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El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

El sindicato UGT pide al Gobierno negociar una transición energética “justa” y «atemperar» la alarma social generada alrededor del diesel

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Europa Press.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un proceso de negociación «que permita hacer los cambios necesarios» y una transición energética «justa» para pasar de un modelo a otro. Asimismo, exige al Gobierno que «atempere» la alarma social que se ha generado en torno a la desaparición del diésel.

«A una persona que ha comprado un diésel hace 3 meses, con unos grados de contaminación bastante equiparables a los de la gasolina, ahora no se le puede decir meses después que su situación ha cambiado radicalmente», apuntó el líder de UGT. Álvarez también aboga por suprimir «de manera inmediata» el conocido como impuesto al sol, porque es un “absurdo” que «solo beneficia a las empresas eléctricas». También apuesta por impulsar las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. “Las nuevas generaciones de energía no fósiles tienen un abanico de posibilidades de creación de empleo muy importantes«, ha precisado.

«Queremos que nuestro país impulse las energías renovables y queremos saber cuál es la política que vamos a desarrollar desde ese punto de vista», afirmó. Por ello, ha apostado por «pasar de las declaraciones a los hechos» para conseguir un medio ambiente «sano»; un precio de la energía que permita mantener el desarrollo industrial, manteniendo los precios al consumidor «de acuerdo con el coste de la vida»; y unos precios a la industria que tengan «una relación» con lo que ocurre en Europa, ya que los grandes consumidores de energía están pagando en España «en torno a un 30% más».

Asimismo, el sindicalista ha criticado que algunos sectores industriales «han creado alarma social» desde el punto de vista de todo el proceso energético. Así, ha defendido introducir cambios «con justicia social y medioambiental«. En este sentido, ha pedido una coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el de Trabajo, para «sumar esas sinergias» y ser un país que «tenga peso» y «se visualice» en las nuevas generaciones de energías no fósiles.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de paralizar los trámites del ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), Álvarez considera que los residuos deben tenerse en España, en una ubicación “segura, con la suficiente información para que no genere alarma social” y donde existan compensaciones para el desarrollo de la zona desde el punto de vista industrial y económico. «Lo que es muy difícil es mantener un canon como el que pagamos», advirtió Álvarez respecto a los 74.000 euros diarios que se pagan a Francia para el almacenaje de estos residuos.

El PP reclama que Ribera comparezca este verano en el Congreso mientras Izquierda Unida pide la paralización definitiva del ATC

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Europa Press.- Mientras Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición en la que reclama al Gobierno que la paralización del proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) «se paralice definitivamente» y no temporalmente, desde el PP reclaman la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para informar acerca de su decisión de paralizar la tramitación del ATC.

El Gobierno explicó que había pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión del dictamen que el organismo regulador estaba llevando a cabo sobre la autorización de la construcción de estas instalaciones. El Ministerio explicó que el objetivo es dejar en suspenso este informe hasta tener una «evaluación más detallada de la situación actual». Con el objetivo de que la presencia de la ministra en la Cámara baja se produzca durante el verano, el primer partido de la oposición ha pedido que se reúna la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, para debatir su petición.

El portavoz de los populares en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ya había adelantado la intención de su partido de solicitar esta comparecencia. Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando existe en el Congreso una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión.

También acusó a Ribera de «hurtar al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica el pasado 11 de julio, cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

Izquierda Unida pide el final

Por su parte, Izquierda Unida exige que el ATC «se paralice definitivamente» en una iniciativa firmada por su coordinador federal, Alberto Garzón, y su portavoz parlamentaria en temas medioambientales, Eva García Sempere, que define la decisión del Gobierno sobre el ATC como «propagandística» y señala que se trata de una medida «publicitada a bombo y platillo» por el equipo de Pedro Sánchez, pero sin consecuencias. «De hecho, lo que el Gabinete socialista se ha limitado a hacer ahora es solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión temporal de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del ATC para analizar con cierto detalle la situación«, critica IU en el texto registrado.

