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El Supremo obliga a cargar al sistema eléctrico la indemnización a las compañías eléctricas por haber financiado el bono social

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Europa Press.-El Tribunal Supremo estima que las indemnizaciones a las compañías eléctricas por las cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o las comercializadoras. El Supremo acuerda la obligación del reintegro de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro, con cargo al sistema eléctrico.

El Supremo falla así al incidente de ejecución de sentencia que presentó Viesgo solicitando el abono de los importes satisfechos en la financiación del bono social. En el escrito también se pedía la inclusión de la indemnización correspondiente a las cantidades abonadas en 2014, que el Supremo considera que «no deben quedar comprendidas» en esta ejecución, ya que fueron aplicadas de acuerdo con la orden IET7350/2014, cuyos recursos ante la Audiencia Nacional están todavía sin resolver. No obstante, el Supremo señala que la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta la sentencia en la que declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, al considerarlo incompatible con la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

En su fallo, el tribunal también reconoce, en los mismos términos que a Viesgo, el derecho a que le sean restituidas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016 a todas las entidades personadas en la ejecución que han formulado pretensión en ese sentido, entre las que figuran Hidroeléctrica del Cantábrico, Agri-Energía, Navarro Generación, Electra del Cardener, Servillano García o Estebanell Pahisa, entre otras.

Iberdrola también se había personado en este proceso, aunque el Supremo indica que en el caso de la energética deberá esperar a lo que se resuelva en la ejecución de la sentencia recaída en el recurso que ha promovido. A finales de octubre del año pasado, el Supremo estimó los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo, la antigua E.ON España, y reconoció el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación, impugnada hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

En este sentido, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa.

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en superávit, acumulando más de 1.000 millones de euros. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros. La disposición adicional centésima décima cuarta señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico». Las indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años ascienden a 500 millones de euros.

No es país para órganos reguladores independientes

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Las alegaciones del Ministerio de Energía en torno a las objeciones de la Comisión Europea a los órganos reguladores españoles y sus competencias es sólo un episodio más en la historia episódica de los órganos reguladoresy de la displicencia que desde el poder ejecutivo se viene ejerciendo. Bien es cierto que, por su propio comportamiento, nunca defraudan.

Su comportamiento en las operaciones corporativas del sector; el atrabiliario final a la proliferación de órganos reguladores y nombramientos, que caracterizó las postrimerías de la última etapa de la legislatura Zapatero; el proceso de destrucción y voladura de los mismos resultando un macroorganismo cauterizado con un enfrentamiento en su cúpula para finalmente devenir en la polémica larvada y submarina por los vínculos familiares con el Ministerio del ramo; y como guinda la forma en que se publican sus informes y deliberaciones; nada en la CNMC escapa a su cuestionamiento permanente.

Un buen modelo de órganos reguladores precisa de dos elementos para su funcionamiento razonablemente armónico. El primero es un diseño institucional y legal adecuado: composición, funcionamiento, régimen de autonomía, nombramientos, competencias, capacidad ejecutiva, duración de las designaciones de los mismos, proceso de evaluación de los candidatos, procedimientos de publicidad de sus decisiones, deliberaciones, etc…  El segundo tiene que ver con los «recursos humanos» más allá de la plantilla. Es decir, quienes la dirigen, qué experiencia, conocimientos, prestigio institucional, comprensión del modelo de mercado, quienes forman parte o cómo son elegidos (consejeros, responsables y equipos directivos).

España, en esta tesitura y con estos requerimientos, evidentemente, no es país para órganos reguladores. La de los órganos reguladores independientes es una figura en la que no cree la política de nuestro país, con independencia de las filiaciones, porque es muy molesta en la propia concepción verticaldel sistema de partidos español. No encontraremos grandes defensores de esos organismos.

O bien, se han percibido como una forma de recompensar los servicios prestados de los partidos políticos, con resultados diferentes en cada momento según los equilibrios parlamentarios para el reparto de canonjías, sinecuras y puestos. O bien se convierten en unos cuerpos extraños inescrutables por su necesidad de adecuarse a un marco legal y de mercado, cuando lo que requiere el país es la ideologización de cada acción y su politización (véase el CSN). Ni siquiera los periodistas españoles escapan a ese marco, fruto de la propia ausencia de cultura económica, además de asumir la designación digital partidista y la organización por banderías de sus decisiones (en algunos casos más o menos conniventes con el regulador principal), como procedimiento habitual.

