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El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

Pablo Iglesias denuncia que la factura del gas natural soporte “el regalazo de los españoles a Florentino Pérez” con Castor

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Europa Press.- Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el pago de 1.350 millones de euros de compensación económica por el almacén de gas Castor a la empresa Escal-UGS, participada mayoritariamente por ACS, Pablo Iglesias (Podemos) considera Castor como «la palabra que señala una manera de gobernar, una época y un estilo» y denuncia que «fue un regalazo de los españoles a Florentino Pérez que los españoles siguen pagando en cómodas cuotas en su factura del gas durante 30 años».

En su opinión, la indemnización es una «cláusula patriótica» para devolver el dinero si había algún problema en el proyecto del «gran» almacén de gas que ha costado más del doble del presupuesto inicial y vaticina que ahora «la factura del desastre alcanzará 4.700 millones de euros» con los que se podrían financiar más de 3 millones de becas o 18.500 aparatos de mamografías. Por eso, ha pedido al Gobierno que exija a Florentino Pérez, cuya empresa participa en un 67% en Escal-UGS, que devuelva la citada indemnización y que el empresario no vuelva a recibir «un solo contrato público».

El proyecto de almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) suspendió su actividad después de que durante las pruebas de llenado en agosto de 2013 se registrasen numerosos seísmos en la zona que obligaron a cesar el proyecto en septiembre y a su hibernación a finales de 2014. El Gobierno terminó con la concesión del almacén y se indemnizó a Escal-UGS con 1.350 millones de euros, un importe que los consumidores de gas pagan en su factura hasta 2034, 96,38 millones durante este año. De hecho, el propio Gobierno ha indicado que la hibernación del almacén tiene un coste de unos 16 millones de euros anuales.

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, estima que la indemnización a Escal-UGS terminará costando «casi 5.000 millones de euros». A su juicio, el «timo» de Castor es «el resultado del juego económico y político español entre el PP y el PSOE en el que siempre gana Florentino Pérez en esa especie de BOE que es el palco del Bernabéu» y que pagarán los ciudadanos hasta 2034. Por eso, exige una subcomisión de investigación en el Congreso para saber por qué se «blindó» un negocio en el que Escal-UGS actuó de manera «negligente»; por qué el Gobierno no ha abierto una auditoría y, en definitiva «quién se sigue lucrando» y cuántos años costará “este desastre».

Por su parte, el diputado del PdeCat Carles Campuzano, considera que Castor es «uno de los escándalos más graves» sobre las relaciones entre el poder político y las empresas que gestionan servicios de infraestructuras estratégicas de España. En línea parecida, el diputado de Compromís Joan Baldoví cree que «con un poco de sentido común» este proyecto no se habría realizado nunca y propone evitar que «siempre los mismos» sean rescatados «a costa» de los ciudadanos».

Desde el grupo parlamentario socialista, Pilar Lucio ha criticado la «vertiginosa» rapidez en el pago de la indemnización por parte del Gobierno a la empresa cuando «no había urgencia» y cuestiona por qué hay que compensar este activo a Escal-UGS, por qué no se corresponsabiliza la empresa adjudicataria y por qué el Ejecutivo, primero devolvió urgentemente el dinero y luego encargó un estudio al MIT.  Asimismo, para el diputado de Ciudadanos, Antonio Roldán, el proyecto de Castor es «otra chapuza que deja el bipartidismo de amiguetes para dar adjudicaciones y contratos que pagan los españoles».

Por su parte, el diputado del PP, Teodoro García Egea, ha culpado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió perdón, y al ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, de haber firmado el citado contrato y, por tanto, estima que son estos «quienes deberían dar explicaciones». A su juicio, fue el anterior gobierno socialista responsable de «dejar temblando» a los vecinos de Castellón porque si no se hubiera autorizado la cláusula «abusiva» probablemente el proyecto nunca se habría construido. Asimismo, ha defendido que el PP recurrió la cláusula abusiva para evitar pagar la citada indemnización pero el Tribunal Supremo acordó que esta indemnización debía pagarse.

El PSOE lamenta que el Gobierno sea “incapaz” de controlar el precio de la luz por la subida de 2017

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Europa Press.- La subida del precio de la luz en 2017 provocó que el precio de este recurso alcanzara su nivel más alto desde 2008. Para el consumidor medio, el encarecimiento ha supuesto un alza del 10,3% y la factura pasó de 753 euros en 2016 a 830 euros el pasado año.

Tras recordar los argumentos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el encarecimiento, como las condiciones meteorológicas, el encarecimiento del petróleo o la utilización del gas natural y carbón, la portavoz energética del PSOE, Pilar Lucio ha criticado que el ministro sea “incapaz de controlar» el precio. «El Gobierno sigue culpando a la meteorología. No nos sorprende: forma parte de la inacción del Gobierno, marca de la casa», ha ironizado, lamentando que «si no hubiera paralizado el desarrollo de renovables» este precio «sería más barato».

