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Los eurodiputados españoles piden a la Comisión Europea interceder para evitar el cierre de Siemens Gamesa en Miranda de Ebro

EFE.- Al tiempo que Siemens Gamesa cerró un acuerdo con dos filiales de la compañía eléctrica estatal sueca Vattenfall para el suministro de 41 aerogeneradores en Dinamarca, con una capacidad combinada de aproximadamente 350 megavatios (MW), los eurodiputados españoles han reclamado, en una iniciativa iniciada por el PSOE y dirigida a la Comisión Europea, que se interceda ante Siemens Gamesa para evitar el cierre de sus instalaciones en Miranda de Ebro.

En una acción conjunta, los grupos españoles en el Parlamento Europeo han dirigido por carta la petición a la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y a la comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska. En la misiva, explicaron la situación que está viviendo la empresa Siemens Gamesa, que el 29 de enero anunció su intención de cerrar las instalaciones de Miranda de Ebro (Burgos) y reclamaron al Ejecutivo comunitario que se dirija a la dirección de Siemens Gamesa «para que reconsidere su decisión» sobre el cierre de esa planta.

En el texto se detalla que el número de trabajadores afectados por el cierre es de 133, a los que hay que añadir otro número importante de empresas auxiliares. Entre otros, firmaron la carta a la Comisión Europea los portavoces de cada delegación: Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP), Miguel Urbán (Podemos), Marina Albiol (IU) y Javier Nart (C’s).

Acuerdo con la sueca Vattenfall

Las turbinas, que se ubicarán cerca de la costa oeste de Dinamarca en el Mar del Norte, se instalarán en 2020 y estarán listas para su puesta en marcha a finales de ese mismo año. El pasado noviembre, Vattenfall ya eligió a Siemens Gamesa para suministrar las turbinas de 3 nuevos parques eólicos marinos en Dinamarca. La inversión total ascendió a casi 1.700 millones de euros, repartidos entre los parques de Kriegers Flak, en el mar Báltico, y Vesterhav Syd y Nord, en el Mar del Norte, que proporcionan, en conjunto, energía a alrededor de un millar de hogares daneses.

El Tribunal Constitucional de Alemania avala el derecho de las compañías eléctricas a recibir compensaciones por el apagón nuclear decretado

EFE.- El Tribunal Constitucional de Alemania avaló el derecho de las compañías eléctricas a recibir una compensación «adecuada» por las pérdidas derivadas de la decisión del Gobierno de este país de acelerar el apagón nuclear tras la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011. La decisión del Tribunal Constitucional es la respuesta a la demanda que presentaron E.ON, RWE y la sueca Vattenfall después de que el Ejecutivo alemán decidiera cerrar las nucleares del país para 2022.

Las eléctricas reclamaron ser compensadas por los daños millonarios derivados de esa regulación, ante las inversiones realizadas en vano y los volúmenes de producción con los que ya no se generará electricidad como consecuencia del apagón nuclear definitivo. Según la sentencia, el Legislativo deberá aprobar antes de finales de junio de 2018 la correspondiente regulación para definir las compensaciones, que no fueron contempladas en la ley que estableció el apagón nuclear. En la lectura de su resolución, el vicepresidente del Constitucional, Ferdinand Kirchhof, confirmó, no obstante, el derecho constitucional del Gobierno a establecer fechas fijas para el apagón de todas las centrales nucleares del país.

La ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, se mostró «muy satisfecha con la resolución» del Tribunal Constitucional que confirma en esencia, argumentó, la constitucionalidad del apagón nuclear. «Tanto el establecimiento de fechas concretas de desconexión como también el calendario de cierres graduales son conformes a la Constitución», así como la anulación de la prolongación en 2010 de la vida útil de las centrales y la propia ley relativa al apagón nuclear, subrayó. Agregó que «las demandas de los consorcios energéticos por miles de millones quedan descartadas» con la resolución, al tiempo que destacó que el calendario del apagón se mantiene.

En tanto, el vicepresidente de los socialdemócratas, Ralf Stegner, afirmó que el «rumbo errático» de la canciller, Angela Merkel, «costará millones a los contribuyentes». Recordó que después de que socialdemócratas y verdes acordaran en 2002 el abandono de la energía nuclear, Merkel decidió salirse de este rumbo, con un «abandono del abandono», al que tras Fukushima siguió un «abandono del abandono del abandono», argumentó. «Si ahora los consorcios nucleares deben ser indemnizados por sus inversiones, la culpa es únicamente de Merkel«, sentenció. Por su parte, el líder de Los Verdes, Anton Hofreiter, exigió limitar las indemnizaciones «al mínimo necesario» y señaló que se está pagando que el Gobierno de conservadores y liberales «sencillamente trabajara mal».