Fijar peajes: Energía versus CNMC

A más a más, con ese modelo distorsionado de teledirección de estos organismos, desde su selección y nombramiento, hasta su tutela efectiva como si fueran menores de edad con un grado de permisividad administrada, el Ministerio de Energía no quiere aceptar una mayor participación de la CNMC en la fijación de los precios de la energía, tal y como se requiere desde la Unión Europea. Por ello, argumenta que “no son organismos democráticos», como si el sistema de partidos debiera extrapolarse a todas las instancias de la administración y de gestión de la actividad pública. Vamos, una concepción de cultura política, sociedad económica y sociedad civil basada en un modelo de partidos de tinte venezolano.

Entre otras cosas, porque el hecho de su desaparición o su inanidad de facto facilita el hecho de saltarse la ley cuando establece que hay que aprovechar cualquier superávit para rebajar el déficit acumulado, permite ajustar la evolución de los precios al calendario electoral de cada momento, desata un proceso de agitación política para abolir las subastas o favorece soluciones creativas para abordar cuestiones que se calzan en las tarifas como los subsidios cruzados, las inversiones reguladas, las primas, las sentencias y penalizaciones pendientes dentro de los costes de acceso y a la vez conseguir el laminado de las tarifas

Volviendo al requerimiento de la Unión Europea y, como el Gobierno español sigue revolviéndose contra este modelo contenido en las Directivas comunitarias, hasta ahora teníamos como referencia el modelo del regulador inglés de la OFGEM. Y, quizá, por ese alejamiento de las pautas de las directivas comunitarias y del triunfo de la política en Londres del Brexit sobre la economía y los mercados, la lideresa Theresa May, a fuer de liberal, ahora defiende intervenir los precios de gas y electricidad.

Por eso, un pequeño exit de órganos reguladores podría ser nuestro acto de rebeldía, sui géneris, muy made in Spain.  

El FADE emite otros 130 millones de euros para refinanciar deuda eléctrica con un coste del 0,125%

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Europa Press.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) lanzó su segunda emisión de bonos y obligaciones del año con el objeto de refinanciar 130 millones de euros de la deuda eléctrica a un coste del 0,125%. Según consta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos vencen en marzo de 2020 y tienen un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Estas refinanciaciones se realizan con el objeto de mejorar las condiciones de devolución de la deuda eléctrica generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. La deuda eléctrica, que los consumidores de luz pagan a través del recibo, llegó a superar los 28.000 millones de euros. Para el ejercicio 2017, los peajes de electricidad recogen el pago de una anualidad de 2.852 millones de euros. El FADE es un instrumento creado por el Gobierno en 2010 para la titulización en los mercados crediticios de la deuda eléctrica, que había sido financiada mayoritariamente hasta ese momento por las principales compañías eléctricas.

Según cálculos del FADE incluidos en su auditoría de 2015, el tipo de interés de la deuda eléctrica colocada en los mercados a través de este instrumento ascendía a cierre de 2015 al 4,53%. Este tipo de interés se situó 2,4 décimas por debajo del 4,77% registrado en 2014 y un punto por debajo del 5,56% de 2013. De los 24.189 millones de euros de deuda eléctrica cedidos al fondo, había 19.832 millones pendientes de cobro a finales de 2015.

La CNMC calcula que la deuda pendiente del sistema eléctrico se situaba en 25.056 millones de euros a cierre de 2015, frente a los 26.946 millones un año antes. El FADE ha titulizado cerca del 80% de la deuda eléctrica, a un coste medio más elevado que el resto de las fórmulas de financiación ensayadas. La opción más barata fue la utilizada en 2005, en la que el tipo de interés apenas ascendió al 0,089%. Para 2016, el Gobierno espera que se genere un superávit por valor de 110 millones.

