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Los cogeneradores celebran el apoyo de la Comisión Europea a su actividad

Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) mostró su satisfacción con la respuesta emitida por la Comisión Europea acerca de la actividad de cogeneración, a la que el Ejecutivo comunitario reconoce su contribución a la eficiencia energética y a la productividad de la industria. A comienzos de julio, los eurodiputados de ALDE, Carolina Punset, Javier Nart y María Teresa Giménez Barbat preguntaron a la Comisión Europea sobre la contribución y evolución de la cogeneración al ahorro de energía en la Unión Europea, explica Acogen.

La pregunta ya ha sido respondida por el comisario Miguel Arias Cañete, en unos términos que tanto el sector europeo de la cogeneración como sus industrias asociadas valoran «positivamente, tanto por la información incluida como por sus directrices de acción política». La pregunta de los europarlamentarios señalaba el papel clave de la cogeneración para lograr el objetivo de ahorrar el 20% de la energía para el año 2020, establecido en la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, y se interesaba por su evolución en la Unión Europea, mencionando la situación en España, donde 350 de las 1.000 instalaciones existentes han parado.

Retroceso progresivo de la cogeneración

«La respuesta ha puesto de manifiesto la importancia de los ahorros de energía primaria y de la cogeneración, así como el seguimiento que está haciendo la Comisión Europea, que ha detectado un retroceso del 1% anual de la cogeneración en la Unión Europea en el periodo 2005-2013″, señala Acogen. La Comisión, explica, insta a revertir esta situación de retroceso, dadas las aportaciones de la cogeneración a la eficiencia y a la productividad industrial. Asimismo, la Comisión confirma estar analizando los estudios de Potenciales de Cogeneración de alta eficiencia que exige la normativa y que le han remitido los Estados miembros.

El resultado electoral abre semanas de incertidumbre

El PP ganó las elecciones generales de 2015 pero no son pocos los que creen que el próximo año tocará volver a las urnas dada la dificultad para formar mayorías estables. En el apartado energético, el ministro José Manuel Soria, Guillermo Mariscal, Pablo Matos (todos del PP), Pilar Lucio (PSOE), Pedro Azpiazu (PNV) y Juan López de Uralde (Podemos/EQUO) obtuvieron sus correspondientes escaños.

El PP ha cimentado su mensaje electoral en el continuismo y en la estabilidad en el Gobierno, apoyándose en unos indicadores económicos que han mejorado los números pero que esconden múltiples lecturas detrás, tal y cómo ha demostrado una victoria menor que sacrifica 63 escaños, 16 puntos y 3,5 millones de votos. En lo que atañe al mundo energético, las miradas al PP se concentraban en Canarias al realizar el escrutinio para valorar quiénes podrían ser las voces de la energía en la nueva legislatura.

En la legislatura de las prospecciones petrolíferas, aumentó notablemente el voto, pasando de un 59% a un 65%, con un importante auge de Podemos, que irrumpió con fuerza en Canarias siendo la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. El descenso del PP en votos fue similar a la caída sufrida a nivel nacional. Aún así, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por la circunscripción de Gran Canaria, como por Tenerife el presidente de la comisión del área en el Congreso durante esta legislatura, Pablo Matos, se hicieron con la victoria. Asimismo, el portavoz del PP de Energía en esta comisión, Guillermo Mariscal, obtuvo su escaño sin problemas.

También ganó las elecciones en su circunscripción Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y el principal valedor del nacimiento de esta formación política en 2011 después de abandonar su cargo de director ejecutivo de Greenpeace. Uralde concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos, por delante del PP (33.609), EAJ-PNV (28.297) y PSE-EE (25.293).Complicada para esta formación poder optar al Gobierno aunque en energía comparten muchos puntos con el PSOE, tal y como se pudo comprobar en la entrevista en la que afirmaba que «reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción”.

3.000 votos separaron a Pilar Lucio de alzarse con la victoria en la circunscripción de Cáceres, triunfo que sí logró el PSOE en Badajoz. En cualquier caso es buen dato para los socialistas el empate con el PP y haber frenado el auge de los partidos emergentes, que no alcanzan representación. El tiempo dirá si Lucio se ocupa de los temas energéticos de la formación en el Congreso, dada su vocación más centrada al Medio Ambiente, en otra comisión parlamentaria durante esta legislatura. Otro socialista que consigue escaño es el asturiano Antonio Trevín, habitual orador en la comisión cuando se trata la minería del carbón.

