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El consumo eléctrico de las grandes empresas bajó un 0,9% en 2016

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Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en España, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 0,9% durante 2016, según el Índice Red Eléctrica (IRE). Por sectores, los consumos de la industria y de los servicios descendieron un 1,1% cada uno. De las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia aumentó un 3,1%, la industria química un 0,4%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 4,9%, la industria alimentaria un 1,1% y la papelera un 0,8%.

En términos brutos, el consumo eléctrico de las grandes empresas españolas cayó un 0,8% en 2016, rompiendo así una tendencia de dos años consecutivos de crecimiento. Asimismo, se refleja una caída de la demanda en el sector servicios, del 0,9%, mientras que en el industrial descendió un 1%. Mirando sólo al consumo de diciembre, bajó un 0,8% en datos brutos, con un descenso del 0,6% en servicios y estable en la industria, mientras que se mantuvo plano en términos corregidos

Desglosado por sectores, el consumo industrial aumentó un 1,3% y el de los servicios bajó un 1,2%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas. Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en diciembre fueron la metalurgia con un aumento del 3,1%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,9%), la fabricación de productos de caucho y plásticos (6,6%), la fabricación de material y equipo eléctrico (20,4%) y la fabricación de productos metálicos (9,6%).

Este índice facilita información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 47% de la demanda total. Las medidas se recogen en 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas. La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica nacional.

La agencia Apnum de Canarias abre expediente por los caminos abiertos para instalar torretas de alta tensión en Fuerteventura

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EFE.- La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha abierto un expediente informativo que permitirá averiguar si la compañía Red Eléctrica de España (REE) ha abierto nuevos caminos en el municipio de Antigua (Fuerteventura) para instalar torretas de alta tensión. El Cabildo de Fuerteventura trasladó recientemente un escrito a la agencia para que «de manera urgente inicien los expedientes sancionadores precisos ante la falta de autorización a REE para abrir nuevas pistas o caminos».

En este sentido, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, también se ha comprometido a estudiar el cumplimiento del proyecto de instalación de la línea de alta tensión en Fuerteventura para comprobar si Red Eléctrica se ajustó a la autorización. El Cabildo de Fuerteventura ha requerido la anulación de la declaración de impacto ambiental por considerar que «se ha tratado de burlar la normativa».

La Institución insular ha reclamado al Gobierno regional que paralice de inmediato los trabajos de instalación de torretas de alta tensión que REE acomete en el municipio de Antigua «por el daño irreversible que está provocando en el medio natural y paisaje» y «para que se clarifiquen las denuncias» presentadas por agentes de Medio Ambiente y de la Policía Local de Antigua. Además, el Cabildo majorero presentó hace más de un año un contencioso administrativo contra este proyecto de trazado de línea de alta tensión.

El Tribunal Supremo avala que los ayuntamientos graven tendidos eléctricos y de gas por el uso del dominio público local

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha aceptado que los ayuntamientos puedan catalogar como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas de cara al cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público local. En concreto, el tribunal rechazó los recursos interpuestos por Red Eléctrica de España (REE), Unión Fenosa y Gas Galicia en los que se denunciaban estas prácticas que provocan, desde su punto de vista, un incremento «no justificado» de los gravámenes.

En cinco sentencias dictadas en los últimos días, el Supremo avala las ordenanzas fiscales de 2014 de los ayuntamientos de Arteixo (La Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora), que establecían la regulación y las tarifas de la «tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos».

Las tarifas de esta tasa se calculan a partir de un estudio técnico sobre la base de un informe tipo elaborado para la Federación Española de Municipios y Provincias. El valor del inmueble es el resultado de sumar el valor catastral del suelo con construcciones al valor de las instalaciones. La base imponible se obtiene tras multiplicar ese valor del inmueble al coeficiente de relación con el mercado y la ocupación en metro cuadrado que corresponde a cada metro lineal.

El Supremo, en contra de la posición de las empresas, considera que la ordenanza no vulnera los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece que el importe de estas tasas se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicho aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público.

El alto tribunal recuerda que «al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan». Así “son admisibles todos los métodos que, cualquiera que sea el camino seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo», señala.

La sentencia añade que la aplicación del coeficiente de relación con el mercado está justificada en la medida en que se trata de cumplir el mandato legal de que el valor catastral no supere al de mercado. «No compartimos la perplejidad de la recurrente ante la eventualidad de que el valor de la utilidad pueda ser superior al catastral del suelo por el que discurren las líneas, porque no se trata de gravar un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo», señala. Las sentencias cuentan con votos particulares de tres de los siete magistrados que las han dictado, que consideran que debieron estimarse los recursos de las empresas.

La demanda de electricidad aumenta un 0,7% en 2016 y la nuclear se mantiene como primera fuente de generación

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Europa Press / Servimedia.- La demanda peninsular estimada de electricidad ascendió a 249.499 gigavatios hora (GWh) en 2016, lo que supone un incremento del 0,7% con respecto a 2015, según datos de Red Eléctrica de España (REE). La tecnología que más aportó a lo largo del año en la cobertura de esta demanda fue de nuevo la nuclear, con un 22,9%, por delante del 19,3% de la eólica, el 14,6% de la hidráulica, el 14,3% del carbón y el 10,5% de los ciclos combinados.

