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La patronal fotovoltaica UNEF ve «factible» instalar 6-7 GW de nueva potencia al año para alcanzar los objetivos renovables

Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ve «factible» la instalación de entre 6 y 7 gigavatios (GW) de nueva potencia al año como objetivo mínimo necesario para lograr el porcentaje de penetración de renovables del 32% establecido como marco en la nueva Directiva europea de Renovables y adecuarse al Acuerdo de París, donde se establecen medidas para la reducción de las emisiones

La patronal destaca que los 30 GW de nueva potencia actualmente en tramitación «demuestran la capacidad del sector para avanzar, alcanzar los niveles de desarrollo fotovoltaico para cumplir con los objetivos europeos mencionados y acercarse más a los niveles de producción renovable de nuestros vecinos europeos«. UNEF responde así a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que mostró su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse el 70% de los 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

No obstante, subraya que, para lograr los objetivos de instalación de nueva potencia estimados como factibles y necesarios, se requiere «de una planificación de Red Eléctrica (REE) y la fijación de una estructura sólida y coordinada de tramitación de proyectos fotovoltaicos desde la administración central y las comunidades autónomas». Así, pide al Gobierno «el apoyo” para maximizar el potencial del sector fotovoltaico, donde España ocupa el quinto lugar en Europa en potencia instalada de esta tecnología y tiene empresas líderes.

Repotenciación o extensión de vida, estrategias clave para el sector eólico español

Asociación Empresarial Eólica (AEE).- Uno de los principales retos del sector eólico español a corto plazo es el mantenimiento de la capacidad de generación de energía de las instalaciones que se acercan al final de su vida útil de diseño. Actualmente, en nuestro país existen 20.142 aerogeneradores instalados en 1.090 parques eólicos, con una potencia total de más de 23.092 MW. En 2020, casi la mitad de la potencia eólica instalada en España habrá superado los 15 años de funcionamiento, de la que más de 2.300 MW superarán los 20 años.

En la III Jornada Internacional sobre Extensión de Vida de Parques Eólicos, que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebra el próximo 9 de octubre, se analizará esta temática con más de 30 ponentes y 200 asistentes de casi una decena de países europeos. Las mejoras operativas de los parques eólicos en operación, el alargamiento de vida sobre los 20 años inicialmente certificados, así como los criterios para la repotenciación y la sustitución de las máquinas, serán el hilo argumental de las diferentes conferencias de la jornada, que contará con la participación del Director General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Galo Gutiérrez; y de Joan Herrera, nuevo Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Este año, la jornada se centrará en casos concretos y demostrados, así como en soluciones innovadoras por parte de empresas con amplia experiencia en el sector, universidades y centros tecnológicos y las propias empresas. La última sesión de la tarde contará con representantes de Portugal, Francia y Dinamarca, que compartirán las experiencias en sus países.

El desarrollo tecnológico juega un papel clave. Ámbitos como la sensorización, la digitalización, la explotación de ingentes cantidades de información, la mejora de los procesos y los modelos de mantenimiento, la evolución en las tecnologías de diagnóstico, etc., son las áreas de desarrollo orientadas a aprovechar al máximo los activos existentes, lo que conllevará un beneficio directo para el consumidor.

Alternativas ante la finalización de la vida útil de un parque eólico

A continuación, detallamos las dos opciones principales:

– Repotenciación: Consiste en el desmantelamiento y sustitución de los aerogeneradores existentes por otros nuevos más avanzados, de mayor tamaño y eficiencia, que permiten mejorar el aprovechamiento del recurso primario, al incrementar la capacidad de generación para la misma disponibilidad de viento. Esta opción implica inversiones elevadas (del orden del 80-85% del coste de un parque eólico nuevo) y tramitaciones administrativas complejas, a cambio de la mejora de producción y, por lo tanto, los mayores ingresos, aunque es necesario amortizar la inversión. Por otro lado, los aerogeneradores desmantelados suponen unos ingresos adicionales como se ha puesto en evidencia en los últimos parques repotenciados en España que, por lo general, superan las previsiones iniciales de los modelos financieros.

– Extensión de vida de aerogeneradores: Se basa en alargar la vida del parque sobre la vida útil certificada, lo que supone una mejora operativa de los aerogeneradores existentes. Además, se basa en la sustitución de ciertos componentes, con el objetivo de mantener una disponibilidad mínima bajo unas condiciones de seguridad garantizadas. En algún caso, se realizan mejoras para alcanzar valores similares a un parque nuevo con un coste que puede ser inferior al 15% de un aerogenerador nuevo.

