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Acciona y Siemens Gamesa, entre las empresas del sector energético que piden adoptar un precio suelo europeo del carbono

Europa Press.– Un grupo de empresas globales, entre las que figuran Siemens Gamesa y Acciona, han propuesto la introducción de un precio suelo europeo o regional del carbono en el sector eléctrico y un precio mínimo para el transporte y edificación. Junto a las dos compañías españolas, también lo proponen empresas vinculadas al sector energético como EDF, Engie, Orsted, Verbund, Vestas, EnBW, Enercon, SSE o Nordex, entre otras.

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, animó a los Estados europeos «a suscribir esta iniciativa». «Creemos que un precio suelo del carbono supondrá una importante contribución a la descarbonización eficiente de la economía europea y nos ayudará a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. La transición a un mundo más limpio es una misión que apoyamos y aceptamos», indicó. Según el grupo, las señales «predecibles y coherentes» de los precios del carbono se consideran en general la forma más eficiente de estimular la toma de decisiones respetuosas con el medio ambiente por parte de empresas y consumidores.

En un informe elaborado por FTI Consulting y Compass Lexecon, que será presentado el próximo 19 de diciembre, destacan que con un precio suelo de carbono, las emisiones de CO2 del sector eléctrico podrían reducirse en un 29% adicional de aquí a 2030 en la zona con precio mínimo de carbono, mientras que las emisiones totales del sector de los países de la Unión Europea se reducen en un 17%.

Además, subrayan que un precio suelo del carbono reduce los costes de las inversiones ya que la menor volatilidad de los precios de la energía conduce a una disminución de los costes de financiación. Asimismo, consideran que un precio suelo del carbono impulsa la transición energética, permitiendo realizar más proyectos de energía renovable con menos apoyo financiero e impulsa una aceleración del cierre progresivo de las centrales de carbón. También proponen, a corto plazo, utilizar los ingresos presupuestarios derivados del precio suelo del carbono para mitigar los posibles impactos sobre las industrias intensivas en energía.

Abogados ambientales denuncian trabas de la administración para acceder a informes clave en zonas próximas a centrales térmicas de carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha denunciado las trabas de las diferentes administraciones públicas, para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente como los informes base del estado de las aguas subterráneas y el suelo en las zonas con centrales térmicas de carbón.

Según el IIDMA, que está conformado por abogados especializados en medio ambiente, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente, las administraciones debería facilitar al público la documentación requerida, generalmente, en el plazo de un mes. Asimismo, los abogados del IIDMA citan la Directiva de Emisiones Industriales, que establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas para obtener la actualización de los permisos (Autorización Ambiental Integrada) en instalaciones como las centrales de carbón.

En base a estas normativas, IIDMA solicitó en 2016 a las autonomías que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la Unión Europea, con el objetivo de «evitar y reducir la contaminación de los entornos» de estos establecimientos.

Galicia frente Asturias y Aragón

Según aseguró la plataforma, Galicia fue la única comunidad que ha cumplido con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Baleares retrasaron el proceso durante varios meses, «poniendo trabas a la democracia ambiental». No obstante, según el IIDMA, «los incumplimientos más graves de acceso a la información se producen en Aragón, donde alegan que no tienen obligación de remitir los informes». Por ello, la plataforma recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón esta alegación; también reclaman que en Asturias se han ignorado reiteradamente las solicitudes y aún no han conseguido la documentación requerida.

Para la directora del IIDMA, Ana Barreira, «esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la Ley«. De acuerdo con los abogados especializados en medio ambiente, las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y «el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para el desarrollo democrático». «El bloqueo de acceso a la información podría esconder el escaso control de las comunidades autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas», según el IIDMA.