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Eximir a las grandes industrias de pagar la interrumpibilidad costaría 39 millones al resto de consumidores en la factura eléctrica

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Europa Press.- La posibilidad de eximir a las grandes industrias de los pagos por interrumpibilidad en un nuevo Estatuto para las industrias electrointensivas, mencionada en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, tendría un coste de entre 32 millones y 39 millones de euros para el sistema eléctrico que tendría que ser asumido por los demás consumidores en la tarifa eléctrica.

Así figura en la memoria de impacto económico y presupuestario del decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria en España. Este decreto contempla la figura del consumidor electrointensivo y mandata al Ejecutivo para elaborar y aprobar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos para definirlos como tal y recoger sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad. El Gobierno reconoce que, a la espera de su desarrollo, puede cuantificar un ejemplo. Así, señala que una posible medida que podría incluir este estatuto sería el de eximir de los pagos por interrumpibilidad a consumidores que reunieran determinadas características.

Concretamente, eximir a aquellas que tuvieran consumos eléctricos superiores a 50 GW a la hora al año, un consumo valle superior al 50% de su consumo total y ser proveedores del servicio de interrumpibilidad, tendría un impacto de entre 32 millones y 39 millones de euros. Esto repercutiría en el precio de la energía y aumentaría el gasto que deberían abonar el resto de consumidores del sistema eléctrico, ya que se trata de una cantidad que las grandes industrias dejarían de pagar en el mercado. La medida no afectaría a los ingresos regulados del sistema.

Por otro lado, el Gobierno también detalla el coste que tendrá para 2019 y 2020 la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración, y que supondría un total de 66 millones de euros para los dos años de vigencia de esta medida: 14 millones el próximo año y 52 millones para 2020. Tomando una media de retribución a la operación de 55 euros por megavatio/hora y una media de funcionamiento de estas instalaciones, el impacto de la medida se traduce en un incremento de la retribución de estas instalaciones de 26 millones de euros en 2019 y de 65 millones en 2020, con cargo al sistema eléctrico.

El sector de la cogeneración pide al Gobierno la extensión de la vida de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez, exigió al Gobierno que actúe con celeridad y ponga en marcha las medidas anunciadas para la extensión de la vida de las plantas cogeneradoras hasta 2030 o hasta la implantación del nuevo Plan Renove, que está previsto en la Ley del Sector Eléctrico desde el 2013.

En los dos próximos años, 50 plantas de cogeneración llegarán al final de su vida útil y 99 industrias tendrán que tomar decisiones de inversión sin que exista un marco legal que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones. Pérez calificó de «desastroso» este contexto, que en cinco años afectará a 250 plantas, algo que supondría perder «sus positivas» contribuciones a la eficiencia y acción climática, además de conllevar subidas en los mercados mayoristas de electricidad que repercutirían en los consumidores y en la competitividad de las industrias españolas.

Por ello, la solución propuesta por Acogen es mantener en operación las plantas hasta 2030, extendiendo la retribución actual de aquellas que llegan al final de su vida útil o hasta la llegada del nuevo Plan Renove, un programa que acumula un retraso de más de 5 años. Acogen también entregó su premio Cogeneración de Honor a Sedigas por su labor de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento del «papel clave» del gas en la eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad.

El PSOE advierte que alargar la vida útil de las centrales nucleares repercutirá en el recibo de la luz

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Europa Press.- El secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, ha advertido que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares «la vamos a pagar toda la ciudadanía en el recibo de la luz«. El PSOE se ha opuesto de este modo al decreto que quiere aprobar el Gobierno para regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.

La nueva norma, según Morán, «deja expedita la vía al Ejecutivo para repercutir sobre el conjunto de los usuarios el coste de la prolongación de la vida útil del parque nuclear». Así, ha recordado que «no sólo no coadyuvará a impedir futuros incrementos del precio de la energía, tal y como el ministro afirma, sino que provocará una subida automática del precio a partir del momento en que se aplique, en la misma medida que desencadena la obligación de financiar con cargo al recibo de la luz el nuevo pago por capacidad para las eléctricas«.

