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Podemos pide que Montoro y el exministro Soria expliquen en el Congreso sus contactos con las eléctricas y con Abengoa

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Europa Press.- Podemos ha pedido las comparecencias del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y del exministro de Energía, José Manuel Soria, en el Congreso para que expliquen las noticias aparecidas en relación a posibles presiones recibidas por empresas eléctricas y para beneficiar a Abengoa.

Podemos ha solicitado que Montoro comparezca en la Comisión de Hacienda y Soria en la Comisión de Energía, al tiempo que también ha pedido que acuda a esta última comisión el exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen. En el mismo sentido, ERC también solicitó la comparecencia de Soria para que informe si recibió presiones de las compañías eléctricas así como del ministro Montoro para beneficiar a Abengoa. ERC, además, exige que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acuda al Congreso a explicar la multa por la no construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos ha registrado varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito si Hacienda le ha informado privadamente en alguna ocasión sobre la situación de algún contribuyente, como pudieran ser el caso de algunos familiares de Soria. Asimismo, sobre la autorización del Gobierno para que las compañías eléctricas refacturen de una sola vez las tarifas. Al respecto, Podemos pregunta si el Ejecutivo es consciente de que este sistema puede provocar aumentos de más del 50% en la factura de los consumidores más vulnerables.

La CECU cita el déficit de tarifa y la subida de la parte fija entre los «grandes errores» del sector

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Europa Press.- La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha publicado una lista con los «grandes errores de los gobiernos en el sector eléctrico», entre los que cita el déficit de tarifa de 30.000 millones de euros o la subida del término de potencia. Estos errores, cometidos por «los diferentes Gobiernos de diverso signo político» en los últimos años han contribuido a que los usuarios «acaben pagando una de las energías más caras de Europa«, por lo que es necesario «exigir responsabilidades».

Otros “errores” serían el incremento del IVA al 21% y los problemas con la fijación del precio de la energía que se apreciaron primero en las «opacas» subastas para la fijación de la TUR y, posteriormente, en el nuevo PVPC, en el que el precio se calcula por horas y que todavía genera «dudas». CECU también ve un error en la supresión de la tarifa nocturna, en las reclamaciones de las renovables tras los recortes retributivos sufridos, en la «imposible» comparación de tarifas y en las malas decisiones de los Gobiernos, que acaban en sentencias del Tribunal Supremo y refacturaciones.

Podemos pide librar a los hogares vulnerables de la refacturación de la tarifa regulada para corregir el margen de comercialización

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Europa Press.- Podemos En Comú criticó que el Gobierno haya autorizado a las compañías eléctricas la refacturación en un solo recibo de las tarifas que, a lo largo de tres años, se aplicaron erróneamente porque el Gobierno no calculó correctamente el coste de la comercialización de la energía eléctrica de la tarifa semirregulada (PVPC), y pide fraccionar el pago y que se exima a los hogares vulnerables.

La refacturación se sustenta en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que se obliga al Gobierno a elaborar una nueva metodología para calcular el margen de comercialización del PVPC. A partir de ello, el Gobierno aprobó un modelo de comunicación que las compañías deben remitir a los usuarios para informarles de los motivos del reajuste en el cobro en el que, lamenta Podemos, «les ha dado libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o en uno solo».

Por todo esto, la formación catalana, a través de su portavoz de Energía en el Congreso, Josep Vendrell, registró en la Cámara Baja una batería de preguntas para comprobar si el Gobierno conoce los efectos de cargar en una sola factura esta desviación en el cálculo de la factura y para saber las razones por las que el Ejecutivo no excluyó de esta decisión a los beneficiarios del bono social.

Para Vendrell, esta decisión «refleja una nula sensibilidad con aquellos consumidores que atraviesan una grave situación económica y que habitualmente ya tienen dificultades para hacer frente a los recibos». «Ni siquiera se han tenido en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les estaría aplicando íntegramente», lamenta el diputado catalán.

La refacturación del recibo eléctrico medio será de 5,67 euros tras la sentencia del Supremo sobre el margen de comercialización

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Europa Press / EFE.- La refacturación del recibo de la luz que aplicarán las compañías eléctricas encargadas de suministrar la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el objetivo de cubrir el margen de comercialización no imputado en los últimos años será de 5,67 euros para un hogar medio, según indicaron fuentes de Endesa, para así regularizar los cobros después del cambio en los márgenes de comercialización.

Esta refacturación, aprobada por el Gobierno en un decreto con el objeto de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en contra de decisiones regulatorias del propio Ejecutivo, ha de aplicarse hasta el 30 de septiembre y las comercializadoras tienen la opción de hacerlo de una vez o en varios recibos. En el caso de Endesa, el proceso se realizará en una sola factura y el importe medio que se regularizará será de 2,2 euros por cliente, aunque la dispersión es amplia. Para una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 3.000 kilovatio hora (kWh) al año, la regularización total, que abarca casi tres años, será de 5,67 euros.

