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UGT exige a Naturgy planes de acompañamiento que eviten la pérdida del empleo por el cierre de las centrales térmicas

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Europa Press.– UGT-FICA ha exigido a Naturgy que presente planes de acompañamiento dirigidos a evitar la pérdida de cerca de 250 empleos directos y 700 indirectos y del tejido industrial de las zonas afectadas, en caso de que finalmente se ejecute el cierre de las centrales térmicas.

En concreto, se refiere a las centrales térmicas que Naturgy tiene en Narcea (Asturias), Meirama (Galicia) y La Robla (Castilla y León). El secretario general de la sección de Industria, de UGT, Pedro Hojas, reiteró la posición de la federación en la defensa del mantenimiento de la actividad de las plantas térmicas y de los puestos de trabajo, así como «del futuro de pueblos enteros y comarcas», que, sin estas centrales, considera «están abocadas al empobrecimiento y a la despoblación».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Plan Energético Nacional, con la participación de todos los agentes directamente implicados como administraciones públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos, en el que se defina un mix energético para los próximos años que pueda contribuir a conseguir una transición energética «justa, equilibrada y socialmente responsable, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea«.

El anuncio del cierre de las 3 centrales es posterior a la finalización del proceso de adecuación de la central térmica de La Robla a los requisitos sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) exigidos por la Unión Europea para poder seguir funcionando y de la adecuación en un 90% de la central de Narcea. A pesar de estas inversiones, UGT cuestiona a Naturgy por mantener el cierre de las 3 centrales térmicas «sin haber presentado hasta la fecha ninguna alternativa industrial que palíe los efectos negativos de estos cierres«.

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

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Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

CCOO lamenta que Vestas persista en su estrategia de «querer engañar a todos» mientras surgen críticas sobre las subvenciones recibidas

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EFE.- La Unión del Pueblo Leonés (UPL) califica de fraude de ley el uso de las subvenciones por parte de Vestas, y culpa a PP y PSOE del «fiasco» del cierre de la planta de Villadangos del Páramo (León). Asimismo, el sindicato CCOO ha denunciado que el resultado del encuentro que mantuvo la ministra Teresa Ribera con Vestas se limita a que la empresa continúa con su estrategia planificada desde hace mucho tiempo de dilatar y «engañar a todas las partes«.

«No es de recibo que ahora deseen potenciar las otras dos plantas con que cuentan en España y seguir adelante con el cierre de Villadangos del Páramo (León)», ha denunciado el sindicato. A su juicio, todo apunta a una «clara estrategia de negociación e intento de chantaje al Gobierno de España, más aún cuando la dirección de Vestas ha querido reunirse por separado con los Ejecutivos central y de Castilla y León». «No estamos de acuerdo con esa posición, ya que parece que el frente común de ambos gobiernos los desea dividir y, de hecho, ya se ha realizado una posición política de quien tiene la culpa», apuntó el secretario provincial de la Federación de Industria, Ángel Manuel Santos González.

Deslocalizar la planta a Asia

CCOO ha recalcado que no está de acuerdo con lo sucedido y ha insistido en que hay que utilizar todos los instrumentos que posee el Gobierno para «anclar una industria de este calado y dimensión en una población tan castigada como es la de la provincia de León». «Dicen que se van, pero están abiertos a una posible venta de la fábrica, con subrogación de la plantilla, cuestión que nos genera muchas dudas», ha advertido CCOO, que avisa que ahora ya sólo se cree en los hechos. «Basta ya de buenas palabras, y que se apliquen en actuar en beneficio de la plantilla y la continuidad de la factoría», reprocha Santos González, que añadió que la plantilla está totalmente decepcionada.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del propio Comité, Juan Francisco García Cabezas. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

UPL critica las subvenciones otorgadas

La UPL considera que «ha quedado perfectamente demostrada la absoluta inoperancia e inutilidad negociadora y ejecutiva de la Junta de Castilla y León que, salvo simples manifestaciones, no ha adoptado medida alguna para salvar la actividad y los puestos de trabajo de Vestas». UPL añade que el Gobierno de la nación «tampoco ha conseguido mayores logros por lo que, al final, tanto PP como PSOE son también corresponsables de un cierre del que la primera responsabilidad cae en la empresa Vestas, que con desprecio absoluto al drama humano y a las millonarias subvenciones autonómicas y estatales recibidas, deciden el cierre».

«Este desprecio de la empresa, materializado en que en su momento reciben las subvenciones para el montaje de la planta, para actividad de la misma, y la conservación de los puestos de trabajo, acaba incumpliendo precisamente los objetivos de las mismas, siendo también la responsabilidad de la Junta y del Estado», recalca la formación leonesista. Señala que, si bien pudieran estar prescritas las acciones para exigir a la empresa su devolución, lo que es evidente es que la norma existente no ha servido para su objetivo y ha propiciado «un auténtico fraude de ley en la utilización de las mismas».

Por todo ello, UPL exige a la Junta «que se deje de afirmaciones rutilantes cara a la galería, y adopte las medidas oportunas para exigir a la empresa todas sus responsabilidades». «Si esto hubiera acaecido en cualquiera de las provincias castellanas, no dudamos que hubieran buscado otro tipo de soluciones», precisa UPL, que subraya que el Gobierno de la nación deberá también buscar soluciones efectivas y no meros intentos que no han dado resultado alguno.