Eso sí, una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda de energía eléctrica no ha variado en relación con 2015. Por su parte, en diciembre la demanda peninsular de electricidad se estimó en 20.711 GWh, un 2% más que la registrada en diciembre del año anterior, aunque con el efecto del calendario experimenta un descenso del 2% con respecto a 2015.

La producción de origen eólico en diciembre alcanzó los 2.658 GWh, un 22,2% inferior a la del mismo mes del año pasado, y superó el 13,3% de la producción total. En todo caso, la principal tecnología del mes fue el carbón, con un 24% del total, por delante de la nuclear y de los ciclos combinados de gas, que aportaron el 20% y el 16%, respectivamente. En el mes de diciembre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 26,3% de la producción.

El sistema eléctrico ingresará 129,3 millones de euros en 2017 gracias a las interconexiones internacionales

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Europa Press.- El sistema eléctrico obtendrá 129,3 millones de euros en 2017 gracias a los ingresos recibidos por la gestión de las interconexiones internacionales y por los peajes cobrados por el uso de estas infraestructuras. Esta cifra aparece recogida en el borrador de orden ministerial de peajes eléctricos de enero elaborada por el Ministerio de Energía. La cifra de 2017 es un 11% inferior a las últimas previsiones de ingresos recabadas para 2016, consistente en una partida de 146 millones de euros.

Esta cifra de 130 millones de euros anuales es además muy similar a la que el sistema prevé obtener en 2017 mediante el cobro en el ámbito nacional de peajes a los generadores. Energía indica en el borrador de orden ministerial que la cifra de 2017 es una estimación obtenida a partir de la información remitida por el operador del sistema eléctrico, por Red Eléctrica de España (REE). España dispone de interconexiones eléctricas internacionales con Francia, Portugal y Marruecos. En el primer caso, la capacidad de interconexión alcanza un máximo de 3.150 megavatios (MW), frente a 2.100 MW con Portugal y 400 MW con Marruecos.

Red Eléctrica pagará un dividendo de 0,2382 euros el 5 de enero

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EFE.- El consejo de administración de Red Eléctrica ha aprobado hoy el pago a cuenta de los resultados de 2016 de un dividendo bruto por acción de 0,2382 euros el próximo 5 de enero, ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para hacer frente a esta remuneración a sus accionistas, Red Eléctrica deberá desembolsar unos 30,9 millones de euros.

Red Eléctrica de España ganó 471,3 millones de euros entre enero y septiembre, un 5% más que en el mismo periodo de 2015.

España y Francia adjudican el intercambio eléctrico para 2017 por 57 millones

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) y su homólogo francés Réseau de Transport d’Électricité (RTE) han asignado la capacidad de intercambio de electricidad para 2017, una operación que genera unos ingresos por valor de 57,3 millones de euros.

Este importe es un 26,6% inferior a los 78,8 millones de euros correspondientes a la adjudicación de la capacidad de intercambio eléctrico entre ambos países para el ejercicio 2016.

La mitad de estos ingresos generados para el próximo año, 28,6 millones de euros y que corresponden a España, se destina a la reducción de los costes regulados del sistema eléctrico español, según ha señalado REE en un comunicado.

En el sentido España-Francia, se ofrecieron y asignaron 700 megavatios (MW), estableciéndose un precio resultante de 2,46 euros/MW y obteniendo capacidad 15 de los 38 agentes participantes.

Por su parte, en el sentido Francia-España, se ofrecieron 700 MW y se asignaron 699 MW, con un precio resultante de 8,10 euros/MW, habiendo obtenido capacidad 12 de los 34 agentes participantes.

El número de participantes en esta subasta anual para 2017 ha duplicado prácticamente la participación registrada en la subasta anual del año anterior.

La subasta para 2017 permite a los agentes acreditados obtener el derecho a utilizar la capacidad de intercambio disponible entre ambos sistemas eléctricos, mediante la presentación de ofertas en todas y cada una de las horas del año.

En 2016, la capacidad horaria de intercambio eléctrico entre España y Francia alcanzó valores de hasta 3.100 MW y 3.500 MW, en la dirección de España a Francia y de Francia a España, respectivamente.

El PSOE cree que extender la financiación del bono social a más empresas, como Red Eléctrica, dará seguridad jurídica

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Redacción / Agencias.- Mientras el sindicato UGT propone sustituir el bono social eléctrico por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta, el PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que sea recurrido con éxito ante los tribunales, según la portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio.

La propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de transporte o distribución. Para Lucio, esta medida sería «más razonable» y «aportaría más seguridad jurídica». «Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley», lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones, añadió.

Cinco Días y El Confidencial adelantaron que el PSOE y Podemos quieren ampliar la financiación del bono social a todas las empresas con actividades en el sector, lo que haría también partícipes a compañías como Red Eléctrica de España, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas, pero no otras empresas. Así, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.