García Sempere argumenta, en este sentido, que «si la solución que se ofrece es temporal» habría que tener en cuenta que todas las centrales nucleares españolas ya cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), donde almacenar provisionalmente los residuos que producen, o los tienen en construcción. A su juicio, construir el ATC sería «duplicar la inversión de forma totalmente innecesaria», por lo que el Estado se podría ahorrar más de 2.800 millones de euros entre construcción, explotación y posterior desmantelamiento.

Frente a otras versiones, aclara también que «tampoco hay prisa para que los residuos de Vandellós I vuelvan de Francia, pues no se está pagando un solo euro por su custodia merced al convenio entre la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos nucleares en España, Enresa, y la multinacional francesa del sector nuclear, Areva, firmado en octubre de 2012″.

García Sempere desmonta también en la iniciativa otro de los «falsos» argumentos aireados por los sectores pronucleares: el beneficio económico que acarrea para todo el territorio cercano la instalación del almacenes nucleares. «El campo y quienes viven de él, tan necesitados de ayuda, recibirían un duro golpe que podría ser definitivo para sus economías y la de la zona», apunta. La proposición no de ley también insta al Gobierno a elaborar un calendario para el cierre de todas las centrales nucleares y valorar el volumen de residuos nucleares generado a gestionar, atendiendo a la seguridad, la protección del medio ambiente y los menores costes económicos.

Piden Ley de Residuos Radiactivos

Por otro lado, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) considera «acertada» la decisión del Gobierno de no proseguir con la tramitación del ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radioactivos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de este tipo de residuos generados por las centrales nucleares. El presidente del ICOG, Manuel Regueiro, ha reiterado la posición que ha mantenido el Colegio desde el inicio, cuando la elección de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento «no tuvo en cuenta debidamente la variable geológica».

«En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos», explica Regueiro, que considera fundamental conocer de antemano una evaluación de riesgos, debiendo descartarse áreas con «riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción». Para garantizar esas condiciones de seguridad, Regueiro opina que quizá no es «suficiente» con el actual marco regulador, por lo que ha planteado la necesidad de sacar adelante una Ley de Residuos Radiactivos que así lo establezca. «Los demás residuos tienen su ley que regula cómo deben gestionarse», apunta.

Asimismo, el Colegio de Geólogos está de acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica en «actualizar» el Plan General de Residuos Radiactivos, que desde 2006 no se ha vuelto a revisar. En líneas generales, Regueiro afirma que «debe abrirse un debate que permita establecer un gran acuerdo de todas las partes, incluyendo a la sociedad civil, para una estrategia de gestión de los residuos radiactivos, la cual no debe olvidarse de buscar una solución final».

En su apuesta por la geoética, el ICOG apunta que deberían mantenerse activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos que, «inexorablemente pasa por el almacenamiento geológico profundo». «Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad», concluye Manuel Regueiro.

Ciudadanos no ve «serio» que el Gobierno paralice el ATC nuclear, respaldado con consenso parlamentario, mientras Equo celebra esta decisión

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Europa Press.- Mientras el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde, ha valorado positivamente la paralización, por parte del Gobierno, de los trámites para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos (ATC), lo que ha considerado el «principio del fin» de este proyecto, desde Ciudadanos han criticado la decisión del Gobierno. Para los naranjas, «no es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados» cuando había un consenso parlamentario en este sentido.

Ciudadanos ve «imprescindible» que España cuente con un ATC «por motivos de seguridad y eficiencia» y «sin perjuicio de una localización que debería elegirse por consenso». «España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo Plan general de Residuos», indicaron. Para Ciudadanos, el país necesita este plan porque las piscinas de residuos de las centrales españolas se están desbordando, y porque enviar los residuos de una sola de estas centrales a Francia cuesta más de 40.000 euros al día.

