Europa Press / EFE.- La Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) denuncia que los propietarios de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos, no han adoptado las medidas necesarias para «mejorar la seguridad» de la planta, por lo que ha advertido de que el CSN ha dado su visto bueno a la reapertura de la central sin que previamente se lleven a cabo dichas mejoras, lo que a su juicio es una «exención encubierta» del cumplimiento de dichos requisitos.
Los técnicos de seguridad nuclear adscritos a la ASTECSN recuerdan que el CSN ya reclamó a los propietarios de la central nuclear una revisión del diseño de la planta, así como la implantación de determinadas modificaciones para actualizar su nivel de seguridad. Entre las medidas que pidió que adoptaran se encuentra la creación de nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de la turbina, y el aislamiento de la contención primaria.
La ASTECSN asegura que el CSN advirtió de que dichas modificaciones deberían estar implantadas «como condición previa» para la emisión del preceptivo informe favorable a la renovación del permiso de actividad para la central, según se indicó a los propietarios de Garoña en abril de 2015. Estos técnicos denuncian que «esta instalación no ha realizado estas modificaciones necesarias requeridas para mejorar su nivel de seguridad». En estas circunstancias consideran que el dictamen favorable a la explotación «supone un cambio de criterio del que se desconocen sus fundamentos y supone de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».
Los técnicos han advertido de que el dictamen sobre la continuidad de explotación de una central nuclear «debe necesariamente tener en cuenta el resultado final de la implantación de unas mejoras de naturaleza compleja y que, por tanto, pueden conllevar desviaciones respecto a lo inicialmente previsto». La ASTECSN considera que dictaminar sobre el nivel de seguridad de Garoña en las condiciones actuales «supone hacerlo sin disponer de la información necesaria».
Por otra parte, ha recordado que en la actualidad todas las centrales españolas «están obligadas» a realizar cada 10 años una ‘Revisión Periódica de Seguridad’ (RPS), siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Seguridad 1.10 (GS-1.10) del CSN. Esta guía contiene normativa compartida a nivel europeo y avalada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA). En ella, se asocia la RPS con las solicitudes de renovación de las licencias de explotación, como garantía previa para la emisión de informe favorable sobre la renovación, para que el diseño de las plantas nucleares se actualice a la «mejor tecnología disponible», adecuándose a los avances de conocimiento, tecnológicos y normativos.
Por todo ello, la ASTECSN esgrime que la aplicación de la GS-1.10 «supone una salvaguarda de que las inversiones económicas para actualizar las plantas nucleares son acordes al nivel de riesgo que se considera aceptable en cada momento». Esta asociación denuncia que el CSN está preparando una revisión de la GS-1.10 a petición de UNESA, la patronal de las eléctricas, desvinculando los plazos de la RPS con los del propio permiso, «eliminando así la condición previa» de realizar una RPS para el informe favorable a un permiso de explotación, que forzaba a concederlos por un máximo de 10 años, y que con la modificación podrán ser establecido por el Gobierno.
Los técnicos han indicado que esta revisión de la GS-1.10 no está aprobada todavía, pero han advertido de que «podría ser aplicada por el CSN para la emisión de su informe favorable sobre Garoña, sin conocerse los fundamentos de este cambio de criterio». La ASTECSN ha asegurado que emitir un dictamen técnico sin aplicar la mencionada Guía de Seguridad, ni conocer el resultado de la implantación de las modificaciones de diseño requeridas, «supone asumir unos riesgos de forma no justificada y sin el conocimiento ni la aceptación de la sociedad».
Frente a esta «falta de transparencia», ha reclamado un debate en el que «el regulador explique públicamente su posición y justifique, en su caso, la necesidad de modificar estos requisitos». La asociación ha lamentado que el trabajo realizado en el CSN se ha desarrollado internamente a través de un expediente de evaluación «de acceso restringido incluso para los propios evaluadores, que impide la discusión necesaria para alcanzar el mejor resultado».
Además, han destacado la «gran incertidumbre» causada por los mensajes «contradictorios» de los sucesivos gobiernos y de la empresa propietaria de la central sobre su continuidad. «Antes de evaluar con escenarios inciertos, dedicando recursos que se detraen de otras actividades de supervisión, debería producirse un muy necesario debate técnico público sobre la extensión de vida de nuestras plantas nucleares», han manifestado. La asociación ha denunciado que «la toma de decisiones precipitadas, sin haber implantado todas las modificaciones solicitadas, sin un debate previo sobre la extensión de vida de las centrales nucleares, pone en entredicho la credibilidad del CSN como institución responsable de la defensa de los principios de la seguridad nuclear y la protección radiológica».