El sistema eléctrico registra hasta noviembre un desajuste que es 652 millones de euros inferior al previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 776 millones de euros hasta noviembre, lo que supone un desajuste 652 millones inferior al previsto para este periodo, de 1.428 millones. En este sentido, estos 776 millones son menos de la mitad de los 1.724 millones registrados hasta octubre. Las previsiones para el cierre del ejercicio son de superávit.

Estas cifras aparecen en la undécima liquidación del sistema eléctrico, donde se aprecia que los ingresos fiscales del sistema eléctrico ascendieron hasta noviembre a 1.859 millones. Esta partida de ingresos fiscales es aún inferior a los 2.989 millones de euros previstos para el conjunto del ejercicio 2015. La llegada de los impuestos pendientes, procedentes de las figuras impositivas creadas en 2012, contribuirá a que el sistema eléctrico arroje superávit en el ejercicio. De hecho, el Ministerio de Industria esperaba un superávit de 36,8 millones de euros para el ejercicio, si bien la evolución del escenario de costes e ingresos arrojará previsiblemente un saldo positivo mayor.

La CNMC redistribuye mensualmente el dinero que recaudan los distribuidores o transportistas de gas y electricidad entre los agentes que se encargan del transporte, distribución, comercialización a tarifas y otros costes. Este trámite se denomina liquidación de las actividades reguladas y proporciona un seguimiento de la evolución del consumo, los ingresos y los gastos del sector.  En esta ocasión el coeficiente de cobertura se sitúa en el 94,1%, es decir, que los agentes del sistema eléctrico cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya recursos.

Hasta noviembre, la demanda de energía eléctrica se situó en 201.996 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al valor promedio observado en años anteriores, lo que ha repercutido en un incremento de los ingresos por peajes de acceso y de generadores. Además, los costes regulados son inferiores a lo previsto gracias los menores pagos por capacidad y a la bajada de la retribución renovable.

Respecto a las renovables, cogeneración y residuos, la CNMC liquidó un total de 63.691 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada hasta noviembre ascendió a 6.159 millones de euros. Precisamente en noviembre la cantidad recogida en la liquidación para su pago a los productores del anteriormente conocido como régimen especial ascendió a un total de 668 millones de euros, una vez aplicado el coeficiente de cobertura y descontado los pagos cobrados por estas tecnologías antes de la entrada en vigor del modelo retributivo.

En cuanto al sector gasista, la liquidación arroja unos ingresos netos liquidables de 2.243 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El déficit se situó en 335 millones de euros, un 65% menos que en la liquidación anterior. La demanda de gas en los 11 primeros meses de 2015 ascendió a 268.046 GWh, un 4,3% más que el año anterior. El número de consumidores declarado por las empresas se situaba en 7,608 millones con un aumento anual de 65.254 consumidores.

Soria anuncia una bajada de la luz para todos los meses de 2016 y un decreto contra los enganches ilegales

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Europa Press / EFE.- Después de la bajada realizada en los peajes eléctricos desde el pasado agosto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseveró que el Gobierno prepara una reducción de la parte regulada del recibo de la luz que será efectiva durante los 12 meses de 2016. Soria explicó que esta reducción será posible gracias al cambio en el sistema de incentivos de las energías renovables, que permite que tanto en 2014 como en 2015 haya un superávit tarifario.

El ministro subrayó que era necesario variar el sistema de incentivos a las energías renovables porque resultaba «inviable», ya que generaba un déficit que podía llevar «a la quiebra del sistema energético en España. La modificación del sistema que ha llevado a cabo el Gobierno de España ha permitido, según argumentó Soria, pasar de unos 4.000 millones de euros anuales de déficit a tener superávit en 2014 y unos «mejores» resultados en 2015, presumió Soria.

Buscan evitar robos de luz

Por otro lado, Soria indicó que el real decreto que prepara su departamento para evitar los enganches ilegales de electricidad se llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Un decreto con el que se quiere evitar el robo de luz, una práctica que ya se cifra en torno a 150 millones de euros. A este respecto, indicó que este decreto está dentro del conjunto de normas que ha tomado el Ministerio para regular el sector eléctrico, en concreto, aquellas destinadas a intentar reducir, limitar y hacer desaparecer este tipo de prácticas. En cuanto a cuáles serán las medidas para evitar el fraude relacionado con los enganches ilegales de electricidad, apuntó que estarán definidas antes de acabar la legislatura.