La sentencia no supone todavía la adjudicación de una indemnización para las eléctricas, pero crea la base para que las compañías puedan defender sus reivindicaciones en futuros procesos o a nivel extrajudicial. Aunque no se conoce la suma concreta que podrían estar reclamando las empresas energéticas en materia de indemnización, los expertos calculan que podría ascender a 19.000 millones de euros. Los consorcios energéticos reclamaron su derecho a una indemnización ante el cambio de la política energética del Ejecutivo tras la tragedia de Fukushima, un adelanto del cambio de modelo energético que equipararon a una expropiación por las inversiones que habían realizado hasta ese momento.

Esas inversiones estaban en consonancia con el concepto energético a largo plazo del Gobierno alemán a finales de 2010. En esta política energética se veía la energía nuclear como una «tecnología puente», añade E.ON, que había invertido varios cientos de millones de euros en prolongar la vida de sus plantas nucleares. El adelanto del apagón nuclear y el rápido cambio de modelo energético devaluaron estas inversiones y las compañías energéticas no han recibido ningún tipo de compensación. El Constitucional alemán considera que el legislador debería haber tenido en consideración estas pérdidas al tomar la decisión.

La coalición de Gobierno entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y los liberales del FDP decidió en 2011 tras la tragedia nuclear japonesa dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado en 2010. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario gradual de cierres de las entonces 17 centrales nucleares todavía en funcionamiento, las últimas para 2022, unos 10 años antes de lo que había previsto antes.

E.ON celebra recibir las indemnizaciones

La energética E.ON dio la bienvenida a la decisión del Constitucional alemán de que las energéticas reciban una indemnización por el adelanto del apagón nuclear. «El Tribunal reconoce sobre todo la importancia de la confianza en lo que se refiere a las inversiones hechas sobre la base de decisiones políticas», señaló E.ON, que se mostró dispuesta a dialogar de forma constructiva con el Gobierno alemán sobre la indemnización y es consciente de que la negociación durará algún tiempo y no espera recibir pronto ningún pago.

E.ON y RWE subieron con fuerza en Bolsa después de que el Tribunal Constitucional alemán les diera la razón y declarara el adelanto del apagón nuclear parcialmente inconstitucional porque no hay indemnización para las empresas. E.ON ganaba en la bolsa de Fráncfort un 4%, hasta 6,38 euros, y RWE subía un 2,5%, hasta 12 euros. Nada más conocerse la decisión judicial llegaron a subir con fuerza más de un 5%.

Pacto en Suecia entre socialdemócratas, ecologistas y conservadores que permitirá construir 10 nuevos reactores nucleares para sustituir a los existentes

EFE.– El Gobierno rojiverde sueco, formado por socialdemócratas y ecologistas, presentó un acuerdo en política energética con la oposición conservadora que permitirá construir hasta 10 nuevos reactores para sustituir a los ya existentes y eliminar una tasa a la producción de energía nuclear. Suecia, que ya suspendió en 2010 la moratoria nuclear para posibilitar que hubiera nuevos reactores, permitirá así reemplazar los 10 ya existentes en las tres centrales, controladas por la estatal Vatenfall, la alemana E.ON y la finlandesa Fortum.

La supresión de la tasa, que se realizará de forma progresiva en dos años a partir de 2017, era una reclamación de las nucleares, que aseguraban que ponía en peligro la rentabilidad de las centrales. La propia estatal Vatenfall ya había anunciado el año pasado el cierre de dos de sus reactores en la central de Ringhals antes de 2020 por motivos económicos. Los ingresos de 486 millones de euros que obtenía el Estado con esa tasa serán compensados con una subida de la factura de la luz a los hogares suecos, según anunció el ministro de Energía, Ibrahim Baylan.

El acuerdo, pactado con conservadores, cristianodemócratas y centristas, fija también el objetivo de que la producción eléctrica en 2040 proceda al 100% de energías renovables, aunque «no se trata de una fecha final que prohíba la energía nuclear y tampoco supone el cierre de centrales mediante decisión política». «Es un día histórico, por primera vez hay un acuerdo en política energética amplio y a largo plazo que le dará a Suecia un sistema eléctrico robusto con suministro seguro, bajo efecto medioambiental y precios competitivos», dijo el primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven, que gobierna en minoría con los grupos ecologistas.

El Gobierno alemán defiende el apagón nuclear en 2022

EFE.- El Gobierno alemán defendió ante el Tribunal Constitucional su decisión de acelerar el apagón de todas las centrales nucleares para 2022, en el proceso por una demanda presentada por los consorcios energéticos alemanes E.On y RWE y el sueco Vattenfall. «Precisamente también por las décadas de controvertido debate social como trasfondo, no era factible continuar de la misma manera», declaró durante el juicio la titular de Medio Ambiente alemana, Barbara Hendricks.

