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Escal UGS comunica al Gobierno que el MIT y Harvard no realizaron un informe oficial sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- Escal UGS presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica un escrito en el que comunican que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor «no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard».

Según la empresa participada por ACS, dicho escrito «contradice» las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto, calificándolo de «erróneo y descuidado» y sus resultados de «inconscientes, contradictorios e incompatibles». Para Escal, el informe Juanes et al, en alusión a los profesores del MIT y de Harvard que habrían realizado el estudio a título personal y no en representación de sus respectivas escuelas, dice que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, lo que contradice las observaciones instrumentales.

Por ello, Escal UGS considera que las conclusiones de este informe «deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas». «A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa», señala Escal.

En mayo de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacenamiento Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan descartar “ningún problema». El ministro adelantó algunos datos que se desprenden del informe que supuestamente habría sido encargado al MIT y a Harvard, el mismo que ahora Escal UGS desmiente que fuera oficial. Según explicó Nadal, este estudio relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos.

El PDeCAT quiere que Nadal explique en el Congreso las actuaciones del Gobierno respecto al proyecto Castor y su desmantelamiento

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Europa Press.- El PDeCAT exigió en el Congreso la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que explique las actuaciones del Estado en relación con el almacén de gas Castor, así como su futuro desmantelamiento. La formación catalana quiere que Nadal ponga «especial atención» al «cumplimiento de la legislación en las adjudicaciones de este proyecto y detalle costes que tienen que pagar los contribuyentes y los usuarios del sistema gasístico” tras la indemnización de 1.700 millones de euros a Escal UGS.

Del mismo modo, el PDeCAT quiere que se dé cuenta del estudio y las evaluaciones de impacto ambiental realizadas a raíz de los movimientos sísmicos que se registraron en la zona y, más concretamente, el trabajo realizado recientemente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard. Precisamente, a raíz de este estudio, el ministro señalaba que «lo ideal» era cerrar el almacén de gas y desmantelarlo, siempre que fuera un trabajo seguro. Por este motivo, la petición de comparecencia de PDeCAT también pide explicaciones sobre la fecha y el procedimiento para el desmantelamiento del almacén Castor.

Nadal cree que el Gobierno socialista sobredimensionó el almacén Castor y que «lo ideal» es desmantelarlo porque “nunca debió existir”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha puesto en duda la necesidad del proyecto del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), que se planificó en 2006 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se puso en funcionamiento en 2013,»porque una vez construido había que cumplir el contrato», pero, en opinión del actual ministro, «estaba probablemente muy sobredimensionado para las necesidades gasísticas» de España y «nunca debió existir».

Nadal ha recordado que en 2013, tras inyectar el gas colchón, comenzaron unos días más tarde seísmos, de hasta 4,3 magnitud Richter, en toda la zona, especialmente en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y ha admitido que «siempre hubo la pregunta de qué es lo que ocasionó los seísmos y si tenían que ver con Castor», una relación que el informe realizado durante 18 meses por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard ha confirmado e incluso advierte de que podrían ser mayores.

El ministro confirmó que «no hay ningún interés» en tener una instalación que no se podrá utilizar porque el riesgo es «muy alto» en términos de sismología por la posibilidad de provocar terremotos. «Es evidente que un Gobierno que tiene que actuar con prudencia y que en su día tomó la decisión de dejar de inyectar gas, ahora mismo no vamos a reutilizar la planta porque existen estos riesgos», apostilló.

Por ello, «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelarla porque «no tiene ningún sentido» una plataforma en medio del mar que «no sirve para nada» y «porque nunca debió existir». Sin embargo, ha insistido en que se debe hacer «con mucho cuidado», de modo que hay que hacer estudios «adecuados» y «ver la mejor manera de hacerlo». En todo caso, subrayó que «hay tiempo» porque el informe concluye que la situación «ahora» es «de total estabilidad».