Finalmente, otro diputado que es ya un clásico en estas lides es Pedro Azpiazu (PNV), que acudió como número 2 por la circunscripción de Vizcaya, la única en la que ganaron los nacionalistas vascos. En el capítulo de ausencias, en la nueva legislatura no estarán, entre otros, algunos que no obtuvieron escaño como Josep Sánchez Llibre, número 2 de la escindida Unió, Ricardo Sixto (Izquierda Plural), y otros que no iban en listas como Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) o el portavoz socialista de Energía, José Segura, cuyas intervenciones en la comisión del Congreso se echarán sin duda de menos en la Carrera de San Jerónimo.

UPyD solicita a la CNMV que investigue el caso Abengoa mientras el PP insiste en que habrá solución

EFE / Servimedia.- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, expresó su deseo de que haya un acuerdo «en los próximos días» para Abengoa, su modelo industrial y sus trabajadores y pidió a todas las partes «diálogo constructivo«. Mientras tanto, el candidato de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) a la presidencia del gobierno, Andrés Herzog, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que solicita que se investigue la situación de Abengoa.

UPyD pide que se investigue la falta de transparencia e integridad en la gestión de la entidad, el posible uso de información privilegiada y las indemnizaciones a los directivos de la entidad, que el propio Herzog calificó como «indecentes» antes de presentar la denuncia. El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, que han abandonado el grupo este año, suman unas indemnizaciones de más de 20 millones de euros.

Herzog resaltó que muchos pequeños inversores «han perdido todos sus ahorros» y espera que, si la denuncia prospera, las multas que se impongan afecten a «esos señores que, a pesar de haber hundido la compañía, se han llevado indemnizaciones millonarias», de los que espera que «devuelvan ese dinero y den explicaciones«. El portavoz nacional de UPyD no descartó que el proceso acabe en la vía judicial, ya que considera que las instituciones públicas están «politizadas«. En concreto, ha apuntado que la CNMV está dirigida por Elvira Rodríguez, una persona que «está totalmente vinculada al PP», por lo que duda que tenga «incentivos para investigar y hacer su trabajo con independencia» ya que considera que la investigación debería «hacerse de oficio».

UPyD denuncia la posible comisión de infracciones «muy graves» en relación al incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado y relativas a la oferta pública de adquisición. El partido dice que Abengoa pudo ocultar la realidad económico-financiera de la compañía al menos en los últimos 12 meses. También indica que al menos desde noviembre de 2014 existían sospechas sobre la realidad de los estados financieros de la sociedad, lo que podría haber afectado «de forma determinante a su cotización en Bolsa», desplomándose su cotización más de un 50% en poco tiempo, y generado «un importante perjuicio» a los pequeños accionistas, cuyo único modo de conocer los estados reales de la sociedad son los documentos por está facilitados.

Esta situación desembocó, indica UPyD, en un período de desestabilización de los mercados cuya consecuencia fueron cuantiosas pérdidas, especialmente para los pequeños inversores. Con las futuras correcciones por las auditoras de las empresa, añade, queda patente que las cuentas no cuadran y que el montante del endeudamiento de la empresa podría oscilar entre los 20.000 y los 30.000 millones de euros. Lo cierto, indica UPyD, es que ni siquiera Abengoa es capaz de dar una cifra de endeudamiento definitiva, ni KPMG (la entidad auditora encargada de verificar la situación real de la sociedad) ha conseguido que le cuadren las cuentas.

Además, señala la denuncia, Sánchez Ortega, que abandonó la sociedad unos meses atrás supuestamente por motivos de salud, fichó poco después por la sociedad Blackrock, una de las mayores gestoras de fondos del mundo. En un «movimiento sospechoso de haberse realizado bajo información privilegiada«, continúa, esta firma atacó la cotización de la sociedad en agosto tras hacerse pública las primeras dificultades financieras al apostar a la baja. UPyD considera que es un claro indicio de que al menos una parte de los consejeros de la sociedad eran conscientes de los estados financieros reales, o al menos lo sospechaban, habiendo decidido rescindir su vínculo con la sociedad a la vista del presumible futuro que le esperaba.

Fátima Báñez pide «diálogo constructivo»

Por su parte, Fátima Báñez, expresó su deseo de que haya un acuerdo «en los próximos días» para Abengoa, su modelo industrial y sus trabajadores. La ministra precisó que, como responsable de empleo, lo que más le preocupa de Abengoa son los trabajadores, a los que lanzó «un mensaje de tranquilidad»: «Estamos en tiempo, tenemos por delante tres o cuatro meses para buscar una solución de medio y largo plazo», dijo. Una solución, recordó, para una compañía que es «estratégica en España y Andalucía, modelo en innovación y capital humano».