En ese sentido, se mostró convencida de que determinar por ley una fecha definitiva para el apagón nuclear contribuye a aplacar la controversia de décadas en torno a la energía atómica. «Entre tanto existe un amplio consenso social respecto a que en un futuro las necesidades energéticas se cubran en la medida de lo posible con energías renovables», agregó. De hecho, recordó que ya en 2002 se había acordado el apagón definitivo y subrayó que la ley de 2011 hace referencia a este consenso. «El hecho de que se avanzara en el apagón nuclear no es ninguna circunstancia nueva», sentenció.

En tanto, los consorcios energéticos E.On, RWE y Vattenfall subrayaron su derecho a una indemnización ante el cambio radical de la política energética del Gobierno alemán tras la tragedia de Fukushima, que equiparan a una expropiación. El cuarto gran suministrador energético, EnBW, comparte esta interpretación jurídica pero no participa en la demanda, pues más del 98% pertenece a manos públicas.

En opinión del presidente de la junta directiva de E.On, Johannes Teyssen, esta decisión política debe ser sostenida de forma solidaria por toda la sociedad, pues de lo que se trata en definitiva es de una «compensación justa«. En tanto, el presidente de la junta directiva de RWE Power AG, Matthias Hartung, subrayó que los legisladores pueden por supuesto llevar a cabo una nueva evaluación de la energía atómica, pero señaló que esto debe ocurrir siempre en el marco constitucional.

La coalición de gobierno entre la CDU de la canciller, Angela Merkel, y los liberales del FDP, decidió en 2011 tras la tragedia nuclear de Fukushima dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado el año antes. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario de cierres gradual de las entonces 17 nucleares todavía en funcionamiento, las últimos a más tardar en 2022.

Paralelamente, los consorcios están negociando con el Gobierno el reparto de la enorme carga económica y de riesgos que supondrá el desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento de los residuos atómicos. Berlín reclama para hacer concesiones la retirada de todas las demandas, por lo que no queda descartado que Gobierno y consorcios energéticos lleguen a un acuerdo extrajudicial.

Standard & Poor’s cifra en 100.000 millones de euros el pasivo de 8 eléctricas europeas en el sector nuclear

Europa Press.- Standard & Poor’s advierte del fuerte pasivo por valor de 100.000 millones de euros que 8 eléctricas europeas, ninguna de ellas española, deben afrontar para responder a los costes de desmantelamiento de centrales nucleares o relacionados con los residuos de estas plantas. La agencia advierte de que las provisiones a las que deben hacer frente estas compañías para estas 2 actividades durante los próximos 20 años pueden tener efectos negativos sobre los rating de las corporaciones.

Las 8 eléctricas que acumulan a cierre de 2014 este pasivo son las francesas EDF y Engie, las alemanas E.ON, EnBw y RWE, la sueca Vattenfall, la finlandesa Fortum y la checa CEZ. «Dada la tensión sobre los rating de las eléctricas europeas con fuerte exposición a la nuclear, y que estas empresas generalmente operan con un apalancamiento financiero altamente ajustado, cualquier cambio en la valoración de sus provisiones puede afectar a sus parámetros crediticios y a su liquidez«, indican los analistas de la agencia, que añaden que el valor de las provisiones nucleares son más difíciles de calcular que el de otras obligaciones crediticias.

Vattenfall adelantará un lustro el cierre de dos reactores nucleares

El descenso de la rentabilidad por la caída de los precios de la electricidad prevista para los próximos años y el aumento de los costes son la causa apuntada por Vattenfall, que tiene el 70,4% de la central, la de mayor capacidad de este país escandinavo.

El plan inicial era apagar los dos reactores, activos desde mediados de la década de los 70, en 2025, pero Vattenfall pretende hacerlo ahora entre 2018 y 2020.

La decisión final se debe tomar por el consejo de administración de Ringhals AB, en el que la alemana E.ON tiene el restante 29,6%, y requiere la unanimidad de los dueños.

«La decisión de Vattenfall es una cuestión económica. Es una pena apagar unidades de producción que funcionan bien, pero a veces es inevitable», señaló Torbjörn Wahlborg, un alto cargo de la firma, en un comunicado difundido al publicarse el balance de la empresa.

Vattenfall informó también de que mantiene la previsión de que sus otros cinco reactores nucleares en Suecia -Ringhals 3 y 4 y los tres de la central de Forsmark- sigan con vida hasta al menos 2040.

El Parlamento sueco aprobó en 2010 el fin de la moratoria para construir nuevos reactores, aunque estableciendo que los viejos deben ser desmantelados a la vez que se construyen los nuevos, de modo que el número total no exceda el existente. Suecia cuenta con diez reactores repartidos en tres centrales: Ringhals, Oskarshamn y Forsmark.

El Gobierno rojiverde en minoría formado en octubre pasado firmó hace unos meses un compromiso genérico para sustituir la energía nuclear por las renovables en el futuro y buscar un amplio acuerdo con otros partidos sobre política energética.