En la siguiente tabla se resumen las principales diferencias entre las opciones de repotenciación y extensión de vida:

Tabla EólicaFuente: AEE

Parte del parque eólico está acercándose al final de su vida útil, ¿cuál será la apuesta: repotenciación o extensión de vida?

Una decisión clave por parte de las empresas es optar por la extensión de vida o la repotenciación de los parques eólicos. Las empresas tomarán la decisión más óptima según su modelo de negocio. Es importante que ambas estrategias dispongan de un marco regulatorio que aporte seguridad jurídica y estabilidad para los inversores. Lo ideal sería que se sentasen las bases para que el mercado de las repotenciaciones despegase en España, como ya lo está haciendo en otros países de nuestro entorno, gracias a una regulación que establezca las condiciones técnicas y económicas, y capaz de poner de acuerdo al Gobierno central con los autonómicos en temas medioambientales.

La extensión de vida, hoy en día, parece ser la tendencia más extendida en el sector. Pero, en un futuro, la repotenciación será necesaria para seguir aprovechando aquellos emplazamientos con mayor recurso eólico.

Entre las principales conclusiones destacamos las siguientes:

1. Los principales objetivos de extender la vida útil de los activos de un parque eólico son:

– Extender su vida económica, garantizando ingresos durante el periodo de prolongación de su vida útil.

– Contener los costes de O&M.

– Proporcionar mayores garantías de seguridad para el entorno, las personas y los activos.

2. El alargamiento de la vida útil es una tendencia natural de todas las plantas de generación una vez que los activos están amortizados, especialmente indicada en sistemas modulares como la eólica.

3. La vida remanente de cada componente (RUL) se puede gestionar de una forma óptima con el objetivo de maximizar el retorno de la inversión a través del aumento de la vida en operación.

4. La extensión de vida consolida el suministro de componentes, lo que afecta a los fabricantes de las mismas y en gran medida a las empresas de mantenimiento.

5. Es fundamental simplificar los trámites para que no haya que tramitarlas como parques nuevos.

6. No se deben desaprovechar los buenos emplazamientos donde están ubicados los parques más antiguos, bien sea repotenciando o bien sea extendiendo la vida útil al máximo.

Rural de Energías Aragonesas invertirá 20,5 millones en un parque eólico en las cuencas mineras de Teruel

EFE.- El Consejo de Gobierno ha declarado como Inversión de Interés Autonómico el parque eólico El Cubo 1, de 20 megavatios de potencia, ubicado en los términos municipales de Escucha, Mezquita de Jarque y Rillo (Teruel), en las cuencas mineras, que supondrá una inversión de 20,5 millones de euros.

Desde el Ejecutivo autonómico explican que el desarrollo del proyecto, presentado por la sociedad mercantil Rural de Energías Aragonesas, supondrá la creación de 18 a 20 empleos directos vinculados a su construcción, que se extenderá durante un periodo aproximado de 5 meses. En la fase de explotación se requerirá la contratación de entre 3 y 4 personas de alto grado de especialización para llevar a cabo las labores de mantenimiento del parque durante los próximos 25 años. La generación neta de energía eléctrica estimada que producirá el parque eólico será de 59,25 gigavatios hora anuales.

Este parque se suma a otros dos aprobados el pasado 4 de septiembre de 2018 en estos municipios turolenses, inversiones que se consideran muy significativas y relevantes para su desarrollo, especialmente de Rillo y Mezquita de Jarque, que juntos suman una población de 194 habitantes. En lo que se refiere a energía eólica, en Aragón se encuentran en tramitación 142 proyectos con 4.116 megavatios, de los que cuentan con autorización administrativa de construcción 67 proyectos por 2.140 megavatios y con declaración de Inversión de Interés Autonómico 81 por 2.829 megavatios.