En último lugar, UPL pone de manifiesto la «incongruencia» de apostar por una transición energética justa, cerrando térmicas, finiquitando y descarbonizando lo poco que queda de la minería, y a la vez cerrar empresas de renovables como la de Vestas. De hecho, el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, ha pedido en persona al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que exija a Pedro Sánchez explicaciones sobre lo que los socialistas denominan «transición justa» y si esto se traduce en «descarbonizar» o «acabar también con la eólica». «A León se le exige que se acabe con lo poco que le queda del carbón y nos dejan solos ante los problemas de las energías limpias», ha aseverado sobre Vestas.

El ataque a las renovables

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha criticado la política energética de España como causa de la salida de Vestas de la provincia y pide minimizar el impacto del cierre de la planta de Villadangos. En este sentido, FELE expresa su «respeto» ante esta decisión empresarial de la compañía danesa, que responde «a un procedimiento enmarcado en las leyes nacionales y europeas». También expresa su respeto «a los accionistas de la compañía, a la libertad de empresa y la economía de mercado».

En este contexto «de respeto mutuo», FELE solicita a los agentes implicados que se minimicen al máximo posible los daños que conlleva este cierre, tanto para los trabajadores como para la economía y el empleo de León. También insta a llevar a cabo una política que favorezca la recolocación de todos sus trabajadores y reducir así el grave impacto de esta decisión. La patronal leonesa pone de manifiesto que las descalificaciones, amenazas y represalias de los representantes políticos no son la manera más adecuada de actuar. Además, advierte de que esta actitud afectaría a futuras inversiones de otros agentes económicos.»Este tipo de situaciones requieren templanza, sosiego, responsabilidad y que se mantengan alejadas de intereses electorales o populismos políticos oportunistas», recalca.

La patronal leonesa reitera la «inquietud» y «preocupación» ante «una política energética que no ha sido la más adecuada y ha frenando el desarrollo de las renovables y propiciado la deslocalización de empresas«. Recuerda que, en su día, se acogieron a una normativa favorable para implantarse y posteriormente, debido a los continuos cambios regulatorios en España, se ha frenado el desarrollo del sector en los últimos años. De cara al futuro, FELE reclama una planificación energética basada en el consenso de todos los partidos políticos que permita alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea.

El sindicato SOMA organiza una jornada para reivindicar una transición energética justa

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EFE. – El SOMA-FITAG-UGT celebrará el próximo 6 de septiembre en La Felguera una jornada técnica denominada «Hacia una transición energética justa. Políticas y estrategias para la gestión en Asturias» que contará con la presencia del presidente de la patronal del carbón Carbunión, José Pedro Iglesias, y con el máximo responsable de Hunosa, Gregorio Rabanal.

Para el sindicato, el objetivo del encuentro es crear un foro plural y colaborativo de análisis, que facilite la reflexión y el debate social sobre un tema tan trascendental como es el diseño de la política energética del futuro de España y el papel que en la misma debe desempeñar Asturias.

En el mismo sentido, prevé abordar la participación del carbón autóctono y las líneas estratégicas a considerar para conseguir que el proceso de planificación de transición energética sea sostenible y justo.

Según el SOMA-UGT, en España, la generación de electricidad es muy desigual, por lo que la transición energética podría agudizar los ya patentes desequilibrios territoriales, como resultado del necesario ajuste energético hacia una generación baja en carbono.

Para el sindicato, existen varios casos en los que hay una clara conexión entre instalaciones de generación y zonas mineras de manera que el impacto inicial de la descarbonización sobre el empleo y la actividad económica de estas regiones seria toda vez más elevado.

Además, la entidad sindicalista recuerda que Asturias podría ser la región española más afectada por una transición no programada dado que tiene una estructura energética singular derivada de la gran participación del carbón en el consumo de energía primaria.

Por ello, el sindicato pide un pacto de estado, que defina con realismo y rigor el escenario energético, económico y social, que permita mejorar la competitividad, que avance en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias medioambientalmente y que contemple territorialmente la creación y el mantenimiento de empleo.

La jornada la abrirá el decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan José Fernández Díaz, y participaran también el consejero de Empleo del Principado, Isaac Pola; del vicesecretario general de IndustriAll Europa, Luis Ángel Colunga, y del secretario general del SOMA-FITAG-UGT José Luis Alperi.

CCOO de Industria solicita al Gobierno garantizar el futuro de la minería y la presencia del carbón en el ‘mix’ energético español

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Europa Press. – CCOO de Industria ha mantenido una reunión con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y con responsables del Ministerio para la Transición Energética, en un encuentro en el que el sindicato ha pedido la necesidad de adoptar «de forma inmediata» medidas para avanzar en el sostenimiento de la actividad minera para la extracción de carbón autóctono, ligado a la presencia de las centrales térmicas dentro del ‘mix’ energético español.

Según informaciones del sindicato, acudieron a la reunión con «la prioridad» de buscar fórmulas que permitan, en el corto plazo, la entrada de carbón autóctono en las térmicas. En este sentido, han señalado que su objetivo es «aliviar la insostenible situación que padecen, con especial crudeza, los trabajadores de la minería privada».

Así, CCOO de Industria cree que «deben primar las necesidades como país, en beneficio de la ciudadanía, de las personas trabajadoras y de la industria, por encima de otros intereses». Por todo ello, solicita planificar una transición energética «justa», en la que se planteen medidas que clarifiquen y garanticen «un futuro estable» tanto a los trabajadores como a los territorios afectados.

Por último, el sindicato considera que es «el momento de anteponer a los intereses económicos de las eléctricas el interés general de las comarcas mineras y del conjunto de la ciudadanía», ya que el carbón, especialmente el autóctono, «juega un papel primordial como energía de respaldo y elemento regulador de los costes eléctricos».