Al hacer balance de la legislatura que termina, el ministro considera que la medida más importante adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy fue evitar el rescate de la economía española, ya que hubiese supuesto una bajada de pensiones, de prestaciones y un ajuste de la plantillas públicas. Ha considerado que se ha tratado de una legislatura de grandes cambios y transformaciones y la más importante ha sido, a su juicio, la económica, aunque ha reconocido que se han cometido errores, como haber gestionado mal los casos de corrupción, lo que «ha pasado factura» al Gobierno y al Partido Popular.

Endesa propone al Gobierno actuar sobre la tasa del 7% a la generación para abaratar el recibo de la luz

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Redacción / Agencias.- Endesa ha propuesto que el superávit de ingresos previsto para el sistema eléctrico en los próximos años se destine a «reducir o eliminar» el impuesto del 7% que existe sobre la actividad de generación eléctrica, lo quesupondría una bajada del recibo eléctrico «del 2%/3%». La compañía eléctrica hace esta propuesta ante las previsiones que maneja de superávit del sistema eléctrico: 650 millones de euros para 2014, 850 millones para 2015, 1.300 millones para 2016 y 1.500 millones en 2017.

Estas cantidades, señala la eléctrica recogiendo propuestas del sector, podrían usarse a bajar ese impuesto, introducido en el marco de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno, lo que se traduciría en «una reducción de la factura eléctrica», mejoraría la «competitividad de la economía» y ajustaría «algunas distorsiones» del mercado. Según señaló el consejero delegado de Endesa, José Bogas, la reducción en el recibo podría ser de entre «el 2% y el 3%». El sistema eléctrico, que acumula una deuda histórica superior a los 22.000 millones, registró por primera vez en años superávit en el ejercicio 2014, según el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Forma de bajar el recibo

La clave es que el ministro Soria también ha señalado que, teniendo en cuenta ese superávit, se intentará bajar la tarifa eléctrica de cara a la próxima revisión de enero. En este sentido, Endesa recuerda que, mientras persista un déficit tarifario histórico, los potenciales superávit deben destinarse a amortizar deuda «dejando inalteradas» las tarifas de acceso o peajes, la parte regulada del recibo, que supone alrededor del 40% del mismo. Desde la eléctrica también han subrayado la necesidad de eliminar costes de política energética de la factura y de proporcionar visibilidad a largo plazo para las renovables «al mismo tiempo que se producen mejores tecnológicas y de reducción de costes».

En cuanto a otras previsiones, Endesa eleva del 2,7% al 2,9% el incremento de la demanda eléctrica para 2015 pero la rebaja ligeramente para los dos siguientes ejercicios: del 2% al 1,8% para 2016 y del 1,8% al 1,7% para 2017. En cuanto al mercado mayorista eléctrico, los cálculos de Endesa prevén que el precio del megavatio-hora (MWh) se sitúe en 49 euros este año, frente a los 46 señalados en junio, se mantenga ese precio en 2016 y suba a 57 euros en 2017.

Endesa quiere crecer en gas

Por otro lado, la compañía quiere elevar un 30% su cartera de clientes de gas en España en el horizonte de 2019 y para ello se plantea adquisiciones selectivas, según consta en la actualización de su plan estratégico. «Miraremos oportunidades que puedan crear valor y encajen en nuestra estrategia», subrayaron. Endesa cuenta con 1,2 millones de clientes en gas mientras que su cartera de clientes en España en electricidad supera los 11,2 millones. Junto a España, Endesa quiere elevar su negocio de gas en Portugal y Francia. «Miramos oportunidades en pequeñas distribuidoras, comercializadoras y compañías de eficiencia energética», apuntó Bogas.

Extender nucleares a 60 años

Por otro lado, la compañía eléctrica ha reiterado que, en base a criterios técnicos y de seguridad, se podría extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años, como en otros países como Estados Unidos. «La energía nuclear es competitiva, segura y libre de CO2. Estabiliza y reduce precios mayoristas», afirman en su plan. Asimismo, ha reconocido que los grupos más competitivos de carbón podrán funcionar al menos hasta el final de la próxima década pero que el resto se irá cerrando.