«El almacenamiento de residuos nucleares es un tema lo suficientemente grave como para que Sánchez se dedique a dinamitar consensos», denuncian los naranjas, para quien el Gobierno «no puede reconocer que no tiene un mix energético cerrado mientras la ministra adelanta cierres de centrales nucleares». «No puede ser que el Congreso instara al Gobierno de Zapatero a poner en marcha el ATC y que luego llegue Sánchez y lo paralice para lograr un titular. El PSOE debe dejar de jugar con las nucleares», ha concluido.

Equo arremete contra el ATC

Por su parte, López de Uralde ha recordado que la aprobación del ATC fue «una decisión mal tomada desde el comienzo» porque la localidad elegida para su ubicación, Villar de Cañas (Cuenca), era la cuarta opción en cuanto a condiciones técnicas. «La decisión de ubicar el almacén en Villar de Cañas fue política, por presiones de María Dolores de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha», ha señalado, para apuntar que, si hubiera sido una decisión técnica, no se hubiera decidido llevar el ATC a un lugar «alejado» de las centrales nucleares. «No era el más adecuado porque se estaba nuclearizando otra región», ha insistido.

Para López de Uralde, los análisis del suelo en el que se iba a construir tampoco eran los más adecuados, según los informes realizados. Además, ha destacado que en Castilla-La Mancha ha habido conflictos entre municipios y la población por la protección del espacio natural de la zona. «El retraso que llevaba era muy notable, debía estar funcionando en 2015 y ni siquiera en 2018 hay visos de que entre en funcionamiento. Esto abre una cuestión muy relevante sobre si realmente hay que dejar de producir residuos radioactivos», ha declarado.

Aún así, cree que estos residuos no supondrán un problema en un futuro próximo si no se construye el ATC. El coportavoz ha explicado que todas las plantas tienen su almacén temporal individual (ATI). «La problemática sería si se alarga la vida de las centrales y no hay espacio para los nuevos residuos. Es ahí donde puede haber conflictos«, concluyó.

El PSOE contra el PP

En lo que respecta al PSOE, se han felicitado por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar los trámites del ATC recordando que fue el PP el que «se empeñó en instalar en Castilla-La Mancha lo que nadie quería, pese a que los informes técnicos lo desaconsejaban». Así se expresó la diputada autonómica socialista Ana Isabel Abengózar.

«Estamos de enhorabuena», indicó Abengózar, que añadió que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, «ha sido sensible con las reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y de García-Page sobre la no idoneidad de ese basurero nuclear» en Castilla-La Mancha. Una infraestructura que «el PP se empeñó en instalar» en la región, demostrando que «es verdad que para ellos lo primero es el partido y después los castellano-manchegos». A su juicio, los populares «nos han tratado como ciudadanos de segunda».

El PP opta por esperar

Por su parte, el diputado autonómico del PP, Carlos Velázquez, ha preferido esperar a ver «en qué se materializa» el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha destacado que las cosas «que están diciendo que van a hacer» desde el Gobierno central «al final no las hacen», siendo el de Pedro Sánchez un Ejecutivo «que está caracterizado por hacer muchos anuncios pero no poder hacer nada con poco más de 80 diputados».

“Buena noticia” para Izquierda Unida

Finalmente, Izquierda Unida de Cuenca ha valorado la suspensión de la tramitación del ATC como una «buena noticia, trabajada durante años por la ciudadanía conquense y castellano-manchega que, por fin, encuentra recompensa al esfuerzo«. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cuenca, Jacobo Medianero, señaló que desde su formación están «contentos porque es una victoria sin duda, un paso muy grande hacia el olvido definitivo de una infraestructura negativa para la zona donde se instale».

Medianero explicó que coincide con la Plataforma contra el ATC, «como no podía ser de otra manera, en que es preciso que se deniegue la autorización previa o de ubicación lo que daría carpetazo final«. «Y es que esta paralización, a pesar de ser un paso hacia el fin del proyecto, no significa de por sí el final definitivo», indicó.

