Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado por 4 votos a favor y 1 en contra establecer un conjunto de límites y condiciones de imprescindible implantación antes de que la central nuclear de Santa María de Garoña, si el Gobierno le concede una autorización, pueda cargar combustible y empezar a producir electricidad.

En una rueda de prensa inusual el pleno, con el presidente, Fernando Martí Scharfhausen, sus consejeros y el director de seguridad técnica y de protección radiológica, indicaron que el CSN evaluó la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña, para establecer las condiciones para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no se establece una fecha máxima, algo que alegan que corresponde, en su caso, al Gobierno. El informe del organismo regulador atómico era preceptivo y vinculante en caso de ser negativo, pero no vinculante en caso de ser favorable, por lo que la decisión corresponde ahora al Ministerio de Energía.

El director de Seguridad Nuclear, Antonio Munuera, ha explicado la propuesta, a la que se opone la consejera Cristina Narbona, y que incluye 8 condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras 2 más específicas como el aislamiento de la contención primaria o la protección de equipos frente a un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado, que están «prácticamente finalizadas», pero también «muchas otras» que, según una estimación inicial de Nuclenor, le podrían llevar «al menos 12 meses de trabajos».

En total, se trata de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificará el cumplimiento de todo ello. Munuera ha precisado además que para su toma de decisión el pleno ha analizado 167 informes, las respuestas de Nuclenor al cumplimiento de la Normativa de Aplicación Condicionada, el estado de cumplimiento de las condiciones sobre seguridad nuclear y protección radiológica de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y de las Instrucciones Técnicas aplicables. Así, los consejeros han evaluado que las propuestas «son aceptables» desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, pero consideran «necesario» que Nuclenor realice acciones adicionales antes de cargar combustible y operar a potencia.

Estas ITC, los 10 límites y condiciones y otras 15 instrucciones complementarias, incluyen, por ejemplo, un programa de organización y factores humanos, adaptar el sistema de protección frente a incendios, implantar las medidas post-Fukushima. Antes de que el reactor de la planta comience a funcionar se deberán inspeccionar las barras de control, verificar el cumplimiento del programa de actuaciones; revisar el plan de envejecimiento y acometer las pruebas de arranque.

Precisamente, Martí ha afirmado que al CSN le da igual si cuesta 100 que si cuesta 300. “No sabemos ni queremos saber lo que no tenemos que saber. Tenemos el derecho a no saber de eso. Somos responsables de seguridad nuclear y la protección radiológica“, aseveró enérgico. Tanto el presidente del CSN, Fernando Martí, como el resto de consejeros, Rosario Velasco (vicepresidenta), Fernando Castelló y Javier Dies, defendieron el rigor y la independencia del cuerpo técnico y han subrayado de que al regulador «únicamente» le corresponde poner las condiciones y «evaluar» pero que la decisión definitiva corresponde «únicamente» al Gobierno.

Revisión de seguridad en 2023

Del mismo modo, se han desvinculado sobre la «capacidad» de marcar la política energética nacional con una decisión que, por primera vez, pondrá a una central nuclear en la operación a largo plazo, los 60 años de edad, si el Gobierno así lo determina. En todo caso, el informe favorable no establece una fecha de autorización pero sí que las Revisiones Periódicas de Seguridad que deberá pasar Garoña serán como mucho cada 10 años «y la próxima le toca en 2023», según Velasco, que ante el Congreso reivindicó previamente que la misión del CSN en este proceso es «técnica», mientras que la decisión final corresponde al Gobierno, por lo que insistió en que el CSN «no abre ni cierra centrales».

El presidente Martí Scharfhausen insistió en que el CSN «no autoriza ni desautoriza centrales, sino que marca las condiciones para que puedan volver a operar con seguridad» por lo que ha puesto la pelota del futuro de Garoña en el tejado del Ministerio y del Gobierno, que tendrán que marcar «el plazo» que «no es competencia» del regulador, que debe ser «fiel y escrupuloso» en el cumplimiento de la ley.

Asimismo, instó a «los medios de comunicación» a difundir el «prestigio internacional» de los técnicos del CSN a pesar del «pecado original de sus consejeros» para que su trabajo no se mezcle con «batallas ajenas» a su cometido. «El prestigio de los técnicos está basado en la profesionalidad, el esfuerzo y la dedicación técnica porque el CSN es esencial para los ciudadanos aunque se cierren todas las centrales nucleares», indicó.

Por su parte, Narbona explicó los motivos por los que emitió un voto particular. En su opinión, el regulador no debería ni siquiera tomar una decisión sobre la cuestión sin que la planta burgalesa hubiera terminado de implantar «todas las condiciones y modificaciones previas». La consejera basa la necesidad de votar en contra del dictamen no en la falta de criterio de los técnicos, sino en que esta es la «primera vez» desde 1999 que el regulador concede un informe favorable para la renovación de una central «sin establecer un límite temporal» a la misma y considera que esto «contradice» la guía de seguridad 1.10 que es la que está «en vigor en la actualidad», aunque se esté cambiando actualmente.

Al mismo tiempo, ha recordado una carta enviada en 2015 por Munuera a Nuclenor emplazando al titular a acelerar en las modificaciones que se le requerían como requisito previo para estudiar su solicitud de renovación. Por ello, la consejera no entiende que se haya votado un informe sin cumplir estas condiciones. Si bien, reconoce que había obligación del regulador a responder a la Administración, pero que la ley «no prejuzga la respuesta». «El pleno podía haber dicho no», ha advertido.

A continuación los consejeros han explicado los motivos por los que han votado a favor. Por ejemplo, para la vicepresidenta, Rosario Velasco, ha sido «imprescindible» que se incluyera la RPS cada diez años como plazo máximo. A su juicio, disociar la RPS de la autorización supondrá un «incremento importante» de proactividad de los operadores a la hora de garantizar la seguridad de las instalaciones.  Castelló, por su parte, ve también «muy bueno» separar ambas cuestiones y ha recordado también, respecto a la operación a largo plazo, que en el proceso de renovación de 2009 ya se realizó un análisis del envejecimiento hasta los 60 años de operación que se aprobó por unanimidad y que ahora se ha revisado y actualizado.

En la misma línea, Javier Dies apuntó que en la actualidad 117 centrales en todo el mundo tienen permiso para operar más allá de los 40 años de vida útil y ha garantizado que con las condiciones impuestas por el CSN, si el Gobierno decide autorizar la renovación de la planta, Garoña «estará en unos niveles muy competitivos de seguridad».