A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Podemos el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención. Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), estimados en más de 3.500 millones de euros, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa. Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad y gas, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

UGT propone tarifa social reducida

Por su parte, el sindicato UGT instó al Gobierno a sustituir el bono social eléctrico, el descuento del 25% al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta. UGT considera que el bono social, al que se acogen unos 2,4 millones de hogares en nuestro país, no protege realmente a los que más lo necesitan y ha reclamado al Ejecutivo que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas “para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas”. El sindicato también solicita el establecimiento de un IVA “súper reducido” para todos los bienes y servicios vinculados a la energía.

Según UGT, desde 2011, los recibos de los suministros se incrementaron muy por encima de la inflación, la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%, lo que supone que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder afrontar los recibos. UGT recordó que actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 familias con todos sus miembros activos en paro.

El sindicato ha denunciado que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, que rondan los 420 euros y cubren a un 5,61% de la población, «no son suficientes» para cubrir las necesidades más básicas. Asimismo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza, se incrementen las ayudas de emergencia social, tanto en la cobertura de las rentas mínimas como en su cuantía, y que se establezca un sistema de garantía de rentas, ya que es «básico» para acabar con la pobreza.

UGT resaltó que las situaciones de necesidad son propias tanto de personas sin ningún tipo de ingresos como también de aquellas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más «básicas». En este contexto, ha apuntado que es necesario dar una respuesta a las familias que tienen más dificultades para pagar la energía, tanto por la falta de energía como por las tarifas «abusivas» del sector eléctrico. «Las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social», denunció UGT.

La demanda de electricidad aumenta un 3,6% en noviembre

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Europa Press.- La demanda peninsular de energía eléctrica alcanzó en noviembre los 20.584 gigavatios hora (GWh), lo que supone un incremento del 3,6% con respecto al mismo mes del año anterior, según Red Eléctrica de España (REE).

Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda peninsular de energía eléctrica aumentó un 0,8% con respecto al mismo mes de 2015.

En los once primeros meses del año, la demanda peninsular de energía eléctrica ascendió a 228.338 GWh, un 0,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Una vez corregida la influencia del calendario y las temperaturas, la demanda no varió en relación a la registrada en el año anterior.

La producción de origen eólico en noviembre alcanzó los 3.864 GWh, un 4,4% superior a la del mismo mes del año pasado, y ha supuesto el 18,9% de la producción total, frente al 11,7% al que cayó en octubre.

En noviembre, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 30,3% de la producción. El 48,8% de la producción eléctrica de este mes procedió de tecnologías que no emiten CO2.

Por su parte, la tecnología con mayor aportación a la cobertura de la demanda en octubre fue el carbón, con un 21,8%, mientras que la nuclear supuso el 18,5%.

En los diez primeros meses del año, la nuclear se consolida como principal tecnología, con un 23,1% del total, frente al 19,9% de la eólica, el 15,1% de la hidráulica y el 13,4% del carbón.

REE convoca subastas adicionales de interrumpibilidad tras cubrirse lo ofertado sin agotar el presupuesto

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Europa Press.- Red Eléctrica de España (REE) ha convocado subastas adicionales de nuevos bloques de 5 megavatios (MW) dentro del proceso de asignación competitiva del servicio de interrrumpibilidad correspondiente a 2017 para los grandes consumidores de electricidad -retribuciones por disminuir o cesar el consumo eléctrico en caso de emergencia o de saturación del sistema- tras cubrirse lo ofertado sin que se haya agotado el presupuesto previsto, informó el operador.

Así, se han cubierto los 340 bloques de este producto de 5 MW, un total de 1.700 MW, que estaban previsto sin agotar el presupuesto asignado. Esto ha sido debido a que el sistema de subasta de precio descendente aplicado presiona a la baja lo ofertado por las compañías para adjudicarse estos bloques. Estas subastas adicionales tendrán lugar mañana.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital convocó para esta semana estas subastas, en la que también se asignarán 10 bloques del producto de 90 MW (900 MW). En total, se asignarán 2.600 MW de potencia interrumpible.

Cerca de 250 personas en representación de alrededor de 150 empresas de la gran industria con intensivo consumo eléctrico pujan por productos de interrumpibilidad para el año 2017.

Las subastas de interrumpibilidad

Con la reforma energética, el Gobierno creó un sistema de subastas para repartir entre las industrias el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que los grandes consumidores de electricidad reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en el sistema eléctrico.

La primera subasta, celebrada a finales del 2014, generó críticas de varias empresas, especialmente de Alcoa, que amenazó con el despido de trabajadores si no obtenía un precio competitivo para la electricidad.

Industria realizó a los pocos días una nueva puja que mejoró las condiciones para estas empresas, que ahora reclaman la compra de bloques de megavatios de menor tamaño y periodos más largos para el servicio de interrumpibilidad.

Con la reforma energética, el coste para el sistema eléctrico asociado a la interrumpibilidad ha quedado recortado de unos 750 millones de euros a cerca de 550 millones en la actualidad.