Por otro lado, Medianero cree que el Ministerio debe trabajar ahora «en el cierre paulatino de las centrales nucleares para poder seguir avanzando en el camino de las energías renovables, sostenibles y sin residuos que no sabemos cómo gestionar». Además, ha añadido que ese cierre «es la única opción para saber con seguridad cuantos residuos tenemos y que soluciones existen a su almacenamiento». Medianero ha indicado que, tras registrar una pregunta sobre esta cuestión en el Congreso, esperarán para registrar la Proposición No de Ley que su grupo parlamentario tiene preparada «hasta analizar bien la paralización y ver los siguientes pasos del Gobierno del Estado».

El PP acusa al Gobierno de paralizar el ATC «de tapadillo» y pedirá explicaciones a la ministra en el Congreso

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Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, criticó la decisión «de tapadillo» del Gobierno de paralizar los trámites para la construcción en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) y ha asegurado que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique esta decisión.

Mariscal ha acusado al Ejecutivo de paralizar este proyecto de «manera unilateral» y «sin hablar con el resto de formaciones» cuando, según ha recordado, existe en la Cámara baja una comisión para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en donde, a su juicio, debería haber ido la ministra a informar de esta cuestión. De hecho, ha señalado que Ribera «hurtó al parlamentarismo» esta medida ya que tampoco comentó nada sobre este tema durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso cuando acudió a informar sobre las actuaciones generales de su departamento. Para Mariscal, la ministra escondió estos detalles para que esta paralización se hiciera «de tapadillo» en agosto.

En cuanto a la paralización del ATC, el diputado ha mostrado su preocupación porque desconoce cómo va a garantizar el Ejecutivo la seguridad y la protección radiológica del país sin un almacén así. «Y si la pueden garantizar, me gustaría saber cuáles son las alternativas», ha apuntado. Del mismo modo, alerta del sobrecoste que supondrá que, sin ATC, todas las centrales nucleares tengan que tener su propio Almacén Temporal Individual (ATI) para los residuos nucleares.

«Estamos hablando de una instalación promovida por el PSOE y que contó con el acuerdo casi unánime de ambas Cámaras», ha recordado Mariscal, para señalar que el Ejecutivo socialista ha contravenido ahora el acuerdo parlamentario para tomar una decisión que, a su juicio, «carece de argumentos» y que se toma «por motivos políticos«. El portavoz popular quiso responder, además, a los que rechazaban el ATC por ser contrarios a las centrales nucleares. Para el diputado, el ATC «no tiene relación directa con el futuro o no» de estas plantas, sino con la gestión de residuos.

“Para hacer las cosas bien”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, destacó, sobre la decisión del Ejecutivo central, que es una «gran noticia» y que a partir de este momento se analizará la situación «para hacer las cosas bien». En este sentido, ha señalado que hay que analizar las posibilidades de «presente y futuro de los residuos nucleares«, al tiempo que ha considerado necesario que se cumpla la declaración de impacto medioambiental del proyecto. Asimismo, criticó que la decisión de elegir Villar de Cañas para almacenar residuos nucleares fue «política», algo que tocó «los corazones de los castellano-manchegos», a los que ha reconocido su «tesón» en la voz del presidente regional, Emiliano García-Page.

“Insuficiente” para la plataforma anti-ATC

Por otro lado, la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) ha señalado que la decisión del Gobierno central de suspender la tramitación del ATC «es insuficiente para acabar definitivamente con el proyecto». Según reiteró la plataforma, «los terrenos no son los adecuados, como atestiguan los informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y del Colegio de Geólogos», es por ello que para la plataforma, estos son argumentos suficientes «para dar el carpetazo definitivo al proyecto inmediatamente».