Industria estudia cómo mantener la bajada de la luz de agosto durante 2016 al tiempo que reduce el déficit acumulado

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo estudia mantener en el conjunto de 2016 la bajada de la luz aplicada en agosto, así como rebajar entre un 0,5% y un 1% adicional el recibo y dedicar todo el superávit de tarifa de 2014 a reducir la deuda del sistema eléctrico, según indicaron fuentes del sector.

Estas fuentes aseguran que es la premisa con la que se elabora la orden ministerial de peajes de enero, que ofrecerá un alivio al recibo y lo hará sin renunciar al objetivo de reducir la deuda eléctrica. Conforme a este plan, Industria pretende mantener la bajada de agosto sin necesidad de utilizar el superávit tarifario de 2014, que finalmente rondará los 550 millones de euros y que se dedicará, como contempla la ley, a reducir la deuda del sistema eléctrico.

En agosto, el Gobierno aprobó una bajada de peajes de electricidad del 4% que permitió abaratar un 2,2% el recibo de la luz. Para ello, se sirvió de un remanente de 250 millones de euros relacionado con los pagos por capacidad y, más en concreto, con la ociosidad de una partida inicialmente prevista para incentivar la quema de carbón nacional.

Pese a la bajada desde agosto, Industria se ha encontrado con que en 2015 puede tener un superávit de tarifa de 900 millones, así que busca fórmulas que permitan rebajar la tarifa y que dejen este excedente en unos 600 millones. Por ello, mantendrá en el conjunto de 2016 la bajada de agosto mientras maneja otras opciones para bajar hasta un 1% adicional la luz.

Hay que tener en cuenta que el impacto de la bajada del 4% de los peajes en agosto sobre el conjunto de 2016 no será el mismo que en los 5 últimos meses de 2015. Si entre agosto y diciembre de 2015 ha permitido bajar un 2,2% la luz, en los 12 meses de 2016 solo podrá abaratarla en un 1,1%, por lo que Industria deberá hacer un esfuerzo adicional.

Sobre el carbón, en 2016 está prevista la puesta en marcha del nuevo mecanismo de incentivo a la quema de carbón nacional mediante el apoyo a la modernización medioambiental de las plantas, si bien este coste no tiene por qué cargarse sobre la tarifa y podría recaer sobre otros instrumentos, como un fondo mixto constituido entre el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente.

Este esfuerzo hasta alcanzar el 2,2% de bajada deseado podrá venir de un recorte en otros pagos por capacidad de las centrales térmicas, entre ellas los ciclos combinados de gas, ya que algunos empiezan a cumplir el periodo de reconocimiento de su retribución por inversión. También se esperan un menor uso del carbón, una demanda eléctrica al alza y un leve descenso en los costes de amortización de la deuda.

Así se habrá conseguido aplicar en todo 2016 la rebaja de tarifas del 2,2%. Para lograr el abaratamiento adicional, se adoptarán otras medidas, como previsiblemente la de ajustar los costes extrapeninsulares a la evolución real del petróleo y el cambio del euro con el dólar. La demanda es ahora viento de cola, ya que subirá cerca del 2,2% en 2015 y un 1% en 2016.

En cuanto al superávit de tarifa de 550 millones de 2014, las fuentes aseguran que se dedicará íntegramente a rebajar la deuda eléctrica y a cumplir de esta forma la regla de oro de la Ley del Sector Eléctrico de finales de 2013, en la que se obliga a destinar a esta partida los eventuales excedentes tarifarios. En 2015, el superávit aumentará a unos 600 millones si se consolida la previsión de aumento de la demanda de electricidad, mientras que en 2016 podría llegar a 900 millones, lo que generará un escenario más cómodo para los responsables políticos del momento.

Si se cumplen estos pronósticos, el sistema eléctrico habrá arrojado un excedente de unos 2.000 millones en apenas 3 años que, al dedicarse a rebajar el principal y los intereses de la deuda, también tendrá un efecto, no tan significativo, de bajada de peajes, ya que los consumidores pagarán menos por la partida dedicada a saldar este pasivo. Además, la deuda total acumulada al arranque de 2016 se situará en el entorno de la cota psicológica de los 20.000 millones, frente a los 28.000 millones que llegó a alcanzar en los momentos de mayor déficit.