El responsable socialista en materia de energía recordó que el modelo del Gobierno de Rajoy «se ha sustentado en sablazos a las economías familiares», además del «deterioro de la competitividad de la industria, parón de las energías renovables, una inseguridad jurídica que nos va a costar miles de millones de euros en indemnizaciones, y muchos territorios abandonados a su suerte en una transición energética que requeriría de estrategias económicas y medidas sociales que brillan por su ausencia con el PP».

«Lejos de reconocer el fracaso de la política energética, el Ejecutivo no sólo no parece dispuesto a rectificar, sino que exige ahora a la oposición que respalde su modelo», se ha lamentado. Frente a esta postura, el PSOE ha reiterado su compromiso electoral de limitar la vida útil de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento y su sustitución progresiva por energías renovables. «Y no estamos dispuestos a aceptar que se juegue con los empleos y el futuro de determinados territorios, para simplemente utilizarlos como coartada», ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que «no es razonable habilitar un pago específico por capacidad para seguir sosteniendo un parque de generación alimentado con fuentes energéticas fósiles importadas, cuando es precisamente la hiperdependencia exterior el talón de Aquiles del sistema energético español«. Por contra, según trasladó al ministro, sostiene que la norma debería formar parte del mecanismo de gestión de la reserva estratégica constituida por los recursos energéticos autóctonos, «y no para instalaciones cuyo funcionamiento dependa en exclusiva de fuentes energéticas importadas, y para las cuales se dispone de capacidad de decisión demostrada con la aplicación del procedimiento administrativo vigente».

El Supremo restablece los 25 años de ayudas a las plantas de purines para generar electricidad

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha restablecido los 25 años de ayudas para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas, según indicó la organización agraria COAG. En concreto, el alto tribunal ha declarado nula la decisión del Ministerio de Industria y Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del 8 de noviembre.

De esta forma, dicha sentencia permite reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años. Según COAG, las 29 plantas de purines tienen capacidad para gestionar anualmente más de 2.500 millones de litros de purines procedentes de 2 millares de granjas de porcino. En este sentido, desde la organización agraria se reclama a las administraciones estatales y autonómicas agilizar los trámites necesarios para reabrir todas las instalaciones.

Asimismo, COAG solicita que los años que las plantas han tenido que estar cerradas por el recorte del Gobierno no computen dentro de los 25 años de vida útil establecidos por la normativa inicial, finalmente restablecida. En 2014, fecha en la que se tuvieron que cerrar las plantas, COAG se opuso a la decisión del Gobierno, organizando manifestaciones mientras mantenía reuniones para intentar revertir una situación que perjudicaba «enormemente» a los productores de porcino españoles.

Los cogeneradores piden al Gobierno la continuidad de las plantas hasta 2030

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha reivindicado la necesidad de que el Gobierno dote a las plantas de un marco de continuidad hasta 2030. El presidente de Acogen, Antonio Pérez Palacio, explicó que ya durante este año 48 industrias cogeneradoras con 470 MW de potencia están en «plazos límite» para planificar anticipadamente y decidir las inversiones que aseguren su funcionamiento. En 2020, estarán en la misma situación 1.200 MW en otras 141 industrias, y en 2025 las cifras alcanzarán los 2.800 MW en más de 300 industrias.

Entre 2017 y 2025 el 60% del parque cogenerador finalizará su vida útil regulada, y Acogen ha advertido de que la ausencia de un marco para la continuidad congela inversiones en cogeneración y en ampliación de industrias. Según la asociación Acogen, los análisis coste-beneficio confirman que es más positivo y cuesta menos mantener en operación la cogeneración y seguir aprovechando sus contribuciones que dejarla cerrar por ausencia de un marco regulatorio y tener que pagar más cara la energía. En opinión de Acogen, sólo ya la gran contribución que supone la generación distribuida a los objetivos de eficiencia y ahorro de emisiones justifica su continuidad.

