¿Arsenio Fernández de Mesa, presidente de Red Eléctrica (REE)? Interesante hipótesis, la expuesta en Cinco Días, al hilo de la polémica de su nombramiento como consejero independiente de la compañía, lo que apareja la posibilidad de que el protagonista llegue a ser su futuro presidente, dado que cumple con todos los requisitos para ello. Sabido es que Fernández de Mesa es amigo del presidente Rajoy, al tiempo que se acrecientan los rumores de sustitución del propio Folgado. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal se limitó a apuntar que es una decisión “empresarial”.
Claro que lo es, en la medida que tener el favor de Moncloa siempre es útil para una compañía. Pero hay más. Cinco Días desnuda todas las características que hacen que REE, operador de transporte y sistema español, mantenga protecciones públicas (incluyendo las limitaciones y pactos parasociales en beneficio de la SEPI y del Gobierno), combinadas con la propiedad privada de su accionariado, como perceptores del dividendo garantizado (incluyendo el 65% de poderosos fondos institucionales), de forma que pueda mantener todos los comportamientos del sector público monopolístico: condicionar la regulación, mantener su retribución y elegir las inversiones que realiza. El hecho es que queda acreditado que REE ha salido indemne de los ajustes retributivos sufridos por el resto del sector.
Con ese halo de fake empresa pública / fake empresa privada, REE, técnicamente magnífica, ha encajado en el amateurismo político energético español, basado en la ideología y el dogma, en el sistema de turnos de los partidos mayoritarios y en la ocupación de su consejo, con sueldos astronómicos e indemnizaciones millonarias, lo que deviene en el silencio socialista. Público, pero privado. Privado, pero público. Tanto es así que ni los podemitas más acérrimos, que ven con simpatía el trampantojo estatalista de empresa pública de los TSO españoles, ni los liberales de Ciudadanos se han dado cuenta de lo poderosos que son y de cómo han logrado frustrar todas las posibles intentonas del regulador principal, el Ministerio, para su separación efectiva.
Alberto Carbajo, exdirector de Operación de Red Eléctrica, ha reaparecido y pide en El País una reforma del mercado eléctrico que acabe con la volatilidad del mismo, haciendo equivalente lo que él señala como papel social del suministro eléctrico al concepto de bien público, decorosamente descrito sin caer en las cartillas de racionamiento para otros bienes de primera necesidad de la población española de tiempos pasados. Una reforma en línea, eso sí, con un modelo retributivo más predecible, como el utilizado para Red Eléctrica según la inversión reconocida y autorizada.
Carbajo impele al Gobierno a que negocie el paquete de invierno de la Comisión Europea (se infiere que no está de acuerdo) e introduce en su artículo de forma elíptica la expresión “retirando del mercado la inversión amortizada” para lograr un modelo de generación “descarbonizado”. Por cierto, ¿Cuál es esta potencia “amortizada”? Y si se efectúan inversiones en la actualización de dicha potencia para seguir operando: ¿deja de estar amortizada? ¿y si dichas tecnologías, a las que se refiere Carbajo son las que, precisamente, no producen emisiones? Y por cierto, ¿ayuda a rebajar los precios contar con esa potencia amortizada operativa dentro de la oferta?
Por otro lado, el diputado Guillermo Mariscal, portavoz popular en la Comisión de Energía, acredita en una entrevista en Vozpópuli que el sector eléctrico español no es un oligopolio a tenor del número de comercializadoras existentes, en un suministro en el que el 53% de los consumidores domésticos está en el mercado libre. Pero es que tampoco lo es en el ámbito de la generación eléctrica, dónde los nuevos entrantes, la integración con el mercado portugués, los operadores renovables y el modelo marginalista permiten que cualquier instalación que oferte en la plataforma electrónica de negociación pueda fijar precios, dependiendo de la coyuntura de cada momento.
Los retroprogresivos, amantes del modelo francés y de su grandeur de empresa cuasiúnica (con 58 reactores nucleares, de los que una decena está actualmente en proceso de revisión técnica), viven en sus propias contradicciones al acusar al modelo español de oligopolístico, con la ingente cantidad de operadores de comercialización y de generación existentes en nuestro país. También podría hablarse de la preponderancia nuclear francesa, que chocaría con este modelo ideológico profundamente antinuclear, y de las posibilidades del comercio exterior de energía al que, por cierto, también se oponen. Lástima que estas declaraciones sean las de un representante político del partido gobernante, ante el que opondrán prejuicios, lugares comunes y creencias, como sustitutos de los hechos.