Para 2016, el nuevo Gobierno se encontrará con menos urgencias en el sector eléctrico y tendrá algo de margen para revisar incluso algunas partidas de ingresos como el impuesto del 7% a la generación de electricidad, que se estableció de forma coyuntural para responder a una situación excepcional. Las compañías eléctricas están centrando sus reivindicaciones regulatorias en rebajar este impuesto.

En todo caso, aún existen elementos de incertidumbre: la CNMC deberá fijar el margen de comercialización de las eléctricas en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), después de que una sentencia del Tribunal Supremo reconociese la insuficiencia de ingresos de las comercializadoras de referencia. Se desconoce el impacto, pero es probable que el Gobierno se vea obligado a incluir entre los costes del sistema tanto el nuevo margen del comercializador como el dinero que se debe devolver a las empresas por obligarles a operar en pérdidas, pérdidas que cifraron en 100 millones de euros.

Soria aspira a bajar de nuevo la luz antes de las elecciones si el superávit del sistema eléctrico lo permite

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no ha descartado una nueva bajada de la luz, a través de la parte regulada, en la revisión de diciembre si el superávit final del sistema eléctrico lo permite. «No sabemos cuál va a ser el superávit en el sistema eléctrico para este año 2015, pero si pudiéramos tener una estimación que nos permitiera bajar la parte regulada y que se tradujera en la factura, lógicamente lo haríamos«, dijo Soria.

El propio ministro de Industria estimó en octubre que el sistema eléctrico cerraría con un superávit de más de 300 millones de euros en el año 2014, mientras que en 2015 el saldo positivo superará los 500 millones de euros. Estas cifras del superávit para el sector eléctrico para el ejercicio 2014 está pendiente de la liquidación definitiva, que se conocerá este mes de noviembre. Lo cierto es que la ley del sector eléctrico obliga a destinar el superávit del sistema eléctrico a la amortización del déficit de tarifa acumulado, aunque fuentes del sector señalan algunos «mecanismos» para poder destinar ese dinero a bajar los peajes sin incumplir la ley.

De hecho, el Gobierno ya aprobó este año una bajada en la factura de la luz del 2,2%, que entró en vigor en agosto y que se aplicará hasta finales de diciembre, tras recortar en un 4% la parte del recibo dedicada a sufragar los costes regulados, conocidos como peajes y que suponen alrededor del 40% de la factura. Esta bajada de peajes se aplicó al existir un remanente en el escenario de costes del sistema eléctrico de 2015 de 250 millones de euros, procedentes de una partida que no se ha utilizado de pagos por capacidad, para centrales termoeléctricas que respaldan a las renovables.

Por otra parte, el titular de Industria defendió que a lo largo de esta legislatura se ha logrado encauzar el problema del déficit de tarifa y que «ya es buena noticia» que ahora se hable de «si el superávit va a ser de un tipo o de otro» mientras que antes sólo hablaban de cómo afrontar el déficit. Asimismo, subrayó que el recibo de la luz «bajó en los años 2013 y 2014», aunque señaló que la percepción de que la factura de la electricidad en España es de las más altas de Europa es «real» debido al incremento que registró desde 2004 hasta 2012.

«Una familia media pagaba unos 30 euros mensuales en 2004 por la factura de la luz. En 2012 esos 30 euros habían pasado a 60 euros y desde entonces esos 60 euros han bajado a 58 o 57 euros. Según Soria, «la referencia que tenemos es la de los 30 euros que costaba antes, por lo que la percepción de que la factura de la electricidad en España es de las más altas de Europa es una percepción real porque ciertamente es así. La buena noticia es que por primera vez en los últimos diez años ha empezado a disminuir». «Este año muy probablemente tendrá una tendencia muy similar a la del año anterior», pronosticó.