Otras fuentes del sector eléctrico explican que no todos los usuarios verán incrementada la factura y que con consumos pequeños saldrá a devolver. La nueva metodología, en contra de lo que ocurría con el sistema anterior, tiene en cuenta el consumo realizado. La refacturación es fruto de varias sentencias del Supremo en las que se considera insuficiente el margen de comercialización que desde 2014 el Gobierno reconoció a las eléctricas encargadas de suministrar el PVPC. Desde 2014, este margen se vinculaba únicamente a la parte fija del recibo y ascendía a 4 euros anuales por kilovatio contratado. El Supremo falló que este importe es insuficiente para cubrir los costes de comercialización y obligó al Gobierno a fijar una nueva metodología.

Tras las resoluciones judiciales, el Gobierno publicó un real decreto en el que fija el margen de comercialización en 3,11 euros al año por kilovatio contratado, más una parte que varía en función del consumo realizado. Esta revisión implica a efectos prácticos un aumento del recibo medio final de apenas el 0,02%, aproximadamente 0,25 euros al año. La norma también recoge una refacturación para repercutir al cliente las cantidades no cobradas desde 2014, que es de donde proceden los 5,67 euros que ahora deberá pagar el hogar medio. En todo caso, si el cliente ha tenido un consumo pequeño, es posible que se vea beneficiado con la revisión, al vincularse el importe a la demanda.

La refacturación, que afectará a 13 millones de consumidores, se aplica a los usuarios que durante todo o una parte del periodo comprendido entre abril de 2014 y diciembre de 2016 tuviesen el PVPC, incluidos los consumidores vulnerables acogidos al bono social. Si cambiaron de comercializadora o se dieron de baja, será la empresa que cobró las cantidades en esas fechas la que ahora les pase uno o varios recibos con la regularización. La refacturación vendrá acompañada de una carta explicativa redactada por el Gobierno cuyos términos el Supremo obligó a modificar, al considerar que se daba a entender que la responsabilidad de la misma era de las empresas, cuando en realidad responde a decisiones del Ejecutivo con retribuciones insuficientes.

Denuncian la refacturación de golpe

Por su parte, Facua ha denunciado la autorización del Gobierno a las compañías eléctricas para que cobren, en mayo y de una sola vez, las tarifas que, durante 3 años, se aplicaron “incorrectamente porque el Ministerio de Energía no calculó bien el coste de la comercialización de la electricidad que forma parte de la tarifa regulada”.Una medida que, según advierte Facua, puede llegar a inflar más de un 50% el recibo de la luz en mayo, y que ha propiciado que las eléctricas tengan libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o “de golpe”, como está haciendo Endesa, según apunta la organización, este mes.

Asimismo, Facua lamenta la “nula sensibilidad que han tenido tanto el Gobierno como las compañías con la grave situación económica de multitud de consumidores, ya que tenían de plazo para imponer la refacturación, previo aviso a los usuarios de los motivos del reajuste, hasta el 30 de septiembre y lo cobrarán de una sola vez”.De hecho, critican que ni siquiera se tiene en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les está aplicando íntegramente.

El Supremo obliga a cambiar la carta que explica la refacturación de la luz por dañar a las compañías eléctricas

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Europa Press.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares consistentes en obligar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar la redacción de la carta que las comercializadoras de electricidad deben remitir a los usuarios acerca de la próxima refacturación de la luz al considerar que su redacción implica un «daño reputacional» para las eléctricas.

A finales del 2016, el Gobierno aprobó una revisión del margen que obtienen las comercializadoras de referencia de electricidad por el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Las principales empresas encargadas de ofrecer este suministro regulado son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. En este sentido, Energía obligó a las eléctricas a informar por carta a los consumidores de esta revisión, que se realiza como consecuencia de una sentencia del Supremo favorable a las empresas en la que se concluía que estas últimas no obtenían una retribución suficiente. La revisión conlleva una refacturación cercana a los 8 euros por 2014, 2015 y 2016, así como una subida del recibo de 2 céntimos de euro mensuales.

“Daño reputacional” a las eléctricas

En un auto, el tribunal acepta en parte las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola y ordena modificar la carta informativa que las empresas deben remitir a los consumidores, cuyo modelo aparece recogido en el anexo del real decreto 469/2016. Al abordar el «daño reputacional» que Iberdrola denuncia en el contenido de la carta, el Supremo considera que la empresa «tiene razón», ya que «se presenta tanto a esta Sala como a las sociedades que interpusieron dichos recursos como aparentes responsables de las cantidades suplementarias que tales usuarios hubieren de pagar».

Sin embargo, «lo cierto es que, tal como reclama la recurrente, la responsabilidad de la necesaria regularización deriva de una previa actuación contraria a derecho de la Administración, como declaró esta Sala en las citadas sentencias», afirma el auto. De esta forma, la carta que reciban los consumidores no incluirá referencias a los recursos que interpusieron en su día las eléctricas y se limitará a indicar que «el Gobierno ha aprobado una nueva metodología para determinar la cuantía de los costes de comercialización», así como «una regularización de las cuantías correspondientes para cualquiera de los años 2014, 2015 0 2016″.