Sistema retributivo reconocido por Bruselas

La Comisión Europea constató recientemente la conformidad del sistema español de apoyo a las energías renovables, cogeneración y residuos con las directrices europeas de ayudas de Estado en materia de medioambiente y energías renovables. Acogen ha celebrado el expreso reconocimiento a la contribución de la cogeneración, que facilita las fórmulas para desarrollar el marco cogenerador, impulsando los objetivos de energía y cambio climático y preservando al mismo tiempo la competencia.

Los futuros incrementos de las interconexiones son otra razón más para extender la operación de las plantas, aportando estabilidad y seguridad al sistema eléctrico, según Acogen. La cogeneración es la térmica de base con alta eficiencia del futuro, puesto que abastece a la industria intensiva en calor. «La cogeneración es un agente clave para hacer la transición energética sin merma de la competitividad de la industria intensiva en calor», resaltó.

Palas de aerogeneradores: un residuo emergente ante el final de su vida útil que la compañía EDP Renovables pretende reciclar

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EFE.- Cerca de 4.500 palas utilizadas en los aerogeneradores españoles «dejarán de ser aptas» en los próximos 8 años y será preciso reciclarlas al caer en desuso, ya que el 60% del parque eólico español se encuentra «en la segunda mitad de su vida útil, calculada entre 20 y 25 años«. Así lo ha asegurado el director de seguridad, salud y sostenibilidad de Energías De Portugal Renovables (EDPR), Javier Díaz, compañía lusa que opera en el campo de las energías renovables.

La energía eólica ha sido una de las principales apuestas españolas en el sector de las renovables desde el 2000: en 2016, contaba con 23.026 MW de potencia instalada y, tras la nuclear, fue la segunda energía que más contribuyó al sistema eléctrico con una producción de 47.319 GWh, según datos de la Asociación Empresarial Eólica. La intensa actividad de los parques eólicos españoles ha creado un tipo de residuo «emergente», las palas de los aerogeneradores, motivo por el cual EDPR empezará a utilizar una tecnología destinada a «reciclar las que han llegado al final de su vida útil» y disminuir así aún más el impacto medioambiental de la eólica.

Se trata del sistema R3fiber, un proceso desarrollado por Thermal Recycling of Composites, filial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) destinada a diseñar tecnologías de reciclado de materiales compuestos, que ha sido puesto a punto por el grupo dirigido por Félix López Gómez en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y se basa en un proceso de transformación termoquímica. «Las resinas de las palas se transforman en combustibles líquidos y gases combustibles y podemos obtener fibras de vidrio o de carbono, que pueden reutilizarse», ha señalado Díaz.  Aunque en principio «no existen limitaciones en el aprovechamiento de materiales reciclados», Díaz ha reconocido que «su destino habrá que buscarlo en almacenes y depósitos» en las inmediaciones de los parques eólicos.

Por comunidades autónomas, Castilla y León es la que tiene mayor potencia instalada (243 parques), seguida de Castilla-La Mancha (139) y Andalucía (153). Actualmente España ocupa la cuarta posición a nivel mundial tras China, Estados Unidos y Alemania, y representa el segundo mercado más grande para EDPR, después del norteamericano. La gestión ambiental de las palas de los aerogeneradores comenzará con una pieza averiada procedente de un parque eólico de la provincia de Tarragona, puesto que R3fiber puede aplicarse también a las que han sufrido algún tipo de daño y han quedado inservibles para su uso. Díaz ha destacado como ventaja adicional de este proceso de reciclaje el hecho de que no produce más residuos.

La actividad habitual de los aerogeneradores crea otros desechos como acero, cobre o aceites pero «todos ellos disponen de una tecnología de reciclaje mucho más madura», motivo por el cual Díaz define el reciclaje de las palas como «el mayor reto» de su industria. Es, además, «un cambio en el modo de hacer las cosas, ya que supone una clara apuesta por la economía circular que saca el mayor provecho de los materiales» y constituye un ejercicio de «desarrollo sostenible y medioambiental». La compañía EDPR cuenta, de acuerdo con sus datos de 2016, con una capacidad instalada total de 2.371 MW en 8 regiones españolas.