Endesa recibe la autorización de la Junta de Extremadura para construir 127 MW en 3 parques fotovoltaicos en Logrosán (Cáceres)

EFE.- La compañía eléctrica Endesa ha recibido la autorización de la Junta de Extremadura para la construcción de 3 parques fotovoltaicos en Cáceres, plantas cuya puesta en marcha está prevista para 2019. A través de su filial renovable Enel Green Power España, Endesa invertirá 100 millones de euros en la construcción de tres parques fotovoltaicos –Hernán Cortés, Zurbarán, y Quijote– que tendrán una capacidad total de 126,9 MW, lo que equivale al consumo de 80.000 hogares.

Los tres proyectos constarán cada uno de 126.000 paneles fotovoltaicos y una potencia total instalada de 42,9 megavatios, según indicaron fuentes de la mercantil. Mientras se prepara la construcción de estos tres parques, Endesa sigue tramitando las autorizaciones necesarias para la construcción de otras 3 plantas fotovoltaicas más en Extremadura. Se trata de tres proyectos ubicados entre Casas de Don Pedro y Talarrubias, en los que se invertirán otros 100 millones de euros, para una capacidad renovable de más de 128 MW. Para la construcción de todos estos parques fotovoltaicos, que se prevé estén operativos en 2019, intervendrán más de 200 profesionales del sector renovable.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

El Grupo OPDE invertirá 40 millones de euros en una planta fotovoltaica en Cañada Vellida (Teruel)

EFE.- El Grupo OPDE promueve una inversión de 40 millones de euros, declarada de interés autonómico por el Consejo de Gobierno de Aragón, para la construcción de una planta fotovoltaica en Cañada Vellida (Teruel), que creará 300 puestos de trabajo durante la fase constructiva y 120 en los 25 años de la fase de explotación.

Con esta última, recuerdan desde el Ejecutivo, son 26 las plantas fotovoltaicas declaradas inversiones de interés autonómico en Aragón, con una potencia de 1.244,44 megavatios pico, localizadas en Escatrón, Chiprana, Samper de Calanda, Almochuel, La Muela y Cañada Velilla. Por otro lado, la cifra de proyectos eólicos considerados Inversiones de Interés Autonómico asciende a 75 y supera los 2.570 megavatios. La declaración de interés autonómico a proyectos en materia de energías renovables posibilita reducir a la mitad todos los trámites.

La Comunidad Valenciana agiliza los trámites para que ejecutar proyectos de energías renovables y autoconsumo desgrave un 20% del IRPF

EFE.- El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha anunciado la puesta en marcha de la certificación acreditativa para que los proyectos de energías renovables y de autoconsumo puedan obtener la deducción fiscal del 20% en el tramo autonómico del IRPF.

En este sentido, el Instituto ha señalado que esta deducción fiscal pretende aumentar el número de beneficiarios y facilitar al máximo todos los trámites administrativos, en los que desaparece la convocatoria anual, de forma que el plazo siempre estará abierto con independencia de cuando se presenten los proyectos de energías renovables. La certificación acreditativa del proyecto, necesaria para optar a la deducción, se puede solicitar por correo electrónico o de forma presencial en las instalaciones del Ivace una vez realizada la inversión en cualquier momento del año, sin esperar a que se inicie la campaña de presentación de la declaración del IRPF del ejercicio correspondiente.

El Instituto ha destacado que, hasta ahora, las ayudas se concedían mediante subvención a fondo perdido y, para poder acceder a ellas, la presentación de la solicitud debía realizarse durante el plazo establecido en la convocatoria, que era de un mes. La información sobre el procedimiento y documentación necesaria se puede obtener a través de la página del Ivace, que recordó asimismo que la campaña de la renta de este año es la primera en la que se puede obtener esta deducción fiscal en el tramo autonómico, cuya base máxima es de 8.000 euros y en la que no se establecen límites máximos a la hora de determinar la base máxima anual de la deducción.

El Ivace ha apuntado que entre las ventajas que supone la deducción fiscal frente a la subvención a fondo perdido destaca «la simplificación al máximo del trámite documental, ya que, con la fórmula de la subvención a fondo perdido, se debía aportar una gran cantidad de información». «Esto conllevaba, en un porcentaje muy elevado, que la documentación presentada tuviera defectos de forma y se multiplicaran los requerimientos, con lo que muchos expedientes acababan siendo denegados«, añaden. Además, el Ivace recuerda que «no hay que tributar esta ayuda, al contrario, es una deducción. Con las ayudas a fondo perdido, las ayudas concedidas sí había que tributarlas con lo que la cantidad concedida no era la cantidad real de apoyo al proyecto».