El titular de Industria también afirmó que suele pagar unos 200 euros en el recibo de la luz en los meses de invierno y explicó que no tiene un contrato de venta del pequeño consumidor, sino uno bilateral, una modalidad con la que cuentan aproximadamente el 40% de los consumidores. En esta línea, apuntó que «el precio unitario del kilovatio» cuesta menos ahora que cuando él llegó al Ministerio de Industria. El ministro también ha defendido el real decreto sobre autoconsumo aprobado por el Gobierno y subrayó que con la nueva normativa no solamente no existe «eso que se llama impuesto al sol«, sino que «se elimina«.  «Todos los demás están absolutamente equivocados», ha dicho.

Soria presume ante el Congreso de haber cumplido los objetivos marcados al inicio de esta legislatura para el sector energético

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Europa Press / Servimedia.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presumió en la última sesión de control al Gobierno en esta legislatura de cumplir «con creces» los objetivos que se marcó en 2011. Especialmente celebró haber «terminado» con «uno de los grandes déficits estructurales más gruesos y profundos» que se encontró al inicio de la legislatura, el déficit tarifario, que afectaba «no sólo al sector eléctrico sino a toda la economía», ya que llega a acumular 26.000 millones de euros.

Además, al valorar los datos de su Ministerio, celebró conseguir una «España más industrial» ya que «por primera vez tras 14 años, el valor añadido bruto de la industria aumentó su peso en el conjunto de la actividad económica». En la misma línea, el país es también «más digital» como demuestra que fuera el estado de la Unión Europea con el «mayor despliegue de banda ancha ultrarrápida» el año pasado.

Finalmente, Soria considera que se «consolidó» el turismo como «motor de la recuperación» y «primer sector» de la economía, y como prueba esgrime que España «volvió al podio mundial» al ocupar ya el tercer puesto en número de visitantes, el segundo en gasto total, con más de 63.000 millones en 2014; y el primero en competitividad internacional «por primera vez». Por último, volvió a recalcar que se puso fin al déficit eléctrico y ya hay superávit en el sistema eléctrico.

El sistema eléctrico registra a julio un desajuste 541,6 millones inferior al previsto

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Europa Press.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.921,5 millones de euros hasta julio, lo que supone un desajuste 541,6 millones de euros inferior al previsto para este periodo. Estas cifras aparecen recogidas en la séptima liquidación provisional del ejercicio elaborada por la CNMC, que señala que este dato significa que «el desajuste en el sector eléctrico evoluciona mejor de lo previsto«.

El coeficiente de cobertura se ha situado en el 83,99%, frente al 82,65% de la anterior liquidación, y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación. En lo que respecta a la evolución de la demanda en consumo y de los ingresos, éstos se encuentran por encima de los valores esperados para la liquidación. De esta manera, la demanda en consumo (121.268 GWh) ha sido un 2,9% superior al valor promedio observado en años anteriores.

Mientras, los ingresos por peajes de acceso, que ascienden a 7.157,9 millones de euros, han resultado un 3,1% superiores al promedio histórico, con un total de 218,1 millones de euros más. Asimismo, los ingresos de peajes de generadores en esta liquidación han resultado 1,6 millones de euros superiores a los previstos por esta liquidación. Los ingresos registrados por aplicación del artículo 17 del RD 216/2014 han resultado un 29,2% superiores a los previstos en la orden IET/2444/2014.

En el lado de los costes regulados, fueron hasta julio 261,2 millones de euros inferiores a lo previsto, debido, principalmente, a unos pagos por capacidad 178,3 millones de euros por debajo del pronóstico y una retribución a renovables y cogeneración 114,1 millones de euros inferior. Los incentivos a estas tecnologías acumulados hasta julio ascienden a 3.956,71 millones de euros antes de impuestos. Una vez descontadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2015 ya abonadas en las liquidaciones anteriores, la cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 544,5 millones de euros antes de impuestos.

En el sector gasista, la séptima liquidación mensual arroja una desviación de la retribución total acreditada para el periodo de liquidación frente a los ingresos netos liquidables del sistema de 105,44 millones de euros en términos de caja. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 93,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas gasistas por facturación de peajes, cánones y tarifas ascendió a 1.602 millones de euros, con un incremento del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta liquidación se obtienen unos ingresos netos liquidables de 1.562 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.