El PSOE pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y volver a extender a 25 años sus ayudas

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Europa Press.- El PSOE reclama facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. Los socialistas alegan que los recortes aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras una sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que tres plantas tuvieran que detener su actividad.

Asimismo, advierten de que a 16 de las 29 plantas de tratamientos de purines les quedarían 3 años de vida útil regulatoria, período en que las plantas devengan prima, «además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de 3 años paradas». Por esta razón, el PSOE registró una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Energía en la que piden facilitar la reapertura de estas plantas, pues defienden que éstas «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica», adoleciendo únicamente una regulación adecuada.

Asimismo, también instan a restablecer «en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria», argumentando que la propia Ley del Sector Eléctrico señala que «en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores«. Por último, los socialistas instan al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las comunidades autónomas, los municipios y con los departamentos ministeriales implicados.

La CNMC advierte a Energía de que su plan para los purines dejaría a la mitad del sector sin retribución

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de que su propuesta sobre la revisión retributiva para las plantas de purines de porcino dejará a más de la mitad de las instalaciones sin retribución.

Concretamente, la CNMC señala en un informe, sobre la propuesta de orden de parámetros retributivos para instalaciones tipo de tratamiento y reducción de purines, que la intención de Energía de reducir la vida útil regulatoria de las plantas de 25 a 15 años hará que, antes de que concluya 2017, más de la mitad de las 33 instalaciones existentes ya hayan alcanzado o superado el tiempo durante el cual tienen derecho a recibir retribución. El regulador ha recordado que, además, muchas de esas instalaciones, de gran importancia para prevenir el impacto medioambiental que tendrían unos residuos como los purines en caso de filtración en el subsuelo, han estado inactivas durante gran parte de 2014, así como en 2015 y 2016.

La propuesta de Energía obedece a una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2016 en la que se declaran nulos algunos elementos que formaban parte de la retribución a las plantas de tratamiento de purines porcinos.Además, el Supremo declaró que la orden ministerial IET/1045/2014 de parámetros retributivos ignoró las «singularidades» que la normativa precedente había reconocido a estas instalaciones con respecto a las de cogeneración. Tras la elaboración de la propuesta para cumplir la sentencia, el regulador ha redactado un informe en el que realiza varias observaciones acerca de la futura regulación propuesta por el Ministerio de Energía.

Aparte de las consideraciones sobre la posible retirada de la retribución, la CNMC advierte de que Energía, al calcular la nueva vida útil regulatoria de 15 años, parece considerar que, de forma genérica, una planta de tratamiento de purines funciona 8.000 horas anuales. «Incluso antes de la reforma regulatoria de 2014 pocas plantas han logrado tales niveles de actividad, dado que supondría que estarían funcionando de forma constante y a plena carga durante 11 meses de producción ininterrumpida», replica el regulador. La CNMC recuerda que la sentencia del Supremo no requiere al Ministerio que modifique la vida útil regulatoria de las plantas y, en todo caso, considera que los cambios propuestos «no estarían adecuadamente justificados».

Finalmente, en lo referido a los precios del gas natural que se tienen en cuenta para retribuir la operación de las plantas de purines, la CNMC señala que se debería adoptar un “criterio homogéneo”. De esta forma, en cada momento se utilizaría el mejor valor disponible, en función de datos reales, siempre que esto fuera posible. La propuesta del Ministerio incluye una serie de precios reales y estimados, de forma que el ajuste por las bajadas en el coste de combustible registradas en 2016 se podría repercutir a las plantas de purines dos veces, en lugar de una, señala. Este desfase, señala el organismo regulatorio en su informe, podría prolongarse, en el peor de los casos, hasta finales de 2019.

Además de las dos sentencias del Supremo de junio del año pasado que anuló dos anexos de la orden de parámetros retributivos, una nueva resolución de este tribunal ha vuelto a dar la razón a la empresa Energyworks en respuesta a otro recurso en el mismo sentido y ordena a la Administración a que en un plazo de cuatro meses apruebe una nueva regulación que sustituya a la de la instalación tipo que anula ahora por ser disconforme a derecho.