El Gobierno de Aragón autoriza 21 parques eólicos que suman 508,2 MW de potencia y otros 2 entran en servicio

EFE.– 21 parques eólicos cuentan ya con la autorización administrativa del Gobierno de Aragón para poder comenzar su construcción distribuidos por las 3 provincias aragonesas y con una potencia que suma 508,2 megavatios (MW). Además, otros dos construidos anteriormente recibieron la autorización de explotación y están en servicio: Virgen de la Peña de Alfajarín, de 14 MW en los municipios de Alfajarín, Villamayor de Gállego y Perdiguera, y Acampo de Arias, de 18 MW, en Zaragoza.

Estos 23 proyectos eólicos suman una potencia de 540,2 MW, según indicó el Gobierno de Aragón, que destaca que, técnicamente, se estima que cada megavatio instalado supone una inversión media de 1 millón de euros y la creación de cerca de 4 empleos en la fase de construcción. Aragón, subraya el Ejecutivo autonómico, se ha convertido en referente en materia de energías renovables gracias a la aprobación, en 2016, del decreto que permitió desbloquear los proyectos paralizados desde hacía un lustro por los conflictos judiciales generados por la anterior normativa.

También por los nuevos criterios para conceder la declaración de interés autonómico a este tipo de inversiones, aprobados en 2017, y que benefician particularmente a las zonas mineras. 4 de los proyectos que ya pueden iniciar su construcción se ubican precisamente en las cuencas mineras, en Muniesa, Allueva, Anadón y Alacón, con una potencia conjunta de 142,72 MW. La provincia de Teruel cuenta con otro parque listo para ser construido entre Fonfría y Allueva, con una potencia de 14,52 MW. Estos cinco proyectos fueron declarados inversiones de interés autonómico, lo que agiliza los trámites administrativos.

En la provincia de Zaragoza, además de los 2 parques con autorización de explotación, se ubican 13 de los proyectos a construir, con 278,5 MW en total: se dividen entre los municipios de Las Pedrosas, Sierra de Luna, Azuara, Herrera de los Navarros, Lumpiaque, Rueda de Jalón, Aguilón, Épila, Azuara, Borja, Mallén y Zaragoza capital. Los tres parques restantes ya autorizados se van a construir en la provincia de Huesca, en Castejón de Valdejasa y Gurrea de Gállego, y sumarán una potencia de 72,5 MW.

Una vez obtenidas todas las autorizaciones necesarias, está previsto que los trabajos de construcción de cada uno de los parques se realicen en un plazo inferior a los 12 meses. La operación y explotación de los parques se extenderá en torno a los 25 años. En estos momentos, el Gobierno de Aragón tiene en tramitación otros 117 parques eólicos con una potencia de 4.074,45 megavatios.

En cuanto a los proyectos de energía fotovoltaica, en los Servicios Provinciales del departamento de Economía se han presentado solicitudes de autorización de 25 proyectos de plantas, con un total de 918,097 MWp de potencia instalada. De estos, 19 proyectos, con un total de 716,837 MWp de potencia, se localizan en la provincia de Zaragoza y los otros 6, con un total de 201,26 MWp, en la provincia de Teruel.

El Gobierno impulsa la incorporación de una nueva conexión eléctrica entre Mallorca y Menorca

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está trabajando para incorporar con carácter urgente a la planificación energética un nuevo cable eléctrico entre Mallorca y Menorca, que se unirá al ya planificado, cuya fecha de puesta en funcionamiento está prevista para 2020. El Ministerio indicó que la seguridad y calidad del suministro eléctrico se encuentran garantizadas en las islas y subrayó que con esta decisión de acelerar la tramitación de un nuevo enlace se verán reforzadas en el medio plazo.

Además, el Ministerio destacó que de esta manera se reforzará la conexión de Menorca con el resto del sistema eléctrico. Energía señaló que ha comunicado esta decisión al Gobierno de Baleares y que comenzará los trámites necesarios para la inclusión del segundo cable en la planificación «a la mayor brevedad». Además, el Ministerio ha solicitado al Gobierno autonómico balear su colaboración en la realización de los procedimientos administrativos que son de su competencia y que resultan necesarios para el enlace ya planificado. En este sentido, se ha acordado también la constitución de un grupo de coordinación para realizar un seguimiento detallado de toda la tramitación.