Tasa, ecotasa y retasa

Las noticias relativas a la probable «reforma energética» que el Gobierno aprobará para poner fin al problema del desequilibrio entre tarifa y el coste del suministro eléctrico, ofrece varias lecturas una vez anticipados y conocidos los términos de la misma, así como la distribución de las distintas figuras tributarias que introduce. Si en el ámbito sanitario, cuando se efectuó la introducción del copago, un medio de comunicación hablaba de pago, copago y repago, aquí hablamos de tasa, ecotasa y retasa.

Esta reforma se tratará de insertar en el conjunto de medidas integradas en el paquete que el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros, que ayer anticipó el presidente Mariano Rajoy, y que será tratada hoy por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y será tramitada, posteriormente, como Proyecto de Ley.

Dicha reforma se materializa en un conjunto de impuestos y tasas que reconfiguran la imposición en torno a la generación de la electricidad (más allá de la denominada fiscalidad verde o ecológica, dada la utilización de esta terminología en puridad, y conociendo las figuras tributarias que implementa, lo que sería una falsedad aunque se utilice como argumento de comunicación política).

La idea es que la recaudación por estos tributos irá, en todo o en parte, a enjugar la diferencia entre la tarifa eléctrica y el coste del suministro (y, por tanto, evitará la generación de nuevo déficit tarifario) por la vía de que parte de los costes integrados en la tarifa eléctrica, como costes de acceso, pasen a los Presupuestos Generales del Estado y que éstos se compensen supuestamente con estos nuevos ingresos tributarios. Algo que todavía está por ver, hasta conocer los nuevos PGE y los costes que finalmente se trasladan a las cuentas públicas. Esta parte todavía no se conoce.

La reforma, esencialmente, incorpora tres figuras tributarias diferentes. Una primera, que es un impuesto general por facturación del 4% para el régimen ordinario. Por otra parte, existirá otro impuesto de facturación al resto de tecnologías no gestionables, no lineal, fijado en términos de un porcentaje diferente para cada tecnología. También se produce la fijación de una tasa por la emisión de carbono a los hidrocarburos líquidos y gaseosos de 4 céntimos de media, aproximadamente (el céntimo verde).

Y, finalmente, parece que el Gobierno asumirá las tesis de los colectivos retroprogresivos de la energía, fijando tasas especiales por unidad de generación a las tecnologías hidráulica y nuclear que concurren en el mercado eléctrico. Dichos colectivos, para defender esta figura tributaria, vienen aludiendo a la existencia de supuestos «windfall profits», por la supuesta diferencia entre los costes (desprecian los estados contables, las amortizaciones y costes reales) y los ingresos de las mismas derivados de los precios obtenidos en el mercado de generación (¿?), para justificar la aplicación de tasas a las mismas que reviertan al jugoso sistema de primas y, a la vez, acabar con el mercado de la electricidad español, uno de los más eficientes de Europa. El Gobierno, de esta forma, se carga los beneficios que suponen en los precios medios derivados de los excesos de capacidad, en aras de financiar las subvenciones a sectores que se han beneficiado del proceso de crecimiento del déficit y no han participado en su financiación.

Estas figuras tributarias específicas a estas dos tecnologías son una solución política económicamente y medioambientalmente poco justificable para la fijación de estas tasas, dado que estas tecnologías no son emisoras de CO2, y atiende a la demanda de una decisión de corte peronista, que da cobertura a la persecución existente hacia las mismas, motivada por posiciones ideológicas que se aprovechan del puro desconocimiento de lo que significan los beneficios del funcionamiento de un mercado eléctrico de generación que promueva la eficiencia a través de las tensiones competitivas.

Todo ello con independencia de que el Gobierno, al resolver esta cuestión unilateralmente, ha tirado la toalla de hacer una reforma en serio. La «reforma» supone abandonar la necesidad de abordar un diagnóstico correcto del problema del coste del suministro, de su crecimiento y de efectuar un proceso de negociación y diálogo del Ejecutivo con los sectores interesados. Es el reconocimiento de incapacidad político-gestora para abordar un modelo energético consistente, eficiente y competitivo que sea, a la vez, sostenible económica y medioambientalmente. Se trata, además, de una solución sorpresiva y que, además, aprovecha el clima de opinión generado con las medidas recientes y de la cultura antiempresarial española para promover una reforma muy perniciosa para nuestro sistema económico, en general, para las empresas y para el sector.

El desenlace acaba con la idea de la reforma no discriminatoria que vende Soria (es fuertemente discriminatorio, mucho y discrecionalmente, dado que en el régimen general se introduce un gravamen adicional a dos tecnologías, con una nueva doble imposición, por la mera posición ideológica de suponer excedentes presuntos). La reforma, además, puede provocar severos problemas en el seno de la Unión Europea para el Gobierno español por destrozar el mercado de generación, una solución nada neutral y fuertemente intervencionista. Además, la replicación de figuras tributarias por unidad de generación tiene un efecto de traslación fiscal a los precios que es evidente, siendo mucho más razonable, en la generación, (y con mayor capacidad recaudatoria en un momento de caída de demanda) la aplicación de un tributo lineal y proporcional por los ingresos finales totales. Otro de los problemas, y quizá el clave, son los elementos distributivos que ha decidido el Gobierno imponer en los gravámenes para absorber el déficit, que evidencian los compromisos del Ejecutivo, la respuesta política del mismo, para que recaiga fundamentalmente en el sector eléctrico y perjudicar a las empresas. Y, finalmente, anticipa una enorme litigiosidad, incluso en las esferas europeas.

¿Qué se apuestan a que en esta solución, los «asesores energéticos del PSOE», Narbona y Jorge Fabra, están de acuerdo?

¡Una barbaridad!