La operación a largo plazo de las centrales nucleares es posible con igual o mayor nivel de seguridad, según expertos

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Europa Press.– La operación a largo plazo de las centrales nucleares, más allá de la vida de diseño inicial, es posible «con igual o mayor» nivel de seguridad y fiabilidad, según unos 60 expertos del sector nuclear reunidos en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Así, en la jornada técnica anual Renovación de licencia para operación a largo plazo, técnicos de centrales nucleares, empresas eléctricas, diseñadores de centrales, empresas del sector o suministradores de equipos, han analizado la operación a largo plazo de las centrales nucleares españolas. Desde la SNE se ha destacado que el sector en su conjunto proporciona 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos a tiempo completo y de alta cualificación técnica.

Se trata de una tendencia «consolidada» a nivel internacional que supone operar las plantas más allá de la vida inicialmente contemplada de diseño, una vez verificada por el titular y validada por el organismo regulador competente la capacidad para funcionar de forma segura durante el nuevo periodo solicitado. En la actualidad, de las 449 centrales en operación en el mundo, 105 ya cuentan con una licencia para operar más allá de los 40 años. En Estados Unidos, 81 de las 99 centrales nucleares cuentan con autorización para operar hasta los 60 años y varias de ellas han iniciado el proceso para solicitar una renovación por 20 años adicionales bajo un programa denominado Life beyond 60.

La operación a largo plazo

En España, según recuerda la SNE, la legislación permite operar las centrales más allá del diseño inicial de 40 años bajo las bases de la Revisión Periódica de la Seguridad de la central, la evaluación y supervisión continúa de la instalación y la revisión del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento de la central. Durante la jornada se expuso una visión general del proceso de renovación de licencia para la operación a largo plazo, así como consolidar un buen abanico de actuaciones a abordar relacionadas con dicho proceso.

Igualmente se destacó también que mediante la permanente actualización tecnológica de las plantas y a un constante esfuerzo inversor en I+D+i durante la operación de las mismas, las centrales españolas invierten en torno a 40 millones de euros por reactor y año. Finalmente, la SNE reclama un pacto de Estado que de estabilidad a un elemento estratégico para el desarrollo económico y social. Así, aboga por abordar un debate abierto, fundamentado y riguroso a partir del cual se defina el modelo de suministro eléctrico y cómo se va a hacer frente a la necesidad de energía sostenible, segura, fiable y respetuosa con el medio ambiente.

El PSOE propone en el Congreso una ley para evitar la reapertura de centrales nucleares que hayan cesado su actividad

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Europa Press.- La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha registrado una proposición de ley para impedir la reapertura de centrales nucleares cuando haya sido acordado su cese definitivo, tal y como podría ocurrir con la central nuclear de Garoña (Burgos), tras el informe favorable a su reapertura del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«El objetivo de esta iniciativa es impedir que pueda acordarse la autorización de explotación, o su renovación, de una central nuclear, cuando previamente ha sido acordado su cese definitivo, con independencia de las razones que hubieran motivado dicho cese«, explicó Lucio. Para ello, los socialistas plantean declarar nulas, también, las autorizaciones que pudieran haber sido acordadas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Lucio recuerda que Garoña se convirtió en 2006 en la central nuclear en activo «más antigua de España». También ha explicado que es una planta de primera generación, de tecnología similar a la de los reactores de Doel en Bélgica y de Fukushima en Japón, y «ha quedado obsoleta por su tecnología y por la duración de su ciclo de vida, lo que la convertiría en una central de alto riesgo si volviera a operar».

Por ello, Lucio cree que «esta central ha cumplido su ciclo de vida útil y ya está amortizada». «En el momento actual, no tiene ninguna lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad. Por el contrario, es necesario que la empresa propietaria de la central ponga en marcha los trabajos de desmantelamiento de la misma», ha concluido.

Podemos presentó otra proposición de ley para que las plantas nucleares se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto de la formación morada exija al Gobierno la elaboración, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de las centrales nucleares.