Nadal se pronuncia así sobre el informe que el Gobierno, tras un decreto de 2014, solicitó a estas instituciones académicas por ser las mejores que «existen en el mundo sobre estas cuestiones» para conocer lo ocurrido, después de hacerlo dos instituciones españolas, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geológico Nacional (IGN), de cuyos técnicos ha dicho que «son muy buenos» y sus informes también, pero ha justificado que se recurriera a estas entidades estadounidenses por la metodología «única» que utilizan.

Nadal explicó que esta técnica integra la aproximación sismológica, la geológica y el análisis técnico de ingeniería y cuando se hicieron los análisis parciales (españoles), cada uno daba datos que «en algunos casos parecen contradictorios». Con el nuevo estudio, asegura que «elimina sustancialmente» estas contradicciones y tiene «mayor capacidad» de explicar lo que ha sucedido. Por ello, ve «muy conveniente» que se utilice esta metodología y tecnología «muy sofisticada» en el futuro porque ha permitido esclarecer «muchísimo» lo que ocurrió.

Nadal señala que Castor se desmantelará «cuando se pueda garantizar la seguridad” mientras el PP culpa a Zapatero

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Europa Press.- El diputado nacional del PP por Castellón, Miguel Barrachina, asegura que las disculpas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Vinaròs por el almacén Castor «se quedaron cortas» tras el informe por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que el almacén no se reabrirá y que su desmantelamiento se producirá tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener «las garantías» de que esta decisión «no va a suponer ningún problema».

«Cuando se pueda hacer se hará», fue la respuesta de Nadal sobre el desmantelamiento del proyecto Castor. Según ha explicado, el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard relaciona la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos y reconoce que la decisión del Gobierno de parar la actividad de la plataforma fue la correcta. Actualmente, según dicen los expertos, la situación es estable.

Aprovechando esta estabilidad, Industria encargará nuevos informes para determinar el futuro de Castor, según indicó Nadal. Y es que, igual que existe un riesgo para la zona con la inyección de gas, también lo existe a la hora de desmantelar el proyecto. «Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad», explicó.

El MIT, “la mejor técnica”

Otra de las novedades que aparecen en el informe del MIT es que la falla que se pensaba afectada hasta ahora no es la que ocasionó los problemas, sino otra que está muy cercana: la falla de Amposta. Por este motivo, el Ejecutivo también «deberá hacer estudios de todo tipo, técnicos y geológicos, para ver cómo se hace con el futuro con esta instalación» que, para Nadal, «está claro que no puede volver a funcionar».

Finalmente, Nadal apunta que desde el MIT se ha reconocido la buena labor de los técnicos del Ejecutivo, tanto antes como después de la puesta en marcha de la plataforma aunque señalan que estas instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que es obligatorio actualmente. Por eso llaman a incluir un trabajo como el que ellos realizan a partir de ahora. Concretamente, ha explicado que este centro tiene «la mejor técnica que existe a nivel mundial» porque unen tres tipos simultáneamente: la técnica de los sismólogos, la de los geólogos y las de los ingenieros. «Por eso el Gobierno eligió este sitio, porque se sabía que tenían las técnicas más avanzadas a nivel mundial», ha concluido.

El PP recuerda a Zapatero

Por su parte, el diputado popular Miguel Barrachina ha recordado que el expresidente socialista Zapatero hizo una visita a Vinaròs en la que aprovechó «para pedir perdón pero, después del informe de los expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) es evidente que aquellas disculpas se quedan cortas«. Según considera, el «contundente» informe muestra el «grave error» que los socialistas cometieron cuando impusieron el Castor en Vinaròs «y que ha acabado por ser un desastre que debemos pagar entre todos en nuestros recibos del gas».

Asimismo, el PP ha pedido celeridad a la justicia, «ya que hay 18 altos cargos, todos del PSOE, imputados por este atropello a los intereses de los consumidores y que además ha sido toda una agresión a la provincia de Castellón». El PP ha recordado que el almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo de 1.300 millones, así como otras compensaciones incluidas en un real decreto del PSOE.