Por su parte, Unidos Podemos y Compromís han recordado las recientes informaciones acerca de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acerca de la presunta manipulación del precio en 2013. «Rato nos diría »Es el mercado, amigo’, pero la UCO no sólo habla de abusividad, de esa fórmula Juan Palomo para asignar precios, sino a indicios razonables de criminalidad, de saqueo que responde al modelo de puertas giratorias», han aseverado desde Unidos Podemos, añadiendo que la subida «engrasa» esas puertas.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, subrayó que no se trata sólo de esa subida, sino que, a finales del pasado año, la CNMC abrió un expediente ante una subida de la luz similar por subidas entre octubre de 2016 y enero de 2017. El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha pedido al Gobierno hacer el mercado «eficiente, competitivo, sostenible con el medio ambiente y que no se cargue toda su factura a los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, ha recordado que los peajes contenidos en la factura de la luz cargan «malas políticas energéticas», como un déficit tarifario de 2.500 millones o las primas renovables. En este sentido, esgrime que la parte regulada de los peajes, los costes de transporte y distribución, se encuentra congelada desde 2016, y que si la generación de energía se encareció fue por una apreciación del 20% del carbón y del 27% del gas, necesarios para garantizar el suministro.

Ciudadanos propone dar más competencias a los reguladores en su nueva ley para restar control político a las tarifas energéticas

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Europa Press.- Ciudadanos cree que la próxima reordenación de los organismos reguladores y supervisores que prepara el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es una oportunidad para dotarles de un mayor poder como, por ejemplo, que se le devuelva a la comisión oportuna la competencia de fijar las tarifas de la luz.

Así lo ha manifestado el portavoz económico de la formación naranja en el Congreso, Toni Roldán, que recuerda que la disgregación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que contempla el anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno, ya se acordó en el acuerdo entre PP y Cs para la investidura de Mariano Rajoy. La potestad de fijar tarifas de electricidad y gas fue una de las competencias que el Gobierno pasó a asumir en la creación de la CNMC; precisamente por esta cuestión la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción del que podría derivarse una sanción.

Roldán reconoce que en el pacto no se incluyó la devolución de competencias pero cree que tendría sentido hacerlo con la creación de una autoridad independiente para supervisar y controlar los mercados regulados, como sí refleja el acuerdo. «Creo que está claro que tiene que ser un organismo independiente. Hasta ahora, el Ministerio de Energía ha tenido el control. No es parte del acuerdo, pero es parte de las funciones que debería tener un regulador independiente», manifiesta el diputado barcelonés.

En este sentido, Roldán reconoce las dificultades que encuentran en el PP para poner en marcha los acuerdos alcanzados. «Ya sabemos que les cuesta poner en marcha reformas», asevera Roldán, que también atribuye esta situación a las limitaciones que se encuentran en la aritmética parlamentaria. «Lo que falta básicamente para que el Gobierno apruebe su proyecto y lo remita a las Cortes es que el PSOE se sume», asegura, considerando que el partido que ahora dirige Pedro Sánchez «tiene mucho más interés en señalar que están en la izquierda que en llegar a acuerdos sensatos en reformas«. «Parece que no ha dado demasiado feedback«, apostilla.

Según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, la reestructuración de los reguladores y supervisores dará como fruto dos organismos a raíz de la división de la CNMC, además de otros dos: uno dedicado a la supervisión de seguros y planes de pensiones, y otro para la protección de inversores y de usuarios de servicios financieros. Asimismo, también está previsto y acordado entre PP y Cs, el establecimiento de un nuevo sistema de nombramientos, con el fin de evitar una «politización» que, considera Roldán, «tiene un coste gigantesco para la economía».

«Lo importante es encontrar un sistema en el que en vez de elegir a dedo unos políticos, tengas un procedimiento de hearing (audiencia) en el que haya un grupo de personas que hagan una preselección y que después se aprueben con mayoría suficiente», explica. Roldán cree que una mayoría clara aseguraría «un filtro clarísimo y despolitización». «De esta manera no tienes a un amigo del ministro arreglando precios de un sector, o a uno poniendo unas multas muy bajas porque, en realidad, está capturado por las grandes empresas del país.

Sin embargo, desde el inicio del segundo Gobierno de Rajoy se han producido renovaciones de cargos e incluso nuevos nombramientos sin un procedimiento así. Concretamente, el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Santiago Albella, su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, y, recientemente, tres consejeros de la CNMC: María Ortiz, Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo. Roldán escuda esos nombramientos, elegidos a la vieja usanza a través de pactos políticos, en la ausencia de la esperada norma y en la necesidad por cubrir tales plazas. «Eran plazas que tenían que llenarse desde hace meses, y está bien que se llenen y que funcionen con normalidad las instituciones», justifica.