Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».