expresado en declaraciones públicas con «fintas» más o menos explícitas. Desde las posiciones del programa electoral del PSOE, inspiradas en el pensamiento retroprogresivo, como la eliminación de la eficiencia del mercado eléctrico a través de su fraccionamiento, de la determinación discrecional de precios con referencia a los supuestos costes por tecnología (abstrayendo incluso amortizaciones financieras de los mismos), o la transferencia de rentas entre tecnologías vía nuevas tasas a la hidráulica y la nuclear, para financiar un desarrollo renovable a cualquier precio y sin matiz. Cierre de centrales nucleares, gravámenes y desarrollo renovable sin criterios económicos y de mercado. Son iniciativas que se mueven en clave puramente política y demagógica y que además dan amparo ideológico a modelos intervencionistas.

Del mismo modo, existen otro tipo de medidas que acarician los responsables (políticos) de uno y otro signo, basadas en la intervención de los mercados, la renuncia o «quita» de ese déficit, en forma de revisión de figuras antiguas como el Protocolo Eléctrico. Estas «ideas» también se palpan en las huestes populares más relacionadas con la energía, con claro perfil político y no tecnocrático, dispuestas a pasar la gorra, con la consciencia de que el sector energético es un buen objeto político de cobertura de un perfil izquierdista para los conservadores, con un bajo coste político, aunque sus costes futuros en términos financieros, de seguridad jurídica, de confianza en la economía, de mercados o de inversión sean impredecibles.

Y la pregunta es, ¿verdad que sería razonable que, tras las próximas elecciones, se abordase la cuestión energética de forma «tecnocrática», respetando el ordenamiento jurídico, el funcionamiento de los mercados, las inversiones realizadas, el modelo empresarial y a los accionistas, con una política de precios realista y sin demagogia? ¿Sería razonable que la energía no se contaminase de posiciones de corte político e ideológico, con una visión económica y medioambientalmente sostenible? Eso es realmente lo que necesita nuestro país y nuestra sociedad. Y, hay que decirlo, eso es profundamente democrático. En energía, necesitamos buenos tecnócratas tras el 20N.