«Si las partes tienen diálogo constructivo, con los gerentes de la compañía, los bancos y administraciones públicas, podemos buscar una solución que pase por la búsqueda de un socio industrial que le dé estabilidad al modelo de negocio de la empresa y que, con ello, se mantengan los empleos que son fundamentales en todo el mundo, pero sobre todo en Andalucía, donde casi 7.000 personas dependen directamente o indirectamente de Abengoa», precisó. Bañez insistió en que se trata de una compañía privada que está en «un momento de diálogo con gestores, con bancos y con todas las personas implicadas en este proyecto de presente y futuro; hay que ser constructivos».

Nuevas reuniones con la banca

Para este miércoles estaba prevista una nueva reunión de la empresa con sus bancos acreedores y con la asesora de estos, KPMG. El objetivo de la reunión pasa por lograr un acuerdo que permita hacer llegar a la compañía la liquidez que necesita para afrontar pagos urgentes, principalmente a empleados y proveedores. Este desbloqueo de la liquidez es el primer escollo del proceso de reestructuración de Abengoa, iniciado el pasado 25 de noviembre con la presentación del preconcurso de acreedores.

La banca, como principal acreedor de Abengoa, que suma una deuda financiera de más de 9.000 millones, ha planteado desde el principio sus dudas respecto a las condiciones reales de la deuda de la compañía, por lo que encargó a la consultora KPMG un estudio detallado de esta. En un encuentro celebrado la pasada semana, la compañía cifró en 450 millones de euros sus necesidades de liquidez para los próximos cuatro meses, de los que 100 millones se concentrarían en lo que queda de año.

La oposición en el Congreso reprocha a Soria que su presupuesto no apoya a la industria ni a las renovables

Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados reprocharon al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que las cuentas que ha preparado para su departamento en 2016 no contribuyen a la reindustrialización ni al desarrollo de las energías renovables, pese a tratarse de sectores fundamentales para consolidar la recuperación.

Durante el debate de las enmiendas de la oposición al proyecto de Presupuestos para 2016, la portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, afirmó que las cuentas «consolidan el freno a la reindustrialización y al desarrollo de un modelo energético alternativo e innovador basado en las renovables«. «La industria no es una prioridad para el Gobierno», acusó, avisando de que «difícilmente» se alcanzará el objetivo del que el 20% del PIB sea industrial en 2020. Además, lamentó que no se haya «sabido aprovechar el impulso externo para consolidar un cambio de modelo productivo que asegure un crecimiento sostenible y permanente» y que la «caótica gestión energética» sólo haya servido para «desincentivar» el ahorro y las renovables.

Por la Izquierda Plural, el diputado Josep Pérez Moya coincide en que el Gobierno «renunció a dotar al país de un modelo industrial que, desde el respeto al medio ambiente, permita una salida justa de la crisis» y que durante toda la legislatura haya «supeditado los intereses de los españoles» a los de la banca alemana o a los «intereses especulativos» de la industria energética. Mientras, el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lamentó que sean «continuistas» y «muy conservadores» ya que financian un modelo económico que «ha tenido un papel fundamental en el agravamiento» de la crisis al no apostar por sectores innovadores que dan «dinamismo» a la economía y generan empleo de calidad.

Por Convergència (CDC), Pere Macias puso en duda que los Presupuestos de Industria contengan las medidas «necesarias para dinamizar la reindustrialización que el país necesita», según esgrime el Gobierno, y advierte de que aunque en algunos sectores como el del automóvil «las cosas se han hecho razonablemente bien» en otros «se están haciendo bastante mal». Igualmente, echó en falta una «política decidida de apoyo a las pymes» y la apuesta por el vehículo eléctrico como el mejor instrumento para poner en valor el exceso de potencia eléctrica instalada que hay en España, lo que se suma a las decisiones que se han adoptado en contra del desarrollo de las renovables.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que estos Presupuestos se presentan en un contexto económico totalmente diferente al de años anteriores por el crecimiento y por la creación de empleo. Así, aseguró que con estas cuentas se «consolidará» la recuperación, que a su juicio es «sostenible y clara» siempre y cuando «persista esta política económica», particularmente en los ámbitos de su competencia. «Que la recuperación sea o no irreversible dependerá de que se mantenga el signo de la actual política económica, que ha generado confianza y credibilidad. La única sombra en el horizonte es que haya un giro radical en el signo de la política económica», advirtió.