Nadal asegura que las compañías eléctricas estarán obligadas a informar sobre las ventajas e inconvenientes de cada cambio de contrato

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que su departamento «aumentará las obligaciones» de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con contratos de electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes), frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades para afrontar los gastos de su factura eléctrica, el ministro señaló que el Gobierno «va a hacer un apunte dentro del decreto del bono social» que obligará a las compañías eléctricas a «informar» a los usuarios que cambien de contrato.

Así, las empresas deberán explicar a las personas interesadas en acogerse a una nueva tarifa «sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados», explicó Nadal. El ministro incidió en «la libertad» de los ciudadanos «a la hora de elegir su tipo de contrato, aunque recordó que para él «el régimen más favorable es el que regula el propio Ministerio: que es el PVPC». «Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga», argumentó Nadal.

Sobre la posibilidad de una subida de la luz en Galicia para pagar el canon eólico, como ha sucedido en Cataluña, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha, el ministro ha señalado que la política del Ministerio «es que los recibos de la luz sean iguales en toda España». Nadal ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en diferentes recibos los impuestos establecidos por las comunidades autónomas en los recibos de la luz durante 2012 y que «ya se ha hecho cumplimiento de esa sentencia». «Sobre esta cuestión no hay nada más, salvo que alguien recurra», ha ahondado el ministro.

En su intervención el ministro ha reivindicado que «la política» de su departamento «es siempre que la electricidad sea lo más barata posible para todos los ciudadanos», pero ha explicado que «si hay una sentencia del Tribunal Supremo hay que cumplirla». «Cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos en el sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario«, concluyó Nadal.

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

El Tribunal Supremo eleva a 10,3 millones lo que debe pagar Red Eléctrica a Endesa por el apagón de 2007

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Europa Press.- Al tiempo que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Endesa en contra de la refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas, el alto tribunal ha aumentado de 8,3 a 10,3 millones la cantidad que debe pagar la compañía Red Eléctrica a Endesa y concluye que las dos empresas fueron corresponsables del incendio de la subestación eléctrica Maragall en Barcelona el 23 de julio de 2007, que originó un gran apagón.

Así lo estableció el alto tribunal después de la estimación parcial de un recurso presentado por Endesa contra una sentencia de la Audiencia de Barcelona, dentro del litigio que mantenían desde hacía años las dos compañías eléctricas por el incidente que afectó a unos 320.000 afectados. El apagón se debió a la caída de un cable de 110.000 kilovoltios en la subestación de Collblanc, que se desplomó sobre el parque de transporte de REE de 220 kilovoltios y, como consecuencia, se perdió tensión en las subestaciones de Urgell y Maragall.

Recurso contra la refacturación territorial

Por otro lado, se admitió a trámite el recurso que la compañía eléctrica planteó en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas. En un anuncio publicado en el BOE, el Supremo concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017, o 0,489 euros al mes, para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La Junta de Castilla-La Mancha desatiende su responsabilidad criticando la «mala gestión» del Gobierno ante la refacturación de la luz

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EFE.- La consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, criticó la «mala gestión» del Gobierno central que ha provocado que los castellanomanchegos tengan que pagar 5,86 euros en 2017 o 0,489 euros mensuales en su factura de luz para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

Franco se ha pronunciado así sobre la orden que prepara el Ministerio de Energía para que las comercializadoras refacturen la energía eléctrica consumida en 2013 por los clientes de Castilla-La Mancha, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña a fin de incluir los gravámenes impuestos por estas comunidades. Con esta orden ministerial, actualmente en tramitación, el departamento que encabeza Álvaro Nadal cumple los requerimientos del Tribunal Supremo, que ha determinado que los consumidores de cada comunidad autónoma deben costear los tributos que graven la tarifa eléctrica.

«No estamos de acuerdo en cómo se ha actuado en este tema por parte del Gobierno de la nación», ha afirmado la consejera, quien ha reconocido que «a la sociedad le enfada ser paganini de esta historia por la mala gestión por parte del Gobierno central». Ha argumentado que «fue un decreto que puso en marcha Rajoy en 2012 por el que había que equiparar de alguna forma en la facturación eléctrica las medidas tributarias en diferentes comunidades autónomas». Franco explicó que lo que se produjo en 2013 fue «un arrastre del reparto de 2012 sin equipararlo a la situación de 2013» y las eléctricas recurrieron ante el Tribunal Supremo «porque no estaban de acuerdo».

«Hay que preguntar a Rajoy, al Ministerio, quizá no lo hicieran en su día porque eso gravaba y repercutía en las personas que son los paganinis de una mala gestión del Ministerio en aquel momento», ha aseverado Franco. Con ello, ha recalcado que no son la administración competente en esta materia y «lo que sí hacen las administraciones autonómicas, Castilla-La Mancha entre otras, es gravar con tributos a las empresas energéticas para que el impacto medioambiental de las actividades que desarrollan sea el menor posible».