EFE / Europa Press. – Una apuesta más decidida por la biomasa, en un escenario con un rediseño del sistema de incentivos para el sector, permitiría alcanzar en el horizonte de 2021 unos beneficios de esta tecnología para España de casi 2.150 millones de euros, según el informe ‘Balance socioeconómico de las Biomasas en España’ elaborado por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Unión por la Biomasa.

El presidente de APPA Biomasa, Jordi Aguiló, ha subrayado que es necesario transmitir al Gobierno que invertir en esta fuente de energía «no le cuesta dinero» al país, sino que un incremento de 173 millones en el marco retributivo supondría que la biomasa aumentaría el balance positivo en 824 millones en el período 2016-2021.

Según este informe, un nuevo diseño de incentivos podría llegar a crear 12.596 puestos de trabajo adicionales, lo que permitiría alcanzar los 45.541 empleos, derivados tanto de la operación y mantenimiento de las plantas como de la construcción de nueva potencia.

Ese escenario de evolución de la biomasa en España, basado en los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables 2011-2020, implicaría instalar 550 megavatios (MW) de biomasa eléctrica y, además, biomasa térmica por un volumen de 800 toneladas equivalentes de petróleo (ktep), lo que exigiría una inversión de 1.623 millones.

Aguiló ha destacado que el mercado de producción energética no puede basarse en criterios «exclusivamente» de coste marginal de producción, puesto que es «fundamental» no confundir el ‘valor’ con el ‘precio’.

Por otra parte, ha afirmado que, si se decide continuar con el sistema de subastas, su diseño debería orientarse hacia un modelo de diferenciación por tecnologías para permitir el desarrollo de instalaciones de biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos municipales (FORM).

Medidas para fomentar la biomasa

Para alcanzar estos objetivos, el sector considera que la apuesta por la biomasa en España «no debe demorarse más» y deben implementarse políticas que permitan su «despegue».

Entre estas medidas, destaca el establecimiento «con urgencia» de un marco normativo específico que, adicionalmente a la consideración de energía renovable, reconozca las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal, en especial su singular capacidad de creación de empleo y los ahorros que induce en compra de emisiones difusas de GEI y en prevención de incendios forestales.

Otra razón la dio Aguiló, cuando consideró «esencial» no confundir el coste de producción con el precio y subrayó el papel que podría jugar la biomasa para «sustituir a las centrales térmicas de carbón, que son grandes emisoras de CO2».

También, el sector cree que debe permitirse que las instalaciones que ya están en funcionamiento de biomasa, que puede ser un valor coadyuvante «clave» para la transición energética al contar con un balance neutro de CO2, produzcan el número de horas máximo para el que fueron dimensionadas (más de 8.000 horas/año), para lo cual debería mantenerse la percepción de retribución a la operación (Ro) a partir de las 6.500 horas.

A este respecto, la gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Patricia Gómez, pidió al nuevo Gobierno «un mayor apoyo» para usar el recurso que supone la biomasa, para que «pueda generar beneficio y empleo», así como «un nuevo modelo de subastas y un nuevo modelo regulatorio y retributivo».

Mientras, el presidente de Asaja, Pedro Barato, subrayó el «valor añadido de territorio, de empleo o de medioambiente» que supone la biomasa, que representa un abanico de oportunidades profesionales, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento.

La biomasa anualmente contribuye al medioambiente en alrededor de 334 millones de euros, como mínimo, por el CO2 evitado (por sustitución y vertido), así como en 150 millones de euros por el ahorro en prevención y extinción de incendios.

Asimismo, actualmente el sector de la biomasa emplea de manera directa, indirecta e inducida a cerca de 33.000 personas, aportando el 0,28% del PIB español y el 0,9% de los recursos de la Administración General del Estado (AGE).