El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y «defendió» los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012, nada más entrar en el Gobierno y, además, con una orden ministerial del mismo año «inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa», ha añadido el partido, que ha añadido que «gracias al PP se han conseguido reducir los intereses y gastos financieros de esta decisión del PSOE, se ha ampliado el periodo de amortización y se ha garantizado que no se van a extinguir las responsabilidades».

«Tal y como ha defendido el PP en la comisión de Industria, ahora mismo se está investigando qué pasó, mientras el PP busca garantizar que se cumpla la Ley, a la vez que trabaja por reducir el coste de esta hipoteca socialista», ha apuntado Barrachina. No obstante, el diputado ha recordado que el Tribunal Supremo no aceptó la queja del PP «al haber firmado el Gobierno socialista esta compensación para la empresa, lo que ha supuesto una herencia envenenada para los consumidores de toda España». Barrachina ha sentenciado que Castor “fue una apuesta de los socialistas que ahora pagamos todos».

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

El Gobierno autonómico de Cataluña pide la mejor solución para el territorio y la ciudadanía con el fallido almacén Castor

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Europa Press.- El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, exigió que el Gobierno central analice todas las alternativas posibles sobre el futuro del fallido almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, y tenga en cuenta «la que sea más beneficiosa para el territorio, el medio ambiente y la ciudadanía».

Baiget considera que, tras conocerse el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, que vincula los seísmos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón) con la actividad del almacén gasista Castor, el Ejecutivo central debe «rendirse ante la evidencia» y que «había cosas que salieron adelante sin tener los informes suficientes». De hecho, cree que si se hubiese hecho caso de los informes no se hubiese tenido que autorizar el almacén, pero cree que el Gobierno español actuó de manera unilateral.

«Bienvenido sea el informe del MIT si ha propiciado lo que era una evidencia, que este depósito de gas no se debería haber empezado nunca», ha aseverado. «Ahora el mal ya está hecho, lo que queremos es que la repercusión del coste de lo que se ha hecho no lo tengamos que pagar en el recibo del gas todos los ciudadanos», sentenció antes de anunciar que la Generalitat continuará luchando para evitar esta consecuenciapor la vía judicial mediante las causas abiertas en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional.

La Generalitat interpuso en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 13/2014 por el que el Gobierno español reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros para los promotores del almacén Castor y repercutía esta cantidad en la tarifa del gas. El recurso se fundamenta en el hecho de que este decreto ley implanta un régimen singular y diferente de lo que resultaría de la aplicación de la legislación general, y también en que no concurría una urgencia extraordinaria para justificar esta figura jurídica. Según el Ejecutivo catalán, este decreto ley vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia.

Además, el Gobierno catalán ha interpuesto recursos contencioso administrativos ante las órdenes que cada año aprueba el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para establecer los peajes y cánones del sector gasista, donde se incluyen las partidas destinadas al mantenimiento del Castor, con el objetivo de que éstas no se trasladen a los usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacén Castor no se reabrirá y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan a su departamento tener las garantías de que esta decisión no va a suponer ningún problema. «Cuando se pueda hacer se hará», sentenció Nadal tras conocerse las conclusiones del informe.

Exige al Estado desmantelar Castor

Por su parte, el delegado del gobierno autonómico para las Tierras del Ebro, Xavier Pallarès, ha exigido al Gobierno central que ejecute «pronto» el desmantelamiento de la plataforma de gas Castor porque la hibernación no es viable. «El MIT ha confirmado lo que teníamos claro desde el primer momento: detenido el Castor, detenidos los terremotos», ha defendido Pallarès, que ha criticado que la mala gestión del Gobierno central la deberán pagar, una vez más, los ciudadanos, que primero sufrieron los terremotos, luego tuvieron que afrontar la indemnización a la empresa Escal UGS y ahora el coste de desmantelar la plataforma.