A renglón seguido, Soria resumió las principales cifras de su departamento, explicando que la ligera caída del gasto se debe, entre otras cosas, a los menores costes del sistema eléctrico o al fin de las inversiones para reantenización. Y subrayó particularmente la buena marcha del turismo, que vinculó entre otras cosas a la buena calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) gestionado por las comunidades autónomas o a la seguridad.

El presupuesto de Industria para 2016 alcanza los 7.269 millones de euros, un 10,6% menos, como consecuencia del descenso del 14,8% del presupuesto no financiero, hasta 4.889 millones. Este descenso se debe a la reducción o desaparición de partidas como la destinada a financiar los costes del sistema eléctrico, el Plan PIVE o la eficiencia energética. El mayor porcentaje del presupuesto corresponde al área de Energía, con 4.226,5 millones, un 12,45% menos, por la caída de los costes del sistema eléctrico, el ahorro energético y la corrección del déficit eléctrico.

Finalmente, el portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, esgrimió que el actual Ejecutivo ha «afrontado claramente la necesidad de desarrollar los sectores que crean empleo de más calidad» tras la «inactividad» del Gobierno anterior, que generó así numerosos problemas. Así, el diputado defendió que se consiguió la «sostenibilidad» del sistema energético apostando «decididamente» por la eficiencia y las renovables; se «apoyó e impulsó» a sectores tractores en la economía, atrayendo inversiones que «benefician a empresas de alto valor añadido» como el del automóvil o el aeroespacial; y se ha conseguido corregir los errores en la política turística, donde la pasada legislatura «había más presupuesto pero menos inversión y menos turistas».

UPyD pide «medidas concretas» para acabar con el fraude de los contadores denunciado por la CNMC

Europa Press.- La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, pide al Gobierno medidas «urgentes y concretas» para acabar con el fraude de los contadores eléctricos por su manipulación o conexiones ilegales y que no lo sigan pagando los consumidores, habida cuenta de que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este tipo de casos se incrementó en los últimos años.

En una pregunta escrita, la dirigente magenta se hace eco de un informe del superregulador según el cual este tipo de fraude organizado alcanza ya los 150 millones de euros anuales, una cantidad que acaban sufragando los consumidores finales aunque en el 90% de los casos no son ellos los culpables. De hecho, la CNMC publicó incluso una propuesta de modificación del reglamento sobre fraude del suministro eléctrico para luchar mejor contra este fraude «profesionalizado». Entre otras cosas, sugiere una revisión del sistema de incentivos por reducción del fraude que reciben la empresas o que sean las distribuidoras y comercializadoras las que asuman el sobrecoste.

En estas circunstancias, Rosa Díez pregunta al Ejecutivo «qué medidas urgentes y concretas piensa llevar a cabo para evitar que los consumidores sean quienes sufraguen las pérdidas de las compañías eléctricas a raíz de fraudes cometidos por terceras personas» y si no cree que el aumento de la factura de la luz es ya «suficientemente elevado» como para «cargar también a los usuarios esta cuantía».

PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a derogar el real decreto de autoconsumo si el Gobierno lo llega a aprobar

Redacción / Agencias.- 18 partidos políticos, entre los que figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD, entre otros, han firmado su compromiso con el desarrollo del autoconsumo energético «sin barreras discriminatorias» y se han comprometido a derogar durante la próxima legislatura el real decreto actualmente en tramitación por el Gobierno y que puede ser aprobado el próximo septiembre.

Además, el manifiesto presentado por los partidos está firmado por una amplia representación de la sociedad civil entre los que figuran asociaciones de consumidores (Adicae, Asgeco, Facua u OCU), sindicatos (CCOO y UGT), asociaciones empresariales (ACER, Aifoc, Anpier, APPA Fotovoltaica, UNEF o Pimec), ecologistas, como Greenpeace, SEO/BirdLife o WWF España, y movimientos sociales como Ingenieros sin Fronteras o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en defensa, según expusieron en el manifiesto, «del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía«.

Asimismo, tanto los partidos políticos como las diversas asociaciones han firmado un manifiesto por el que reconocen «los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo, solicitan la retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles«. Los firmantes de este manifiesto señalaron que «cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como objetivo favorecerlo«, pues «crea empleo y fomenta la economía local».

Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, en los que el Gobierno propone imponer peajes al autoconsumo, los partidos políticos se comprometen a contribuir a derogar el real decreto y a crear «con la máxima urgencia una normativa realmente favorable» al desarrollo del autoconsumo. En este sentido, se comprometen a eliminar el conocido como impuesto al sol, reconociendo la idoneidad del ahorro y eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas.

Asimismo, las fuerzas políticas denunciaron que la propuesta del Gobierno es parte de «una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética», junto a muchas otras medidas «disuasorias» de un uso más eficiente de la energía como el incremento «abrupto» del término fijo de la tarifa eléctrica. Además, destacan que la propuesta del Gobierno «va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho».

Según la Fundación Renovables, los políticos mostraron su apoyo al manifiesto, que pretende modificar la normativa para fomentar el autoconsumo. La representante de Ciudadanos en la presentación del manifiestoy portavoz del partido en el Parlamento valenciano, Carolina Punset, afirmó que «se está legislando en favor de una minoría privilegiada, que es la del oligopolio de las eléctricas», y agregó sobre el autoconsumo energético que supone «la única posibilidad de ahorro de las familias en un momento de emergencia social«.

Por su parte, Pilar Lucio, secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, se mostró «en contra de cualquier tipo de peaje al autoconsumo», y resaltó la necesidad de «eliminar las puertas giratorias en sectores estratégicos», como es el de la energía. Para el PSOE «porque lo sabemos, hemos tomado esta decisión», señaló en referencia a la presencia de algunos ex dirigentes socialistas en consejos de administración de empresas energéticas.

El ministro Soria defendió el real decreto anunciando que los autoconsumidores «tendrán que contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello». Juan López Uralde, co-portavoz de Equo y ex director de Greenpeace en España, apuntó la paradoja de que «estando en el país del sol, éste no se pueda aprovechar». Asimismo, Uralde señaló que «si en vez de energía pensamos en tomates, esto parece abusivo», al plantear la situación de que una persona que plantara tomates en su balcón tuviera que pagar por la red de transporte de tomates a nivel nacional.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, afirmó que «el PP hace el kamikaze al ir en contra de todos», y criticó duramente la iniciativa del Gobierno por tener a toda la oposición en contra de este proyecto de real decreto. Al finalizar la lectura del manifiesto, los representantes de la oposición al completo, salvando a Unió, que no se adhirió a la iniciativa a diferencia de Convergéncia, se fotografiaron junto a los leones del congreso. También se adhirieron al manifiesto Amaiur, BNG, CHA, Coalición Canaria, UPyD, entre otras formaciones.

El Gobierno dice que con sus medidas ha conseguido que aumente la competencia en los carburantes con más gasolineras independientes

Europa Press.- El Gobierno considera que las medidas adoptadas durante la legislatura para aumentar la competencia en el sector de la distribución al por menor de combustibles y carburantes han producido «un incremento significativo de apertura de nuevas estaciones de servicio independientes«.

En una respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, el Ejecutivo señala que una muestra de este incremento es que durante 2014 se dieron de alta 297 nuevas estaciones, de las cuales 228 no pertenecen a las redes de ningún proveedor al por mayor y 13 corresponden a cadenas de hipermercados y supermercados. En 2013, el Gobierno aprobó un decreto en el que se incluían una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, con el objetivo de aumentar la competencia en el sector de la distribución de los carburantes, facilitando la apertura de nuevas estaciones de servicio y limitando el poder de mercado de los grandes operadores de productos petrolíferos.

Entre estas medidas, se encuentra la limitación de las condiciones de los vínculos contractuales en exclusiva, cuya duración será como máximo de un año y que no podrán incluir cláusulas que fijen o recomienden el precio de venta al público del combustible, así como el veto a que un solo operador pueda abrir más gasolineras si tiene más del 30% de las estaciones de una provincia. El Ejecutivo, que señala que también la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos, ha introducido nuevas medidas en favor de la competencia y transparencia en la formación de precios, considera que los efectos de estas medidas «se esperan a medio y largo plazo».

Además, recuerda que el Ministerio de Industria continúa velando porque la translación de precios desde las cotizaciones internacionales de productos a los precios a los consumidores sea «lo más rápida y transparente posible» y en el caso en el que se produzca un desajuste en la aplicación de las subidas y bajadas de precios «propondrá las medidas adicionales para incrementar la competencia en el sector».

