Europa Press / EFE.- Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota y en un 40% por la propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima,  Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ha sido la encargada de presentar la vigesimocuarta denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes a las renovables.

Esta empresa cuenta con una potencia instalada de 552 megavatios (MW) de renovables en España, de los que 83 se encuentran en Asturias y 469 en Galicia, repartidos en una quincena de parques eólicos construidos a finales de los 90’s del siglo pasado. Esta denuncia es la primera que se inscribe en el Ciadi desde noviembre del año pasado, cuando se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSH Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale y Norddeutsche Landesbank-Girozentrale.

Esta demanda de inversores alemanes fue la decimoquinta presentada a lo largo de 2015 contra España por los recortes en la retribución de las renovables. Los inversores alemanes concentran 9 de las 24 denuncias en contra de España presentadas hasta la fecha ante el Ciadi. Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por el luxemburgués Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden y la luxemburguesa Hydro Energy 1; la alemana SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, de Suiza.

También el pasado verano la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia. Además, también han acudido al Ciadi dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss. Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, y un consorcio de 8 empresas en el que participa la eléctrica RWE, y otro de la propia RWE a título individual.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN. Además, inició la tramitación de las demandas de las británicas InfraRed y Eiser, la árabe Masdar y las luxemburguesas Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de la luxemburguesa Renergy y la estadounidense NextEra, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones.  Además, aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que “no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría”.  Finalmente, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con dos en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity, por la Carta de la Energía.

A finales de enero se conoció el primer fallo de un tribunal arbitral acerca de los recortes a las renovables en España. En concreto, el Tribunal Arbitral de Estocolmo resolvió a favor del Reino de España y desestimó la demanda presentada por Charanne y Construction Investments por las medidas aplicadas en 2010, por Miguel Sebastián. A juicio del Tribunal Arbitral, los demandantes no podían tener la expectativa legítima de que el marco regulatorio que establecía las primas a las renovables pudiera permanecer inmutable durante toda la vida de sus plantas. Además, el Tribunal reconoce que la normativa española dejaba «abierta claramente» la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución de la energía fotovoltaica.