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, debería, a juicio de la plataforma, denegar la «autorización previa o de ubicación», para así «impedir que un nuevo Gobierno salido de las urnas pueda reactivar el almacén nuclear en Villar de Cañas». El Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado al CSN suspender temporalmente la tramitación de la «autorización de construcción» del ATC. Pero «nada ha decidido», sobre la «autorización previa o de emplazamiento, cuyo expediente completo tiene la ministra encima de su mesa y que solo precisa de su firma para acabar definitivamente con el cementerio nuclear de Villar de Cañas», apuntaron desde la plataforma.

Para la plataforma, Ribera tiene «un argumento de peso» para cerrar el proyecto, el voto particular de Cristina Narbona contra el informe favorable al ATC, cuando era consejera del CSN. Este texto, «se podría utilizar para una orden ministerial que diera el carpetazo definitivo al almacén radiactivo«. Para la portavoz de la plataforma, María Andrés, «la ciudadanía movilizada ha dado un paso más hacia la paralización definitiva del cementerio nuclear, demostrando que se pueden cambiar las cosas cuando la población lucha de forma unida». Por ello indicó que están «satisfechos, pero este anuncio no es suficiente, toca seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto».

El Gobierno paraliza los trámites del ATC de residuos nucleares de Villar de Cañas para planificar primero su política energética

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Europa Press.- El Gobierno solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC), proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañas, para «analizar con cierto detalle la situación». El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta decisión a que aún diseña su estrategia energética para la próxima década.

Así se lo ha indicado el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, en una carta remitida el pasado 5 de julio y facilitada por este departamento ministerial. En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, quiere expresar su «deseo» de poder analizar «con cierto detalle la situación«.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. «Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual«, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

Fuentes del CSN han recordado que el organismo aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha. A lo largo del proceso ha habido diversos pronunciamientos de los tribunales en relación a aspectos que facilitaban o entorpecían la construcción del almacén.

Ecologistas exigen el cierre nuclear

Por su parte, las organizaciones ecologistas han aplaudido la decisión del Gobierno y han insistido en que se elabore un plan de cierre de las centrales nucleares. Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, esta decisión del Ejecutivo es una «muy buena noticia». «Nos parece un despropósito esta instalación porque no está resuelto ni está decidido qué va a pasar con los residuos nucleares y cuándo se van a dejar de producir». Además, critica el ATC porque, a su juicio, el emplazamiento elegido era «pésimo desde un punto de vista geológico», lo que ha estado provocando «los retrasos y el tremendo sobrecoste» que estaba teniendo el proyecto.

Aun así, Segura apunta que no vale con paralizar los trámites del ATC, sino que hay que acometer un plan de cierre de las centrales nucleares. En su opinión, el desmantelamiento es «factible» con los actuales Almacenes Temporales Individualizados (ATI) que se están construyendo en cada una de las centrales para depositar los residuos. «En todo caso, habrá que sentarse y ver cuántos residuos se van a producir para ver qué hacer con ellos, esa sería la dinámica ahora», añadió.

Para Greenpeace la decisión del Ministerio es «de sentido común». «El cementerio ni se puede ni se debe construir, y menos con la cantidad de irregularidades que tenía encima, con lo cual la decisión más sensata es paralizarlo y poder evaluar realmente si era necesario o no», afirma el jefe del área de Energía de la ONG, José Luis García.

¿Cuántos residuos más se producirán?

El portavoz apunta que antes de tomar una decisión sobre la construcción de un ATC, es «fundamental» conocer el futuro de las centrales nucleares, cuyo cierre considera «fundamental» pues «no se puede construir un cementerio sin saber cuántos residuos va a albergar y para saber esto hay que saber cuántos se van a producir«. Así, añade que mientras esa decisión no se haya tomado, construir un depósito de residuos sería como «empezar la casa por el tejado», suponiendo que el ATC fuese una solución, «que no lo es» para García.