El PP se queda solo frente a las críticas de la oposición por la propuesta de autoconsumo de Industria

Europa Press.- El PP cree que la propuesta de regulación del autoconsumo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) expuso en una proposición de ley que se debatió en el pleno del Congreso es «electoralista» y exigió esperar a que el Ministerio de Industria presente su real decreto, que actualmente está todavía en fase de consulta pública, porque considera que la nueva regulación propuesta dará seguridad jurídica a los autoconsumidores y permitirá desarrollar este sector.

Así lo ha señalado la diputada popular Encarnación Jiménez, que defendió el establecimiento de peajes por el uso de las redes eléctricas para los autoconsumidores para evitar que esta modalidad de generación se desarrolle «a costa de una transferencia de rentas» y haciendo que sean «los consumidores más vulnerables los que soporten los costes fijos del sistema». «Autoconsumo sí, pero con todos los consumidores en igualdad de condiciones», proclamó Jiménez, subrayando los logros del Ejecutivo en materia energética durante esta legislatura, que pasan por «haber conseguido la sostenibilidad financiera y medioambiental del sistema y la garantía de suministro, además del fin del déficit tarifario y la bajada de la factura».

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya (ICV) afirmó que el modelo energético español, requiere de un cambio «radical» pero el Gobierno «hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales y uno de los que deberían ser sus referentes espirituales, el Papa», y plantea una regulación que «penaliza el ahorro y la eficiencia» y perjudica a las renovables y el autoconsumo. «El sentido común y las instituciones van en una dirección y ustedes hacen justo lo contrario: Presentan un decreto para enterrar la autoproducción con un peaje al sol. Somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea«, indicó, acusando a los populares de «poner trabas» para que el autoconsumo sea «inviable».

Por eso, la Izquierda Plural propone modificar la Ley del Sector Eléctrico para que el consumidor que quiera autoconsumir pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes «reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion» y que «en ningún caso puedan ser mayores que los aplicados» al resto de consumidores.

Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, lamenta que generar y consumir la propia energía sea ahora «una utopía irrealizable» en España por culpa del Gobierno, que «hace todo lo posible para que sea inviable«, en contra de la tendencia general en Europa, al establecer multitud de barreras, incluyendo un peaje «intolerable» y que supone un «atraco al bolsillo» de los autoconsumidores, que «ya contribuyen al mantenimiento de las redes con el pago del término fijo».

«Pero el desarrollo del autoconsumo es imparable, por mucho que quieran frenarlo. Es como querer frenar las redes sociales o Internet, no podemos hacerlo porque no es razonable ni justo, y demuestra que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría», acusó Lucio, recordando la multitud de beneficios económicos, sociales y medioambientales de esta modalidad de consumo.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, acusa al Ejecutivo de plantear una regulación «preliberal» más propia de un «feudalismo energético» al establecer una tasa por «algo que uno no necesita», que equivaldría a «tener un huerto y pagar un impuesto al frutero sólo porque vende lo que tú produces en casa». «Es la defensa cerrada de un modelo de negocio fracasado y demuestra que el problema de fondo de la política energética española es precisamente que no existe», añadió el diputado magenta, que aunque reconoce que el autoconsumo no será la «panacea» sí debe «tener un lugar» porque contribuirá a un «cambio de modelo económico, urbano y energético».

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera lamenta que el PP «penalice» el autoconsumo con un peaje «excesivo y de dudosa validez regulatoria» a pesar de tratarse de un sector «incipiente» que ofrece «una gran oportunidad de negocio para las renovables«. «Imponen enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad, a expensas de las grandes aportaciones positivas al consumo eléctrico. Es un desatino, un despropósito. Aislando el autoconsumo, el Gobierno se aleja de Europa y, poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, desafían además el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables«, insistió, reclamando que en ningún caso se «margine» la cogeneración.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, considera «acertado» fomentar el autoconsumo, por sus beneficios para reducción de costes, dependencia energética o contaminación; aunque reconoce sus dudas ante la petición de retirar los peajes para los autoconsumidores con balance neto, dado que utilizan la red y «eso hay que pagarlo», y propone por contra incentivar esta actividad con subvenciones o fiscalmente.

El diputado de ERC Joan Tardà criticó al Gobierno por «defender los intereses contaminantes e incluso mafiosos» del oligopolio energético a costa de una legislación «lobbista e irracional» que «penaliza aún más el desarrollo del autoconsumo» y de las renovables, con las que se podría luchar de forma más efectiva contra la pobreza energética. Pedro Quevedo (CC-NC) ha acusado al Gobierno de producir una «contrarreforma energética» de carácter «ideológico» y de perder una oportunidad para «democratizar un sector opaco» aprovechando energías limpias «mucho más baratas».