También Amigos de la Tierra considera «positivo» este anuncio del Gobierno central de paralizar el ATC. Tal y como recuerda la responsable del área de Residuos de la organización, Alodia Pérez, los residuos nucleares solo pueden ser confinados y son «muy peligrosos», es decir, se trata de una «tecnología absurda e ilógica». Pérez insiste en que no se produzcan más residuos, que son generados por las centrales nucleares, mientras que a nivel energético piden un mix basado en energías renovables.

El responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell, no se muestra en contra de que se construya un ATC, pues «en algún lado hay que almacenar esos residuos enormemente peligrosos». Pero sí pide «debate público» para tomar una decisión sobre el tema, pues reclama que, cuando llegue el momento de decidir dónde ubicar un almacén central, haya una evaluación medioambiental sobre su impacto. Al igual que el resto de organizaciones, SEO/BirdLife apoya un cierre programado de las centrales cuando lleguen al final de su vida útil. «Impiden la entrada de las energías renovables, que si se consideran una opción más segura y enormemente menos costosa que la nuclear», agrega.

Castilla-La Mancha pide al Gobierno que retire el recurso contra la protección ambiental que permitiría impedir la construcción del ATC

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la región para paralizar la protección del espacio natural que rodea la laguna del Hito.

Esta petición ha venido de la mano del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que espera que la «sintonía» que ha transmitido el Gobierno central en materia de energías al Gobierno de Castilla-La Mancha, «que apuesta por un modelo renovable y sostenible, contrario a la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares», ayude a la toma de decisión de que «no es necesario» construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares «en ningún lugar», menos en Villar de Cañas (Cuenca).

Dicho esto, el consejero ha avanzado que se van a iniciar los trabajos con el Ministerio en relación a esta cuestión «para intentar llegar a un compromiso que sea positivo para todos«.

«Estamos en proceso de conversaciones» con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha agradecido su «predisposición al diálogo», cosa que «no ocurría» con el anterior Gobierno. «La ministra sabe de la materia y tiene intención de colaborar y ayudar y está dispuesta a trabajar con las comunidades autónomas», ha espetado.

Así, ha confiado en que mientras se producen estas conversaciones y, teniendo en cuenta que ha cambiado el Gobierno en nuestro país, «no se tomen decisiones que puedan ser incluso contrarias a los planteamientos del Gobierno central en este momento». «No parecería lógico», ha avisado tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) toma alguna decisión al respecto mientras se producen esas conversaciones con el Gobierno central.

Monago pide «certezas» a Pedro Sánchez y al presidente extremeño Vara sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press / EFE.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ofrezcan «certezas» a los extremeños, especialmente a los que residen en la comarca de Campo Arañuelo, sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz.

Así lo ha indicado teniendo en cuenta que el PSOE de Pedro Sánchez llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares, por lo que ha preguntado, en caso de llevarse a cabo, si tiene una «alternativa» a la planta de Almaraz para la generación de riqueza y empleo en la zona. «Los municipios del norte de Cáceres necesitan certezas en este tema y conocer la alternativa de Sánchez y Vara, y no valen los casinos», espetó Monago.

«Tiene que haber una planificación de futuro», ha remarcado sobre esta cuestión Monago, que resaltó además que la central ha puesto en marcha recientemente el almacén temporal de residuos nucleares. Asimismo, ha subrayado que el cierre de las nucleares supondrá un incremento del 20% de la factura de la luz, porque las energías verdes «no están produciendo las 24 horas y las aventuras del socialismo ecologista tienen su repercusión en el recibo«. Monago se refirió a este asunto en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde cuestionó qué está haciendo el presidente de la Junta sobre el futuro de la comarca ante el «horizonte negro» que se le avecina a las nucleares con el nuevo Gobierno.

En este sentido, ha recordado que el PP planteó un plan de regeneración, que superaba los 90 millones de euros, que se recaudan a través del impuesto de instalaciones que incidan en el Medio Ambiente. También ha apuntado que el PP presentó enmiendas a los últimos presupuestos por valor de 2,5 millones de euros «pero el PSOE y Podemos las rechazaron», ha criticado. «Caminamos hacia el cierre de la central nuclear que genera bienestar en la zona y no hay un plan alternativo», ha añadido.

La Junta de Castilla-La Mancha y las organizaciones ecologistas insisten en su «oposición y rechazo» al ATC de residuos nucleares

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha y las asociaciones ecologistas SEO/Birdlife, WWF-España y Ecologistas en Acción han mostrado su «oposición y rechazo» a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio conquense de Villar de Cañas.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha mantenido un encuentro con representantes del medio ambiente para tratar cuestiones relacionadas con este ámbito y donde se ha abordado la infraestructura nuclear, según indicó la Junta.

Así, les ha mostrado la posición contraria por parte del Ejecutivo autonómico a la construcción de este «basurero». Un encuentro donde, según el consejero, estas asociaciones ecologistas han transmitido «el apoyo sin matices, contundente y rotundo a la posición que está manifestando el Gobierno de Castilla La Mancha».

Martínez Arroyo ha destacado que este «respaldo» es «muy relevante», ya que «incorpora al movimiento social a la demanda de protección ambiental del espacio», siendo «el compromiso de los que representan a aquellos ciudadanos que están preocupados por el medio ambiente y buscan un modelo coincidente con el de Castilla-La Mancha de energías renovables y sostenibles».

Más de 300 personas secundan la 9ª marcha a Villar de Cañas contra la instalación del ATC de residuos nucleares

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Europa Press.- Más de 300 personas secundaron la 9ª Marcha a Villar de Cañas convocada por la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca que, bajo el lema Ni en tu pueblo, ni en el mío. No al cementerio nuclear, llegó a este municipio conquense después de atravesar los terrenos en los que se construirá el silo.

Así lo explicó la portavoz de la plataforma, María Andrés, quien resaltó que, un año más, «mucha gente del pueblo, que nunca ha querido el ATC», les han recibido a la entrada de Villar de Cañas, acompañándoles hasta la Plaza del Ejido, donde Andrés ha leído un manifiesto en el que ha recordado que se trata de un proyecto ante el que «nadie nos ha preguntado, decidiendo sobre un tipo de gestión de residuos que nadie nos preguntó si queríamos por las consecuencias que tenía».

En su alocución, la portavoz indicó que este año «toca ponernos las pilas» dado que, ha subrayado, el Gobierno de Mariano Rajoy «quiere seguir adelante con el proyecto», por lo que va a «encontrar de frente» a este colectivo. «Entendemos que la única razón para seguir adelante con el proyecto está relacionada con las redes clientelares», aseveró Andrés, al tiempo que ha puntualizado que la plataforma lo ha denunciado en varias ocasiones ante la Fiscalía Anticorrupción «y lo seguirá haciendo».

“Beneficia al marido de Cospedal”

A este respecto, ha insistido en que la designación de esta localidad conquense para albergar el ATC «se hizo de manera oscura, en un pleno en donde no constaba en el orden del día» y se decidió en Consejo de Ministros «por una decisión política», ya que, ha alegado, los terrenos en donde se pretende construir «tienen problemas geológicos reconocidos por los propios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear«. Asimismo, a su juicio, la gestión económica del proyecto ha ido «totalmente ligada a que haya cierta gente que salga beneficiada», citando a María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro que, denuncia, «se han llevado 36 millones ya y suma y sigue«.

Tras sostener que existen «muchísimas razones para seguir insistiendo», ha advertido de que la plataforma «lo seguirá haciendo hasta que se consiga pararlo«: la siguiente cita será en junio en Salamanca. Finalmente, Andrés ha lamentado que la 10ª marcha pueda coincidir con el inicio de la construcción del ATC, en referencia a la posibilidad de que en enero «se pudiesen tener permisos ya para empezar a trabajar«. «Esperemos que haya más palos en las ruedas en medio y sigamos haciendo otras marchas sin que se haya movido tierra», ha concluido.